Si de refranes se trata, el de “soldado advertido no muere en guerra” podría aplicársele al Gobierno Nacional y su manejo al sector salud. Pero en este caso, bien parece que advertir no basta ni tampoco el espejo retrovisor de la historia en este ámbito. Su más reciente experimento con la salud es el cambio de modelo del régimen del magisterio, que pudieron cambiar sin necesidad de reforma en el Congreso.
Un mes ha pasado desde que empezaron a implementarlo, pero los resultados dejan dudas sobre su puesta en marcha y las decisiones que han tomado para corregir los yerros no van en dirección correcta, a juzgar por los resultados del pasado.
Se trata de la modalidad de pago que ordenaron implementar el 16 de mayo, cuando las papas quemaban ante una creciente ola de quejas que amenazaba con poner a los profesores contra el Gobierno. Para empezar, hay que decir que el cambio en el modelo de atención en salud de este régimen de salud consistió en que la Fiduprevisora —una entidad fiduciaria mixta que no tenía experiencia en el sector salud— quedó encargada de crear y administrar la red de instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) para atender a los docentes y sus beneficiarios, de celebrar contratos con estas y hacerles auditorías para que no haya mal gasto de los recursos.
La idea es que de esta manera los maestros tuvieran libertad de elección y así pudieran ir a cualquier hospital o clínica y no solo en la que le asignaban los antiguos operadores regionales (que hoy están fuera del negocio). Sin embargo, los primeros días se caían de los árboles las quejas por las demoras en la atención en las distintas ciudades y quedó en entredicho esa libertad de elección.
Dos semanas con esta situación llevó a que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), que administra la Fiduprevisora, emitiera la circular externa 002 de 2024. Así, le ordenaron a las IPS del banco de prestadores del Fomag brindar servicios y/o tecnologías que sean requeridos por los afiliados “sin previa autorización”, incluyendo medicamentos de baja complejidad, alto costo o control especial.
Al respecto, el Fondo indicó que los prestadores tendrán que facturar esas atenciones “bajo la modalidad de pago por evento a la tarifa SOAT (seguro obligatorio de accidentes de tránsito) plena” y le ordenaron a los hospitales y clínicas que tenían contrato con los operadores hasta el 30 de abril que culminen “dicha atención sin requerir autorización previa” y que “facturarán los servicios bajo la modalidad de pago por evento a la tarifa pactada con el anterior operador”. No obstante, el diablo está en los detalles. Y este caso no es la excepción.
¿Qué es el pago por servicio?
Haga de cuenta que una persona va al médico porque se enferma, porque está siguiendo un tratamiento o porque tuvo una urgencia de vida o muerte. Cada una de esas atenciones cuestan plata que, como todo, alguien paga. Como lo explica el investigador en sistemas de salud de la Universidad de Harvard, Johnattan García, “consiste en que los prestadores ofrecen sus servicios, cobran por ellos y se les paga por servicio prestado, lo cual puede resultar bueno en cuanto aumenta la productividad de hospitales y clínicas, pero lo malo es que genera incentivos para sobrefacturar o sobreatender”. En otras palabras: entre más consultas, más citas médicas, más cirugías y más días de hospitalización, más plata por cobrar para las IPS. En el régimen de los maestros quienes asumían ese rol de pagador eran los operadores, quienes pactaban tarifas con las IPS que atendían a los usuarios. Con el cambio, la Fiduprevisora asume ese papel.
Como el caos desde el 1 de mayo fue por falta de contratos de esa entidad con los prestadores de salud, resolvieron implementar el pago por evento para sortearlo.
Lo primero que hay que decir sobre eso es que Mauricio Marín, quien el pasado jueves renunció a la presidencia de la Fiduprevisora, contó por qué se presentó esa contingencia.
En una entrevista con EL COLOMBIANO relató que todo empezó con las tarifas por servicios de salud en ese régimen y la disparidad que tenía con los precios manejados en el mercado. “Un monitoreo cardíaco está en $5’064.000, pero para los maestros en el tarifario del Fomag resulta que el asistente técnico (Ministerio de Salud) pidió que lo ofertáramos a $36.000; la apendicectomía (sacar el apéndice) en el régimen general está en $2’200.000 y para los maestros estaba en $1’500.000”, contó Marín.
Esta disparidad entre precios, generó algo inevitable: en palabras del renunciado presidente, que “las IPS empezaron a decir que estaban por fuera de los precios del mercado y empezaron a rechazar a nuestros afiliados”. “Imagínese nosotros saliendo a negociar con esos precios, pues obviamente empezaron a rechazar a los maestros y eso fue lo que vio la opinión pública y lo que los profesores resintieron”, añadió.
Vale la pena recordar que esta renuncia se dio una semana después de que se filtraran los audios en los que se escucha al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, advertirle a Marín que no le aceptaba la excusa de que “la culpa es de un tarifario”.
Y lo segundo, son las experiencias con ingrato recuerdo en el país, como lo fue con el Seguro Social. Al respecto, el consultor en salud Ramón Abel Castaño recordó que el pago por evento “lo hizo en 1998 y causó la quiebra de IPS pequeñas y las grandes las dejó con carteras incobrables porque el gasto en salud se desborda y llega un momento en que el pagador se queda sin con qué pagar, pero los servicios ya se prestaron”.
En plata blanca, los líos de esta modalidad de pago recaen en que no habrán controles ni incentivos suficientes para que la plata rinda y para que el paciente reciba una atención que busque su bienestar. Lo cual no quiere decir que sea una generalidad, sino más bien una posibilidad que se abre al no haber un control juicioso del costo–eficiencia. Como lo advirtió Castaño, “esa libertad de elección total, sin autorización y con pago por evento es una primavera que durará muy poquito por los problemas de coordinación y porque no hay incentivo de prevención y a nadie le va a importar el paciente”.
Ruiz, entre tanto, lo ejemplifica en que “a veces creemos que entre más atención mejor, pero en la práctica no siempre es bueno por la probabilidad de que termine en que se dé esa atención conforme a cómo se le exprime más al paciente para sacarle más recursos al Fomag”. Lo concreto es que todo el sector salud debe estar alerta a las consecuencias de esa circular que, aunque tiene plazo hasta el 30 de junio, puede extenderse. En juego están los recursos de la salud de los maestros y su bienestar.
EL COLOMBIANO le consultó al Fomag cuáles elementos utilizó para expedir esa circular, si ha recibido alertas sobre los efectos que puede tener el pago por servicio y qué herramientas usará para evitar que el gasto se dispare, pero al cierre de esta edición no respondió las preguntas.
La pregunta que queda en el aire es si la evidencia que hay sobre estos riesgos moverán al Gobierno a corregir el rumbo sobre cómo está manejando este cambio. Sin embargo, cuando al Ejecutivo se le ha advertido que sus acciones e inacciones pueden acarrear consecuencias, ha optado por el camino de la terquedad. Nada más hay que mirar por qué Compensar y Sura están pidiendo salirse del sistema.
818.960
es el número de afiliados al sistema de salud del Magisterio.
