El gobierno del presidente Gustavo Petro intervino a la segunda EPS más grande del país. Los bienes de Sanitas, con casi 6 millones de afiliados entre el régimen contributivo (4,3 millones) y el subsidiado (1.4 millones), ya fueron tomados por la Superintendencia de Salud, que tendrá poder absoluto durante un año, aunque la medida puede ser prorrogable.
Con este movimiento, el Gobierno consolida alrededor de 24 millones de afiliados al sistema de salud que están bajo su control, pues la última toma fue la de la Nueva EPS, en donde, a partir de amenazas vedadas, impuso a Aldo Cadena como presidente de la entidad, expulsando al reconocido técnico José Fernando Cardona que llevaba 14 años al frente de la EPS.
La intervención forzosa administrativa se dio por ausencia de “condiciones de habilitación financiera” e incumplimientos en las reservas técnicas, de acuerdo con la declaración de menos de 4 minutos que dio el superintendente Luis Carlos Leal junto al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, cuando ya se había filtrado la noticia.
“La Superintendencia Nacional de Salud ha tomado los bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas. Esta decisión se basa en múltiples razones analizadas al interior del comité de medidas de la Superintendencia (...) La EPS no cumplía con los requerimientos de habilitación financiera, principalmente frente al patrimonio adecuado y a las reservas técnicas de las que tanto se ha hablado. Además, es la EPS que ha liderado un gran número de PQRS que han venido aumentando (...) las deudas que tenía esta EPS con todos los prestadores de servicios de salud venían incrementando, y para diciembre del año pasado cerraron por 2 billones de pesos”, explicó Leal.
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A su paso, tomó el micrófono el ministro Jaramillo para enfatizar que no se dejaría de prestar ningún servicio a los pacientes.
Sanitas es una de las EPS más grandes del sistema de salud y maneja alrededor de 10 billones de pesos debido a su número de afiliados. El sistema le paga unos $1.200.000 anuales por cada persona a la que le presta servicios y eso le hace a su vez tener uno de los presupuestos más altos de las EPS que están vigentes.
La medida correspondería a incongruencias financieras y la falta de garantías de sostenibilidad fiscal en el largo plazo. Hace poco la Superintendencia de Salud abrió una investigación a la aseguradora por problemas en los pagos de medicamentos, luego de una controversia porque la farmacéutica Cruz Verde anunció que no podría dispensarle más medicinas a los pacientes de la EPS. Sanitas contestó quejándose con el Gobierno por deudas atrasadas especialmente en presupuestos máximos, los dineros que destina el Gobierno para enfermedades de alto costo y huérfanas que no están incluidas en el Plan de Beneficios, y por un aumento que, aseguraban, era insuficiente para la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que solo subió de acuerdo con la inflación.
La intervención de Sanitas se venía alertando desde hace meses por varios choques de sus directivos con el Ministerio de Salud, que incluso llamó a ruedas de prensa para enfocarse en las deudas de Sanitas con hospitales y clínicas y exigirle a la EPS la revelación de los estados financieros de manera pública. A su vez, la Corte Constitucional terció y le ordenó al Gobierno hacer los pagos correspondientes a las deudas de un plan de saneamiento del Gobierno Duque conocido como punto final. También le pidió a la cartera adecuar los aumentos de presupuestos a la realidad del sistema, pero eso hasta ahora no ha ocurrido y varias otras EPS se quejan de incumplimientos de pagos del Gobierno en presupuestos máximos.
La noticia causó reacciones de todo tipo en el sector y en la política. El congresista Andrés Forero del Centro Democrático dijo desde el Congreso: “Se rumora que el Gobierno pretende intervenir a Sanitas de forma inminente. Tras la asfixia financiera viene el despojo. No aprendieron de lo ocurrido con las EPS intervenidas, que empeoraron indicadores tras la intervención. Claramente los pacientes no son prioridad”.
De otro lado, los exministros del Gobierno también alertaron sobre lo que consideran que podría ser una crisis sin salida para el sistema. “La inminente destrucción del sistema de salud es una tragedia para Colombia. El sistema de salud ha representado el mayor avance social desde 1991. El revanchismo ideológico del gobierno afectará muchas vidas y podría causar muchos muertos”, escribió Alejandro Gaviria.
El exministro Jose Antonio Ocampo publicó en X en la misma línea: “La respuesta al fracaso de la reforma a la salud, que el gobierno fue incapaz de concertar, no es apoderarse del sistema, primero de la Nueva EPS y ahora de Sanitas. El gobierno es incapaz de manejar el sistema. Se necesita un acuerdo con los agentes de las principales EPS para evitar la crisis total del sistema, que sufriremos todos los colombianos”.
