En el universo de discrepancias y disonancias que giran en torno al manejo del sistema de salud del país, hay una que marca una línea casi irreconciliable entre el Gobierno de Gustavo Petro y sus críticos es si la plata para la salud (que se cuenta en billones) alcanza o no para todo lo que tiene que cubrir.
Mientras que el Ejecutivo insiste —más recientemente en voz del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal— en que la plata alcanza, la oposición y especialistas recalcan que una serie de condiciones locales y mundiales crean una situación en la que estos recursos, simplemente, son insuficientes.
Pero vamos por partes. Los recursos que sostienen el sistema de salud provienen de distintos frentes: del presupuesto general de la Nación, de la unidad de pago por capitación (UPC) que el Estado le da a las EPS, de los aportes de los trabajadores y empleadores al régimen contributivo, de los giros de alcaldías y gobernaciones y de los impuestos a los juegos de azar, al tabaco y al alcohol, entre otros.Sobre la UPC es que se centra este debate.
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Esa sigla es, en términos simples, una prima que la EPS reciben por cada persona afiliada, que varía entre $1 millón y $1,2 millones, más o menos. Esa plata, la EPS debe hacerla rendir para que cada vez que un usuario vaya al médico le de la atención en salud que requiere.
En ese sentido, el exsuperintendente de Salud, Fabio Aristizábal, advierte que el valor de la UPC —que los gobiernos deben ajustar cada fin de año para el siguiente— está mal calculada desde que se definió su aumento para 2023.
“La base para ese cálculo se hizo con cifras de 2021, cuando aún estábamos en pandemia”, expresó a este diario.
“Desde entonces veníamos con un mal cálculo porque eran frecuencias de uso de servicios de salud en un momento anormal”, añadió.
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De hecho, las cifras del Sistema de Protección Social del Ministerio de Salud muestran la disminución entre 2019 (previo a la pandemia) y los años siguientes.
El número de personas que recibieron atención médica en 2019 fue de 32,3 millones, y el de procedimientos realizados fue de 434,2 millones. Sin embargo, en 2020, estos números bajaron a 27,7 millones y 384,2 millones, respectivamente; mientras que en 2021 aumentaron a 30,5 millones y 423,9 millones. Esto significa que, como recordó Aristizábal, la base para el cálculo que hizo el Ministerio a finales de 2022 para el aumento de la UPC de 2023 (cuando Carolina Corcho estaba al frente de la entidad) se basó en las cifras de 2021, un año en el que se estaba implementando el plan de vacunación contra el covid-19 y aún existían algunas restricciones.
“Por eso, cuando José Antonio Ocampo era ministro de Hacienda de este Gobierno, advirtió que era necesario corregir la vigencia de ese cálculo de la UPC, ya que la variable de inflación que utilizaron era incorrecta. Por lo tanto, se requería realizar un ajuste metodológico durante el año, lo cual está permitido por la ley”, afirmó.
