El intento del Gobierno por darle un giro de 180 grados al sistema de salud vuelve al ruedo. Este viernes 16 de febrero —tras el receso de dos meses por vacaciones— el proyecto que está en el corazón del presidente Gustavo Petro afrontará el tercero de cuatro debates para convertirse en ley. Sin embargo, el escenario es adverso para la Casa de Nariño, sencillamente, porque los números no cuadran.
En el Senado el proyecto de ley debe ser aprobado en dos debates: el primero en la Comisión Séptima —que la conforman 14 senadores— y el segundo en la plenaria, en donde están todos los integrantes de cada partido.
El lío para el Gobierno es que allí tiene el camino cuesta arriba, pues allí hay más senadores en la independencia (34) que en la coalición (27) —que el presidente Petro diluyó en abril del año pasada, precisamente, por esta reforma— y a la oposición solo lo superan por tres (24).
¿Habrá voto-finish en comisión?
Esa situación se traslada a la comisión séptima, en donde los petristas inconcicionales son tres (Martha Isabel Peralta, presidenta de esa corporación; Ferney Silva, que remplazo a Piedad Córdoba; y Wilson Arias), a quienes se le suman por afinidad ideológica Omar de Jesús Restrepo de Comunes y Fabián Díaz Plata de la Alianza Verde, quien ha sido enemigo de las entidades promotoras de salud (EPS) y apoya que deben acabarse.
Por otro lado, están los férreos opositores del Ejecutivo y de la reforma: los senadores del Centro Democrático Honorio Miguel Enríquez y Alirio Barrera, cuyo partido ha encabezado los debates más álgidos en este tema con el liderazgo del representante a la Cámara Andrés Forero.
Y finalmente, está el lote de indecisos y críticos que no han expresado una posición inamovible ante el proyecto, pero que han sido enfáticos en advertir ciertos puntos grises de su implementación y marcado distancia a un apoyo irrestricto a la reforma. En otras palabras: ni sí ni no, pero sin claridades a sus inquietudes se inclinarían por el no.
Ahí están los conservadores José Alfredo Marín y Nadia Blel Scaff. Esta última, de hecho, fue anfitriona de la última audencia pública que organizó la comisión séptima del Senado y el Ministerio de Salud sobre la reforma este jueves en Cartagena. El entre líneas de sus palabras deja entrever lo que será el ambiente en esa instancia.
“Estamos atentos a temas como el impacto y el costo de esta reforma: ¿tenemos los recursos suficientes para dotar todos los CAPS (Centro de Atención Prioritaria en Salud) que pretendemos hacer? ¿Es suficiente el tiempo de transición que plantea la reforma? ¿El Estado va a tener la capacidad de adecuarse y ofecer los mejores servicios”, expresó.
También están el liberal Miguel Ángel Pinto, así como Beatriz Ríos de Colombia Justa Libres, Sor Berenice Bedoya del Centro Esperanza, Ana Paola Agudelo del Partido Mira y Norma Hurtado del Partido de la U.
Hurtado también participó de la audiencia pública en Cartagena y en su intervención insistió en que para iniciar el debate “vemos un sistema bastante debilitado, golpeado y casi asfixiado, pero no es de un componente del sector. Cuando se asfixia un componente de un sistema —por todas las razones y dudas—, resulta que ese actor atiende a 50 millones de colombianos”.
Así las cosas, son siete los codiciados indecisos: la mitad de la comisión. Con tres de ellos que se vayan con el Pacto Histórico, Casa de Nariño asegurará el paso de la reforma al último debate. De igual manera, si seis se inclinan por el no la iniciativa se hundirá.
Aun así, en la previa a este debate los intríngulis políticos pueden dar visos de cómo se mueva la balanza. Muestra de eso es la independencia del Partido Liberal, colectividad que había iniciado el periodo de Petro como partido de gobierno y que desde abril del año pasado estaba indeciso. En palabras del jefe de ese partido, el expresidente César Gaviria, “las líneas rojas liberales de nuestro ideal no se tienen en cuenta por este Gobierno, por ejemplo, en la eliminación del sistema de salud en detrimento de los colombianos”.
