El registrador Nacional, Alexánder Vega, señaló que su entidad tiene una lista de candidatos a cargos de elección política que al parecer están recibiendo el apoyo de grupos armados ilegales, los cuales presionan a las comunidades para que voten por ellos.
El funcionario dio esta información durante un foro realizado este jueves en Bogotá, sobre los avances del proceso de elecciones para el próximo 29 de octubre. Y sostuvo que ya le entregó el listado al fiscal general, Francisco Barbosa, para que investigue esas denuncias que involucran a bandas criminales, disidencias de las Farc y el ELN.
De acuerdo con Vega, “el señor fiscal Francisco Barbosa me ha pedido la información sobre los candidatos que posiblemente tienen el apoyo de organizaciones criminales en los departamentos de Nariño, Cauca y Sucre. Los candidatos saben quiénes son”.
Explicó que la información se ha conocido por los mapas de riesgo que se han elaborado y con información que se ha recolectado con la comunidad, “ya hubo un constreñimiento frente a la inscripción, así que si hubo constreñimiento en la inscripción, lo habrá en la elección”.
Señaló que hay municipios donde los electores son citados para ordenarles por cuál candidato deben votar en octubre y dijo que en el caso de Sucre se tienen identificados, por lo menos, a siete candidatos con posibles apoyos de grupos criminales.
“Pedimos a los candidatos, que ya están identificados, que expliquen a la Fiscalía sobre estas denuncias, que argumenten de dónde están recibiendo los apoyos”, relató.
Frente a lo expuesto, el fiscal Barbosa dijo que en su entidad tienen un mapa de riesgo electoral, “en que hay más o menos unos 261 municipios en riesgo alto, 494 en riesgo medio, y 366 en riesgo bajo”.
Y prosiguió: “Seguramente ustedes van a ver urnas donde votó toda la población por un candidato. Eso es lo que va a pasar, eso es un elemento central para que haya procesos judiciales y estemos hablando en dos o tres años de la bacrim política, de la parapolítica otra vez”.
Por otra parte, Vega planteó la necesidad de tener un plan alterno, tras la decisión del Tribunal Superior de Buga de no poder designar una comisión escrutadora para las elecciones regionales, dada situación de orden público en esa zona del país.
Al respecto, recalcó que “tras la decisión del Tribunal de Buga de no designar comisiones escrutadoras, esto amerita que el Gobierno nuevamente asuma la dirección de este tema, ya hemos puesto todas las alertas y se debe analizar un plan de choque para darle garantías a los escrutadores. La Registraduría hace la operación logística, pero los jueces el escrutinio no. En Buga no van a designar personal por las amenazas y todo lo que ha ocurrido en esa zona del país. Hay un gran problema de orden público”.
Finalmente, sostuvo que “trasladar un puesto de votación por orden público es una derrota para el Estado. El año pasado no tuve que trasladar puestos por orden público. Venimos avanzando en la tranquilidad de las elecciones, pero el 29 de octubre sabremos si como Estado pudimos mantenernos o retrocedimos”.
Barbosa agregó que “se está hablando de trasladar urnas de un lugar a otro, lo cual ni siquiera ocurrió durante la elección del presidente Gustavo Petro. Es decir, él fue presidente gracias a que este Estado le garantizó las elecciones. Lo mínimo que uno le pide al Gobierno, es que también garantice las elecciones en los territorios”.
