La Procuraduría y la Contraloría General radicaron un proyecto ante el Congreso, con el que se busca castigar con cárcel, sanciones disciplinarias y aciones fisclaes a quienes no “presten los servicios de salud, retrasen la atención, o no cumplan con la gestión debida para proteger la vida y la integridad de los usuarios del sistema”.
En ese orden de ideas, a Juicio de Fernando Carrillo, procurador general, “vamos a ponerle fin al paseo de la muerte que ha sido la regla fundamental para evadir la obligación que tienen las empresas prestadoras de salud”.
Esta propuesta se basa en las alrededor de 200 mil tutelas presentadas en 2017 por la negación de los servicios de salud sustentan la propuesta de los órganos de control, para que el Congreso apruebe acciones disciplinarias, penales y fiscales que cobijen no solo a las EPS e IPS, como prestadoras del servicio, así como a los responsables administrativos de las empresas promotoras de salud.
De igual manea, el hefe del Ministerio Públiuco manifestó que el ánimo de este proyecto, además de terminar con el “rey de burlas en que se convirtió la Ley Estatutaria de Salud”, es el de “garantizar la salud de los colombianos y poner fin a prácticas características, como la negación, la obstrucción el retraso en la prestación de los servicios de salud, sobre todo en los servicios que urgen colectivos de especial protección, casos de hemofilia y enfermedades huérfanas”.
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¿Qué dice la Contraloría?
En la misma lidea y buscando un mismo objetivo, el contralor, Edgardo Maya, calificó como “fundamental el proyecto que eleva a la condición de delito la actuación de los prestadores de servicios de salud cuando no lo hagan oportunamente o en debida forma”.
Resaltó que “están manejando un derecho fundamental de los colombianos y recursos públicos que son los de salud, que subsidiada en gran cuantía por el Estado colombiano”.
Al finalizar, los jefes de los organismos de control señalaron que el texto es una respuesta al clamor de los ciudadanos para que se proteja su derecho a la salud en condiciones dignas y en tiempo real.
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Desde los pacientes
Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente, con sede en Bogotá, sostuvo que reciben la propuesta con satisfacción y esperanza. “Ya era hora de que alguna entidad del Estado ejerciera una posición que ponga fin a la desatención y las demoras en la prestación de los servicios de salud, especialmente los servicios de urgencias”, señaló Castellanos.
Además, manifestó que para nadie es un secreto que “muchos prestadores, promotores y sus agentes implementan prácticas para demorar o negar servicios y entregar tratamientos a los pacientes”.
Agregó que las entidades del Estado deben velar por la efectiva realización de los derechos de los usuarios del sistema e impulsar el desarrollo pleno de la ley Estatutaria de Salud.
Ahora, el proyecto está en manos del Congreso, que será el encargado de darle trámite y responde a las inquietudes de los organismos de control y de los propios pacientes, quienes siguen viendo demoras a la hora de reclamar por un servicio de salud en Colombia.