Así votarán los senadores paisas
EL COLOMBIANO hizo un sondeo entre senadores paisas de distintos partidos sobre cómo votarán la reforma a la salud y qué esperan de la discusión que iniciará desde el viernes.
Por el lado del Pacto Histórico, la senadora Isabel Zuleta aseguró que espera de sus colegas de la comisión séptima “seriedad y responsabilidad con el país”, ya que “nadie puede decir que el sistema de salud está funcionando y que la gravedad de la situación que se vive da cuenta de que se requiere una reforma profunda, pues no se está evitando la muerte ni la enfermedad”.
Y agregó que confía en que los senadores asumirán esa tarea “porque no puede ser que un modelo en el que nos estamos gastando tantos recursos públicos no esté previniendo la enfermedad”.
Entre tanto, el senador del Partido de la U, Juan Felipe Lemos, expresó que está con la posición mayoritaria que expuso su partido a finales del año pasado: “no ser un palo en la rueda para el Gobierno, pero hacerle los ajustes que requiera el proyecto no para destruir lo que se ha hecho en 30 años sino para corregir lo que no está funcionando”.
“Así como está ese proyecto no lo voy a votar, pero no soy de posiciones radicales. Lo revisaré mejor si le quitan esa carga ideológica, pero por ahora considero que ese no es el camino correcto”, añadió.
Por otro lado, contactó al senador del Partido Conservador Carlos Andrés Trujillo para conocer su postura, pero no atendió las llamadas ni los mensajes que dejamos a su WhatsApp. Trujillo, siendo presidente de los godos, fue clave para que ese partido se declarara de gobierno antes de que se posesionara Petro y ha sido visitante de la Casa de Nariño cuando la reforma hacia agua en la Cámara.
Finalmente, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, siguiendo la línea de su colectividad, dijo que espera que en el Senado “el debate no sea ideológico, sino técnico y basado en datos”.
Y añadió que en esa corporación “será diferente y tengo la esperanza de que termine hundiéndose porque los ajustes que necesita el sistema no requiere reforma sino voluntad para mejorar, por ejemplo, el tema de la accesibilidad en zonas remotas”.
Los cambios y las críticas
Para no hacer largo el cuento, los cambios que quiere hacerle el Gobierno nacional a la salud transformaría la manera en la que se administra la plata del sector, con el fin de que en las zonas rurales haya más y mejor oferta para los pacientes. Sin embargo, eso afectarían las funciones de las EPS que llevan desarrollando expreiencia en el aseguramiento en salud por 30 años.
¿Cómo es eso? Que el Estado —por medio de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres)— le pague siempre directamente a los hospitales y las clínicas por los servicios que prestan a los ciudadanos. Actualmente, las EPS reciben la plata de la Adres y pagan a los hospitales que atienden a sus afiliados después de un proceso de auditoría que revisa que los cobros sean ajustados a lo que prestó.
Así pues, las EPS ya no recibirían esa plata, sino los prestadores de salud, y se converterían en Entidades Gestoras de Salud y Vida que revisen la facturación de estos.
Ante esto, la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, opina que en ese escenario las EPS no son importantes y se puede prescindir de muchas de las funciones que han tenido, “pero cualquiera que sabe qué hacen entenderá que las funciones con las que quedarían serían solo operativas, que poco valor o nada le agregarán al sistema”.
Con estos cambios, el Gobierno busca manejar los recursos de la salud, mejorar la atención a los pacientes y llegar a las zonas más alejadas del país, en donde se ven más las falla del servicio.
