El maratónico y prolongado trámite de la recién aprobada reforma a la salud en la Cámara supuso un altísimo costo para los representantes en los últimos meses: tener que dejar de lado sus proyectos y priorizar –a la brava– la iniciativa gubernamental a lo largo del semestre legislativo. Por cuenta de ello, hoy están en veremos al menos 75 proyectos de ley que corren el riesgo de hundirse por falta de discusión.
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Las alertas están encendidas y no es para menos. El próximo sábado 16 de diciembre, justo en una semana, concluye el periodo legislativo y si bien el Gobierno puede citar a sesiones extras, en ellas solo se pueden discutir determinados y contados proyectos.
Además, con las festividades de Navidad y Año Nuevo a la vuelta de esquina y tras las demandantes jornadas de la reforma, son varios los que le hacen el quite a seguir sesionando por lo que resta del año. En todo caso, así tuvieran un renovado interés por trabajar, los tiempos ya no dan.
“Es difícil citar de lunes a viernes. Los congresistas usualmente sesionan entre martes y jueves. Con 75 proyectos represados la capacidad de discusión será nula y lo que alcance a pasar será a pupitrazo, sin análisis o estudio. Hay proyectos de acto legislativo –que demandan ocho debates– que van a hundirse. Otros alcanzarán a pasar para su trámite en febrero, pero como muchos dependen de dos debates en la legislatura va a ser difícil que puedan discutirse”, alerta en diálogo con este diario el representante antioqueño Hernán Cadavid.
El congresista del Centro Democrático reclama que, sumado al estrepitoso hundimiento de varias iniciativas, lo ocurrido durante este semestre en la Cámara es síntoma de una “penosa enfermedad”: pérdida de independencia.
“A la Cámara quien le puso los tiempos fue el Gobierno. El presidente de la Corporación se dedicó a tramitar la agenda de Petro, no de los congresistas. Es una pérdida de autonomía. Habrá proyectos que sí alcancen a pasar, pero morirán por tiempos”, agrega Cadavid.
En ello coincide la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, partido que aún hace parte de la coalición de Gobierno. “Es bastante lamentable el papel que ha tenido el presidente de la Cámara, porque puso por encima los proyectos y la agenda del Gobierno sobre la de sus compañeros. También es importante la iniciativa de nosotros”.
Según la congresista, será “imposible sacar adelante los 75 proyectos que están en la cuerda floja”. Sin embargo, insta a que se evalúe si se llama a extras, “pero que sea solo para sacar adelante proyectos de origen parlamentario”.
Otra es la postura de Andrés Calle, el presidente de la Cámara. El representante cordobés –del Partido Liberal, pero con tendencia petrista, y quien fue clave en el trámite de la reforma–, defendió la labor legislativa y aseguró que, contrario a la pérdida de independencia, lo que hubo fue una “colaboración armónica” entre ramas del poder.
“Tenemos que respetar un principio constitucional que es la colaboración armónica de los poderes públicos. El legislador debe respetar que hay un Ejecutivo que fue elegido por la mayoría del pueblo, que por supuesto requiere que sus proyectos y sus políticas sean tramitadas. Eso fue lo que hicimos. Iniciamos la legislatura avanzando en los proyectos de los congresistas, pero por supuesto nos correspondió tomar la decisión de adelantar un proyecto como la reforma a la salud que ya venía en curso”, señaló Calle en una entrevista a Colprensa.
Los que están tambaleando
Durante la actual legislatura la Cámara aprobó en alguno de sus debates o dio trámite a 23 iniciativas, buscando con ello que puedan seguir su curso de cara a ser leyes. Entre estas se cuentan la que regulariza el cannabis de uso adulto, la que elimina el requisito de definir la situación militar para acceder a un empleo, la que institucionaliza el “día sin IVA” o la que reconoce la labor de mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada.
Sin embargo, otros cinco proyectos definitivamente terminarán naufragando porque su trámite demanda varios debates en una misma legislatura o porque no surtió siquiera su primer debate. Entre estos, se destaca el que buscaba reforzar los derechos de los usuarios del transporte aéreo.
En el ramillete de los que están en riesgo de hundirse sobresale uno que crea un subsidio educativo para jóvenes de estratos vulnerables para apoyar la financiación de sus gastos durante sus estudios. Otro establece la pensión básica para adultos mayores.
En materia ambiental –una de las prioridades de Petro–, figura una iniciativa que crea mecanismos de pago por servicios para conservar el río Amazonas; otra para reconocer al río Caquetá como sujeto de derechos, y otro para reconocer al paisaje cafetero como zona restringida de minería.
También se destaca un proyecto para pagar la indemnización administrativa a favor de niños víctimas del conflicto; el que tipifica como delito el retiro sin consentimiento del condón durante relaciones sexuales, o el que promueve la capacitación con enfoque de género de funcionarios en la ruta de atención de mujeres y personas sexualmente diversas que hayan sido víctimas de violencia. Inclusive, hay una iniciativa que impulsa la transmisión de los torneos de fútbol profesionales colombianos.
Sin embargo, hoy esos proyectos penden de un hilo y ya se confirmó que el próximo lunes la sesión arrancará sin afán alguno: a las 2:30 de la tarde. En el ambicioso listado de iniciativas que serán tramitadas aparecen 23 proyectos, priorizando el que reconoce la Mesada 14 a miembros de la Fuerza Pública y el que crea medidas de protección en favor del consumidor de comercio electrónico. ¿Cuántas iniciativas serán finalmente aprobadas y cuántas nuevamente tendrán que ser radicadas de ceros en febrero?
Debate cancelado por ausencia del Gobierno
El pasado miércoles, un día después de la aprobación de la reforma a la salud y cuando se creía que se reanudaría en firme la agenda legislativa, en la Cámara fue cancelado un debate de control político sobre el aumento de feminicidios y violencias basadas en género. ¿La razón? La ausencia de altos funcionarios del Gobierno Petro. La convocante, la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde) denunció que de nueve ministros y directores de entidades citados solo asistieron dos, mientras que los demás enviaron delegados. “El control político sobre feminicidios pretende retratar la dramática situación que atravesamos en la actualidad y formular acciones concretas para que las entidades puedan lograr el objetivo de un país libre de violencias de género”, sostuvo la congresista.
El presidente de la Cámara destacó que en esta legislatura “hubo más que en toda la anterior”. Sin embargo, elevó un llamado al Gobierno para que responda. “Los ministros deben venir al llamado que hace el Congreso”, señaló.