Andrés Vecino, médico y experto en salud pública de la Universidad Johns Hopkins, aseveró: “Con la intervención de Sanitas viene la fuga de afiliados sanos que contribuyen solidariamente con su UPC al manejo de los enfermos. Los hospitales empezarán a negar servicios. ¿Quiénes terminan afectados? Los afiliados enfermos que no pueden trasladarse. El gobierno de la vida”.
Haciendo las cuentas más exactas, en intervención se encuentran hasta ahora Savia Salud, con 1.6 millones de afiliados; Emssanar, con 1.7 ; Asmet Salud, con 1.64; Famisanar, con 2,9; y ahora Sanitas, con 5.7 millones. Junto a estos afiliados está la Nueva EPS con 10 millones y de esa manera el Gobierno consolida 24 millones de personas sobre las cuáles tendrá el futuro de las atenciones y servicios en salud en sus manos.
¿Quién es el interventor?
Tras el anuncio de la intervención, el Gobierno, a través de la Superintendencia de Salud, designará a un agente interventor que se encargará de asumir el control total de la EPS, hoy manejada por el grupo Keralty basado en Colombia. El agente escogido por el Gobierno es Duven Dicson Vargas .
El funcionario viene de ser el interventor especial del hospital Rosario Pumarejo de López, de Valledupar (Cesar). También se desempeñó como subgerente administrativo de los hospitales de Villavicencio y de San José del Guaviare. Todas son instituciones pequeñas si se comparan con una EPS que atiende a casi 6 millones de afiliados.
La decisión de este martes implica, también, la remoción del representante legal, a su junta directiva y a la junta directiva de esta EPS. El gobierno designó a un agente interventor para evitar que Sanitas caiga en un colapso financiero. El interventor Vargas estará acompañado en este nuevo trabajo de una junta asesora que estará representada por los cinco principales acreedores de la EPS Sanitas.
“Esto nos va a permitir tender una comunicación entre las aseguradoras y los agentes prestadores de la salud con el ánimo de proteger el derecho fundamental a la salud”, añadió Leal sobre la junta que acompañará al interventor. Vargas Rojas, por su parte, tendrá un examen el próximo 14 de abril. Fecha en la que deberá rendir cuentas de su gestión como agente interventor del Hospital Rosario Pumarejo de López.
El propio agente destacó al Diario del Cesar que la recuperación en materia financiera, el reconocimiento de la deuda, estabilidad laboral y mejoramiento de la infraestructura como algunos de los logros de su gestión al frente del Hospital Rosario Pumarejo de López.
Las deudas a Cruz Verde
La historia con Sanitas tiene varios capítulos, pero quizás el más grave y más reciente fue el de una controversia pública porque la farmacéutica Cruz Verde anunció el año pasado que no podría seguir entregando medicamentos a los pacientes. La deuda era de alrededor de 400.000 millones de pesos por pagos que no habían sido desembolsados debido a una acumulación de facturas vencidas. Esta situación le generó una primera gran investigación a Sanitas por parte de la Superintendencia. Pero la controversia no se detuvo ahí. Luego, la EPS culpó al Gobierno de retrasar los pagos de presupuestos máximos y el bajo aumento de la UPC. El gremio de las EPS en general se ha quejado desde hace varios meses de que en los últimos años hubo un aumento no suficiente de ese valor porque el valor de los servicios sí crecieron en el sector por encima de la inflación.
“Tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a la EPS Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, a la fecha, no ha sido posible su saneamiento”, fue la aseveración de Cruz Verde por el incumplimiento de la EPS.
“Cada mes las atenciones no PBS genera un gasto de 55.000 millones de pesos y aquí es importante decir que, de esa plata, el Estado –a través de presupuestos máximos– solo nos reconoce 32.000 millones de pesos”, respondió Juan Pablo Rueda Sánchez, presidente de Sanitas.
Los usuarios
Aunque el ministro Jaramillo y el superintendente intentaron ser claros con que el Gobierno se encargará a través del nuevo interventor de continuar prestando los servicios, lo cierto es que la noticia de la intervención generó una gran cantidad de preguntas y cuestionamientos sobre el futuro de las atenciones, especialmente para los pacientes que tienen enfermedades como el cáncer u otros tratamientos de alto costo que necesitan desplazamientos y continuidad para no estropear los procesos de recuperación.
“Los usuarios y los prestadores van a poder tener la garantía de que su funcionamiento va a continuar de una manera adecuada”, añadió el superintendente Leal.