Sin embargo, el gran interrogante que expertos e investigadores plantean es que las EPS no solo son las que reciben la plata, sino que son las responsables de hacer gestión de riesgo —o sea, planeación para lograr el acceso oportuno, eficiente y sostenible a los servicios de salud— y cumplir función de administrador y “comprador inteligente” que distribuye y hace rendir la plata. Así, en un modelo sin las EPS habría riesgo de que se dispare el gasto en salud.
Además de esto, para los congresistas de oposición e independientes es urgente que el Ministerio de Hacienda entregue el aval fiscal de la reforma que dé tranquilidad sobre el futuro financiero del sistema. Porque hasta ahora los ponentes del proyecto presentaron un escenario de factibilidad, que dejó más dudas que tranquilidad al señalar que de 2024 a 2050, con la reforma el gasto en salud con referencia al producto interno bruto (PIB) se reducirá. Un escenario imposible, pues “los sistemas de salud siempre tienen más necesidades que recursos para atenderlos”, como afirma el consultor independiente en salud, Ramón Abel Castaño.
¿Quiénes serán los coordinadores de la reforma?
Estos serán los tres senadores de la Comisión Séptima que serán los coordinadores de la reforma a la salud, quienes tendrán la tarea de presentar en quince días a partir de este 16 de febrero un informe de ponencia, que es el primer paso antes de la ponencia positiva (para que el proyecto siga) y de la ponencia negativa (para que la reforma se hunda).
Wilson Arias, senador del Pacto Histórico.
El primero es Wilson Arias Castillo, un dirigente sindical caleño que fue concejal de Cali entre 2008 y 2009 y se formó políticamente en el Polo Democrático Alternativo, partido del que fue senador entre 2018 y 2022 tras ocupar la curul que dejó Leonidas Gómez cuando renunció en diciembre de 2018.
En su carrera sindical y política, fue uno de los Jffes de debate en el Valle del Cauca de la campaña presidencial de Carlos Gaviria Díaz en 2006; así como presidente del Sindicato de empleados públicos del SENA (Sindesena) y miembro del comité nacional de la Central Unitaria de Trabajadores.
Berenice Bedoya, senadora de la Alianza Social Independiente.
Por su parte, Berenice Bedoya es contadora pública y primípara en el Congreso, a donde llegó en 2022 con el aval del partido Alianza Social Independiente (ASI). Es antioqueña y en su trayectoría pública ha sido secretaria contable del Instituto de Deportes y Recreación (INDER) y gerente de Agua, Alcantarillado y Aseo del Norte de Antioquia. Se considera senadora independiente y frente a la reforma sostiene que no va “a permitir presiones del gobierno para aprobar dicho proyecto, para que no se destruya de un solo golpe todo lo construido por tantos años”.
Fabián Díaz, senador de la Alianza Verde.
Entre tanto, Fabián Díaz llegó a la Cámara en 2018 y dio el salto a Senado en 2022. Es administrador de empresas en la Universidad Cooperativa de Colombia. Su posición ante esta iniciativa gubernamental es de apoyo, pues comparte la tesis de acabar con las EPS, pero recientemente dijo que “de la Comisión Séptima no saldrá la reforma que quiere el Gobierno sino la que necesita el pueblo colombiano”.
Las alertas de Transparencia por Colombia
La organización Transparencia por Colombia y el centro de pensamiento Así Vamos en Salud han monitoreado la aprobación de la reforma a la salud y le han seguido la pista a los posibles riesgos que conllevaría ponerla en marcha.
En ese sentido, esta semana aseguraron que destacaban algunos avances incorporados en el último debate, como “la eliminación y la definición clara de la mayoría de las facultades extraordinarias del presidente y la introducción de medidas de transparencia y rendición de cuentas por de la Adres. No obstante, alertaron que aún persisten riesgos tanto de corrupción como de desafíos en la implementación de los cambios.
Muestra de eso, según Transparencia por Colombia, está en las auditorías para el pago por prestación de servicios en salud y el traslado de funciones de aseguramiento y gestión del riesgo financiero a la Adres y otras entidades estatales.
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