Así lo manifestó la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien aseguró que hay quienes piensan “equivocadamente que se está favoreciendo la situación” de los agresores.
Persiste la polémica en el país por cuenta de un artículo de la reforma a la justicia que da vía libre a que haya rebaja de penas para abusadores y agresores de menores de edad. Este jueves, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, nuevamente se refirió al proyecto de ley.
Al hacer una defensa de la iniciativa, Buitrago sostuvo que “no tendría inconveniente” en retirar el controvertido artículo. Eso sí, reclamó que detrás se ha gestado una narrativa falsa según la cual se quiere favorecer a los delincuentes.
“Creo que es importante entender que hay gente que, a raíz de muchas cosas, piensa equivocadamente que se está favoreciendo la situación, cuando lo que se quiere es imponer una pena, pero no tendría ningún inconveniente (en retirar el artículo)”, manifestó la funcionaria.
En esa línea, la ministra de Justicia señaló que se buscan sanciones ‘reales’, pero particularmente que se combata la impunidad y se pueda avanzar en el esclarecimiento de hechos.
“La gente ha entendido la explicación del proyecto desde el punto de vista de la ambición que haya sanción real, no que haya impunidad. Son delitos que tienen penas altas, esto nunca se ha dicho, ni que tengan rebajas máximas ni que vaya a no imponerse la pena al contrario”, agregó Buitrago.
Recién este miércoles, la procuradora Margarita Cabello ratificó su rechazo a la posibilidad de que los agresores y abusadores de niños, niñas y adolescentes reciban una rebaja en sus condenas.
“No estamos en un momento para rebajar o reducir la importancia que deba dársele a las sanciones frente a delitos o crímenes cometidos contra los menores. Consideramos que la rebaja planteada no es un elemento fundamental para lograr decisiones en firme”, señaló la procuradora Cabello durante una rueda de prensa.
Pese a los ánimos de concertación en el Congreso de la República en semanas recientes, las partes no han logrado ponerse de acuerdo frente a la viabilidad del controvertido punto 7 de la reforma, en el que se consagran los beneficios para aquellos agresores de menores que colaboren con la justicia.
“Hay tres alternativas. Eliminar todo el artículo 7 y mantener la legislación como está; segundo, aprobar lo que presentaron los autores de la iniciativa, la Corte, la Fiscalía y el Gobierno Nacional; y tercera, que he presentado, es mantener una especie de principio de oportunidad solamente cuando se trata de desmantelar bandas criminales”, explicó el senador de oposición Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), vicepresidente de la Comisión Primera.
En respuesta, la fiscal Luz Adriana Camargo defendió que, más allá de una reforma estructural a la justicia, la iniciativa busca modificar varios puntos del Sistema Penal Acusatorio con miras a otorgar mayores garantías frente a asuntos como los preacuerdos. Con todo, reconoció que “hay posturas válidas de lado y lado”.
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“No tenemos ninguna postura radical, ni en el artículo 7 ni en ningún otro artículo. Estamos escuchando razones, que pueden ser válidas de lado y lado. Hay opiniones divididas entre los mismos ponentes y quedamos en una hoja de ruta muy sensata: con base en lo que hemos escuchado, vamos a realizar unas observaciones para el examen de los ponentes”, manifestó la jefe del ente investigador.
