Uno de los apartes más intrigantes de la entrevista que dio el jueves el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la periodista gringa Megyn Kelly es en el que decía: “Colombia firmó un acuerdo que decía: ‘Sí, envíennos estos aviones’, y luego, a mitad del vuelo, lo rompieron. Así que les dijimos: ‘nosotros volamos esos aviones y tuvimos que traerlos de vuelta a EE.UU., así que ahora ustedes van a venir a recogerlos (a los deportados)’. ¿Por qué vamos a pagar por esos vuelos que ustedes cancelaron?”. Eso querría decir que cuando el Gobierno envió el avión de la FAC a recoger a los deportados, y dijo que era por “dignidad”, fue más bien porque Estados Unidos los obligó como parte del trato para levantar las sanciones que impuso ese domingo Trump. La FAC solo mandó dos aviones (que costaron $2.200 millones) y luego llegaron otros aviones comerciales de Estados Unidos con deportados.
La insólita marcha de las tarifas
La marcha de protesta contra las tarifas de servicios públicos en la que se puso a la cabeza Gustavo Petro ha despertado todo tipo de comentarios. Pero tal vez uno de los más elocuentes fue el de la Liga Nacional de Usuarios de la Costa que lleva 20 años protestando contra las altas tarifas de energía, que palabras más palabras menos dijo que esa marcha era trucha. “Se tiene como una de las consignas de la marcha exigir rebajas a las tarifas de energía cuando es el Gobierno Nacional el responsable de no cumplir con la rebaja de las mismas”, dijo en un comunicado la Liga, que lidera Norman Alarcón.
¿Los liberales entregarán sus cuotas?
Esta semana se conoció que el Partido Liberal saldrá de la coalición de Gobierno oficialmente hacia la independencia. La pregunta es si en esa línea entregarán las cuotas que tienen en varias entidades como la Previsora, Positiva Seguros, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Findeter, el IPSE, y el Fondo Nacional del Ahorro. Los movimientos de congresistas alrededor de esas entidades es muy evidente. Fuentes han advertido a EL COLOMBIANO desde hace varios meses del poder de los representantes y senadores en esas instituciones encargadas de varias tareas importantes para el Estado. El problema es que, como está visto, el Gobierno podría decidir dejar en manos de los liberales disidentes algunas de estas entidades porque necesita los votos de los congresistas para la agenda de reformas del primer semestre, que es abundante. ¿Y eso no es corrupción?
Debate de la pensional está para alquilar balcón en la Corte
En los próximos días, o semanas, tendrá que definirse en la Corte Constitucional si la demanda de inconstitucionalidad que interpuso la senadora Paloma Valencia contra la reforma pensional tumba la reforma, hace que se regrese al Congreso para “subsanar errores” o definitivamente no toca los planes del Gobierno. Ese último es el escenario menos probable porque la ponencia está en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez que desde hace varios meses ha denunciado una supuesta persecución y seguimientos, sin que se sepa de quién. En todo caso, Ibáñez tendría una ponencia contraria a los intereses del Gobierno porque es claro que en el último debate de la pensional los representantes no pudieron hacer proposiciones ni debatir artículo a artículo, sino que aceptaron el texto del Senado sin el debate. Lo que ocurra será de balcón y además porque ya está próximo a llegar el magistrado Polo.
¿Qué pasa en la supervigilancia?
Resulta que en la Superintendencia de Vigilancia hay un problema en el sistema digital que está retrasando varios de los trámites necesarios para que las empresas del sector puedan tener autorizaciones urgentes. Por ejemplo, la entidad ha demorado meses, y hasta un año, en dar el visto bueno para que algunos carros puedan ser blindados y, los que están viejos, salgan de circulación. Esto podría poner en riesgo la seguridad de algunos protegidos. ¿Hubo ataques cibernéticos?