Otros de los que se hacen preguntas son los trabajadores de Sanitas, quienes hace semanas cuando inició la división entre el Gobierno y los directivos de la EPS, llamaron a una protesta frente al planetario en el centro de Bogotá para exigir que la aseguradora continuara sin la intervención del Gobierno para que no hubiera riesgo con los empleos creados en el país.
De fondo hay una gran pregunta y es si esta decisión del Gobierno sigue en la línea de que el presidente realice unos cambios estructurales al sistema sin que el Congreso legisle sobre su idea de que las EPS no sigan siendo intermediarias en el sistema. Aún cuando las EPS como Sanitas estén intervenidas por la Superintendencia y eso permita que agentes interventores puedan tomar decisiones sobre activos, bienes y recursos, la ausencia de una ley que modifique el sistema hace que estos cambios no sean estructurales ni para el largo plazo. Un próximo Gobierno podría suspender las medidas de la Superintendencia y regresarle el poder a los privados o hacer nuevas licitaciones por los afiliados, tal como sucedió en el caso de Medimás cuando esta última compañía- que también terminó intervenida por el Gobierno anterior- quiso comprar los usuarios de CafeSalud, quienes habían llegado a esa EPS administrada entonces por el Gobierno como consecuencia del escándalo de Saludcoop, en donde se presume que se pudo haber perdido un billón de pesos.
El caso de Saludcoop es paradójico, porque justamente fue con la intervención del Gobierno que se exacerbaron los casos de corrupción, al punto de que el agente interventor de entonces, Guillermo Grosso, terminó condenado por haber dirigido la contratación de la EPS a empresas cercanas cuando estaba en la cabeza de la prestadora.
Y sin reforma, lo cierto es que el Gobierno puede tener alrededor de 24 millones de pacientes a su cargo, como en efecto sucede hoy, y darle más relevancia a la prevención y la medicina en casa, pero esto no cambia la forma en la que se manejan los recursos de la Adres, que seguirán siendo administrados en riesgo y en aseguramiento por parte de las EPS que hagan bien la tarea.
Tampoco es claro qué pueda pasar con la Corte Constitucional, que ya le ordenó de manera repetitiva al ministro que pague las deudas de los meses faltantes y cumpla con el acuerdo de punto final. ACEMI, el mayor gremio que agrupa a las EPS del país, insiste en que el Gobierno no ha cumplido con el pago de esos faltantes.
En el Congreso todo parecería indicar que la reforma podría hundirse este miércoles 3 de abril, pues los congresistas de oposición lograron que se citara para abrir la votación en la que se dejarán registrados las intenciones de archivo. A pesar de que el ministro Luis Fernando Velasco propuso consolidar una ponencia que reuniera a todos los sectores desde cero, eso no ocurrió y los nueve senadores que hace dos semanas dijeron que votarían para hundir la reforma de Petro se mantuvieron firmes. Tampoco funcionaron hasta ahora las recusaciones.
Finalmente, la otra pregunta es si el Gobierno seguirá adelante con la propuesta del “proceso constituyente” a pesar de que, de acuerdo con varios analistas, el presidente estaría haciendo los cambios de sus modelos propuestos sin la necesidad de la creación o modificación de leyes. Petro ha mencionado las barreras en el sistema de salud como una de las razones para convocar al constituyente -ya no habla de una Asamblea Constituyente- pero al mismo tiempo demuestra que el poder del ejecutivo puede hacer cosas importantes, como intervenir EPS con casi seis millones de afiliados, tomar posesión de sus bienes y empezar a administrar recursos por alrededor de 10 billones de pesos con solo una firma. Mientras que Sanitas entrega la administración, las otras EPS ven desde la distancia.
El tamaño de Sanitas
Sanitas es una de las EPS más grandes del sistema de salud y maneja alrededor de 10 billones de pesos debido a su número de afiliados. El sistema le paga alrededor de 1.200.000 anuales por cada persona a la que le presta servicios y eso la hace a su vez tener uno de los presupuestos más altos de las EPS que están vigentes.
Savia Salud con 1.6 millones de afiliados; Emssanar con 1.7 ; Asmet Salud con 1.64; Famisanar con 2,9; y ahora Sanitas con 5.7 millones. Junto a estos afiliados está la Nueva EPS con 10 millones de afiliados y de esa manera el Gobierno consolida alrededor de 24 millones de personas sobre las cuáles tendrá el futuro de las atenciones y servicios en salud en sus manos.
24
millones de afiliados están hoy en poder del Gobierno Nacional.
