La polémica por la implementación de la Ley de Comida Chatarra sigue creciendo. La normativa fue aprobada el 31 de julio de 2021 y le dio un año al Ministerio de Salud para reglamentar un etiquetado frontal que advierta que algunos alimentos tienen cantidades excesivas de nutrientes críticos.
No obstante, todo apunta a que esa cartera ministerial no alcanzará a poner en firme dicha normativa antes del plazo estipulado. Le explicamos cuáles son los puntos álgidos del debate.
La resolución de la discordia
En un primer momento, el Ministerio de Salud argumentó que la ley ya se estaba implementando a través de la Resolución 810, que fue expedida en junio de 2021.
Normalmente, las resoluciones son expedidas después de las leyes, pues son las encargadas de ponerlas en marcha. Por eso algunos opositores del Gobierno dijeron que haber sacado la resolución antes era una “jugadita”.
Entre otras cosas, la ley plantea que todos los alimentos que tengan exceso de nutrientes críticos deben traer un “sello de advertencia, que deberá ser de alto impacto preventivo, claro, visible, legible, de fácil identificación”. Este etiquetado, dice la ley, debe hacerse con la “máxima evidencia científica disponible y libre de conflicto de interés”.
El etiquetado que plantea la Resolución 810 es claro, visible, pero está hecho de forma circular. Aunque parezca simple, el hecho de que sean círculos es clave, pues hay estudios científicos que muestran que los avisos con esta forma no generan tanto impacto como los sellos octogonales, que visualmente llaman más la atención.
La resolución, además, contempla un “sello positivo”, para alimentos que cumplen con algunos criterios nutricionales, algo que tampoco está contemplado en la Ley de Comida Chatarra. Y usa el término “altos” en vez de excesos, algo que dista de la implementación de normas parecidas usadas en otras regiones.
De hecho, este tipo de etiquetado frontal ya se está usando en otros 20 países y ha demostrado efectos en los hábitos de consumo de los ciudadanos.
Las críticas en el Congreso
Mauricio Toro, representante a la Cámara del Partido Alianza Verde, argumentó en un debate de control político que esa resolución no pone en práctica la ley, pues no está construida con la máxima evidencia científica posible, como lo ordena el texto aprobado en el Congreso.
“Lo más grave de todo es que el ministro (Fernando) Ruíz, sin pena alguna anunció que el etiquetado no entrará en vigencia en agosto, sino hasta diciembre; lo cual es totalmente contrario a la Ley de Comida Chatarra. Vamos a analizar qué acciones jurídicas interponer, pero este Gobierno no puede descaradamente desconocer la ley y sus mandatos”, dijo Toro en el Congreso.
Y agregó que “la industria ya ha empezado a implementar el modelo israelí de etiquetado, inducidos por lo que dispone la Resolución 810, lo cual hará incurrir en costos gigantes a cientos de empresas porque tendrán que cambiar el etiquetado de sus productos una vez salgan los resultados de dicho estudio”.
La respuesta del Minsalud
Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, argumentó que no hay evidencia de que este etiquetado frontal reduzca indicadores como la mortalidad por obesidad. No obstante, señaló que la Resolución 810 sí debe ajustarse a los lineamientos de la Ley.
Dijo que la implementación de esa ley se ha demorado porque la pandemia retrasó las evaluaciones técnicas que les pide la norma para determinar cuál es la mejor manera de exigir el etiquetado. Luego, entró en vigencia la Ley de Garantías, que le habría dificultado al Ministerio de Salud celebrar contratos para realizar esos estudios.
La investigación, en todo caso, quedó adjudicada el pasado 27 de mayo a la Universidad de Antioquia. Se espera que el etiquetado quede reglamentado a finales de este año, algo que le corresponderá inevitablemente al próximo Gobierno.
