El 10 de octubre de 2023 se firmó en la UNGRD la orden de Proveeduría SMD-GS-MQ 189 de 2023. La firmó el entonces subdirector general, Víctor Andrés Meza Galván, y era para un contrato simple de adquisición de maquinaria amarilla.
El contratista era Inversiones IRL S.A.S y el contacto que tiene el documento conocido en su totalidad por EL COLOMBIANO es Issa Francisco Rizcala Lozano. El objeto era “el suministro de horas de maquinaria amarilla y volquetas para la respuesta y recuperación para los eventos acaecidos en Riohacha”.
Se solicitaba contratar 7.500 horas de maquinaria, cada una a $ 238.000 para un total con IVA de 2.125 millones de pesos. Este es el contrato que tiene en problemas a la senadora de la Comisión Séptima y del Pacto Histórico, Martha Peralta.
La declaración de Olmedo López a la Fiscalía
Olmedo López le dijo a la Fiscalía que ese contrato fue solicitado directamente por Peralta, quien visitó la UNGRD junto con el contratista Jorge Rizcala Muvdi, papá de Issa Rizcala Lozano, quien aparece como contacto del contrato para Inversiones IRL. De acuerdo con un registro de ingresos que había revelado este periódico, Peralta y Jorge Rizcala aparecen visitando a Olmedo López en septiembre de 2023, un mes antes de la firma de la Proveeduría y ad portas de las elecciones de octubre, en donde casi todos los grupos políticos locales se jugaban el poder de sus regiones. También en La Guajira.
“Terminada la reunión con la senadora, me pidió que contratara a esas personas. Que eso iba a ayudar mucho en su campaña en el proceso en el territorio”, le dijo exdirector de la UNGRD a la Fiscalía. Por esta declaración la Corte Suprema ya abrió una indagación preliminar contra Peralta, que ha sido clave en los debates sobre la reforma laboral y la reforma a la salud en la Comisión Séptima de Senado.
El problema es que, aunque la orden de Proveeduría estaba firmada y los recursos por más de 2.000 millones de pesos habían sido aprobados, la Fiduprevisora no entregó el dinero al contratista. Esta entidad tenía la bolsa de los recursos de la UNGRD. De hecho, los recursos para los carrotanques que sí se pagaron por 48.000 millones y que tienen en el centro de este proceso a López y Sneyder Pinilla se entregaron porque la anterior vicepresidenta de la Fiduprevisora, Daniela Andrade, aprobó los desembolsos.
Dos fuentes de esa institución que pidieron reserva por razones de seguridad le dijeron a EL COLOMBIANO que, ante el freno de los recursos en la UNGRD, la senadora Martha Peralta y los contratistas Rizcala habrían pedido a tomadores de decisiones en la Fiduprevisora que se realizaran los desembolsos. “Nos llamó y nos dijo que ellos estaban esperando esos recursos para el contrato de la UNGRD Y tuvimos que decirle que eso se aprobaba en un Consejo Directivo, que no lo podíamos ordenar”, aseveró la fuente que además afirmó estar dispuesta a ratificar esto ante la Corte Suprema de Justicia.
EL COLOMBIANO confirmó con el director actual de la UNGRD, Carlos Carrillo, que los recursos de ese contrato nunca se entregaron pero sí hubo maniobras para que se realizara el pago.
Los Rizcala son contratistas de Barranquilla que han tenido otros proyectos en el sector público, pero son cercanos a Peralta a través de uno de sus asesores más importantes que es Beto Ibarra. Este último ha hecho política en Riohacha y conoce bien los lazos del poder local en la región.
La senadora se defendió asegurando que se trata de una persecución en su contra por defender los proyectos sociales del Gobierno. “Desde que he defendido las reformas sociales he sido víctima de ataques y persecuciones atroces, que incluso han puesto en riesgo a mi familia”.
Agregó que “están buscando distraer a la opinión pública de los verdaderos responsables. Frente a las controversias defenderé mi inocencia con mis abogados. Mi conducta siempre ha estado enfocada en buscar beneficios para las comunidades”.
Sin embargo, Peralta no explicó por qué estaba visitando al director de la UNGRD junto a un contratista, ni negó las afirmaciones de Olmedo López cuando refirió que el interés era “la campaña”.
El caso del FOMAG y ComfaGuajira
Esto se suma a otro hecho revelado por este diario, en el que el ministro de Salud Guillermo Jaramillo habría pedido que se priorizara contratación en el nuevo modelo del FOMAG hacia una entidad que estaba intervenida por una cuota política de la senadora.
“Pidió que toda la red del Huila y del Tolima (de donde es oriundo) se la entregaran a un excombatiente del M19 llamado Abel Sepúlveda, que tiene una red de clínicas llamada Emcosalud. También pidió que se le hiciera un contrato a ComfaGuajira. “El ministro dijo a algunas personas que había que darle ese contrato a ese prestador para que la reforma pasara en la Comisión”, dijo otra fuente.
La magistrada que quedó a cargo de esta investigación es Cristina Lombana de la Sala de Instrucción, quien ya decidió abrir una investigación formal contra la senadora y en los próximos días estudiará si la llama a indagatoria.
