Los directivos de la EPS Sanitas le pidieron una reunión urgente a la Procuraduría para explicarle supuestas irregularidades en el trámite de la intervención forzosa.
El representante legal de la EPS Sanitas, Juan Pablo Curra Tavera, le envió una carta a la procuradora general, Margarita Cabello, solicitándole una reunión urgente para explicarle “la actuación del ente de control, la cual ha sido desproporcionada, discriminatoria, arbitraria y sugiere una posible expropiación”, dice el documento.
Curra Tavera solicitó la intervención oficial a la Procuraduría por considerar que hubo irregularidades en la toma de posesión por parte de la Superintendencia de Salud. “Así mismo, solicitamos se inicien por parte de su entidad las investigaciones disciplinarias a que haya lugar y las demás actuaciones encaminadas a evitar la afectación del derecho fundamental a la salud de los 5.9 millones de afiliados a EPS Sanitas”, se lee en el texto.
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La carta, dirigida a la procuradora Margarita Cabello, le pide un espacio para contarle en detalle su versión de los argumentos de la Superintendencia para ordenar la intervención forzosa administrativa por un año. La entidad aseguró que Sanitas contaba con deudas de dos billones de pesos para diciembre de 2023 y tuvo 185.000 reclamaciones durante ese mismo año, con una incidencia de 15.000 quejas para los primeros meses de 2024.
Especialmente por esas razones, y por no cumplir con las condiciones necesarias de habilitación financiera, la Superintendencia ordenó la intervención a pesar de que no existía una medida de vigilancia especial, que es lo que suele ocurrir antes de una intervención a una aseguradora.
Ese fue por ejemplo el caso de la EPS Medimás, que estuvo bajo esa figura, durante meses, hasta que el Gobierno anterior decidió intervenirla para después liquidarla y distribuir los afiliados en otras EPS del país. Sanitas tiene alrededor de 6 millones de personas en sus redes, tanto en régimen contributivo como en el subsidiado.
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La tarde de este miércoles se conoció que la Nueva EPS también pasó a ser intervenida por la Superintendencia de Salud, a pesar de que el Gobierno logró tomar el control de esa aseguradora, con más de 10 millones de afiliados, luego de una puja con las cajas de compensación que tienen la mitad de la propiedad de la EPS. A su dirección llegó Aldo Cadena, cercano al mandatario, pues trabajó con él cuando este fue alcalde de Bogotá. Sin embargo, a esta EPS también le corresponderá la designación de un agente interventor que tome el control de todas las decisiones financieras, logísticas y de atención a los pacientes, igual que en Sanitas. Una fuente consultada aseguró que para el caso de la Nueva EPS la estrategia sería reemplazar a la junta directiva que no estaba permitiendo tomar decisiones a Cadena.
Hay expertos que aseguran que, si hubo fallas en los procedimientos o en las resoluciones de la Superintendencia, estas medidas podrían ser demandadas ante tribunales administrativos. Pero el otro camino es que la Procuraduría evidencia irregularidades disciplinarias por parte del superintendente Luis Carlos Leal, y lo suspenda del cargo en un escenario similar al que ocurrió con el canciller Álvaro Leyva, que todavía se encuentra fuera de la cartera y con pocas opciones para regresar.
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La procuradora atenderá al representante legal de la EPS en las próximas horas.
