El pasado 8 de octubre fue radicado el proyecto de reforma a la justicia que otorga beneficios a los responsables de crímenes contra niños, niñas y adolescentes.
El atroz asesinato de Sofía Delgado, la niña de 12 años que estuvo desaparecida durante 18 días y fue hallada muerta en un cañaduzal en el Valle del Cauca, ha generado en todo el país un profundo sentimiento de rechazo e indignación.
La sociedad en general exige una condena justa para los responsables del crimen, y algunos han expresado su frustración recurriendo a la justicia por mano propia, como ocurrió con la incineración de la vivienda del hombre capturado como posible responsable.
Además del contundente rechazo, este caso reavivó el debate sobre el tratamiento penal y jurídico que debería aplicarse cuando las víctimas sean niños, niñas o adolescentes y sobre todo, agitó los reclamos sobre por qué en Colombia no se aplica la cadena perpetua en estos escenarios.
Sin embargo, dicha propuesta ha sido calificada de populista. A la luz de la Constitución, no tendría futuro si llegara a tramitarse en el Congreso.
Contrario a esa posibilidad, lo que sí avanzará en el legislativo son los beneficios para quienes acepten cargos relacionados con crímenes cometidos contra la primera infancia, tal como quedó contemplado en el séptimo artículo del proyecto de reforma a la justicia, que el Gobierno y la Rama Judicial radicaron la semana pasada ante el Congreso de la República.
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“Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo la modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas: (...) En caso de celebración de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, o de allanamiento a cargos, se concederá la mitad de la rebaja de pena prevista en los artículos 351, 352, 356-5 y 367 del Código de Procedimiento Penal”, señala el proyecto de reforma.
Aunque la figura que se aplicará, según el proyecto de reforma, no es el principio de oportunidad, sino un mecanismo “premial”, la propuesta no deja de ser polémica.
Al respecto, el Colombiano conoció que la Defensoría del Pueblo tiene listo un documento en el que expresa sus reparos a estos alivios, pues históricamente se ha demostrado que el otorgamiento de beneficios, como la reducción de penas, no ha contribuido a disminuir las cifras de violencia contra los niños.
“Es muy importante que en el mecanismo de justicia premial haya condena penal, y eso es algo que se debe mantener. Digamos que ese es el mínimo: debe haber una sanción, lo cual es diferente al principio de oportunidad. Entonces, lo que dice la Fiscalía es que los mecanismos de justicia premial alientan el reconocimiento de responsabilidad. Sin embargo, si la sanción penal es muy baja, no cumplirá su función para evitar la repetición de los hechos”, explicó la Defensora del Pueblo, Iris Marín, a El Colombiano.
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Algunos analistas coinciden en que abrir la puerta a estas negociaciones podría aumentar los índices de impunidad, ya que la exención de la responsabilidad generalmente alienta la continuidad de los hechos violentos.
En contrapeso, los líderes de la iniciativa afirman que el proyecto busca proteger a las víctimas sin dejar de perseguir a los responsables. “Se está levantando la prohibición que existe para no conceder sustitutos penales como libertad condicional, prisión domiciliaria y condena condicional en casos donde las víctimas sean niños, niñas y adolescentes. Esa gama de prohibiciones de sustitutos penales se mantiene”, explicó Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
La discusión cobra mayor relevancia cuando las cifras indican un aumento de hechos violentos contra menores de edad en el país, a pesar de que la ley actual prohíbe cualquier tipo de preacuerdo o negociación en estos casos, algo que cambiaría si se aprueba el punto siete del proyecto de reforma.
El propósito de estos alivios es ofrecer un incentivo a los criminales para que ayuden a esclarecer los crímenes o desarticular bandas delincuenciales dedicadas a atentar contra los menores.
“Existe otra figura interesante, como el preacuerdo, donde el capturado, detenido o acusado proporciona información sobre otros partícipes o redes, incluso transnacionales, lo que genera un beneficio para la justicia,” afirmó la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.
Paralelamente, en el Congreso también se escuchan voces que claman por el inicio del debate sobre la cadena perpetua. Los congresistas Erika Tatiana Sánchez y Julián Peinado hicieron un llamado para modificar la Constitución de Colombia y agregar dicha pena.
“No puede ser posible lo que pasó con Sofía Delgado. Ella merecía toda la protección ante un reincidente, quien demostró que nunca se resocializó. Por eso, es necesario modificar nuestras normas, incluso la Constitución, si es necesario”, señaló Peinado.
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“No es posible que el Estado colombiano no permita la cadena perpetua para violadores de niños, pero sí naturalice las conductas violentas contra nuestra niñez. No podemos seguir normalizando los asesinatos, los abusos sexuales y el reclutamiento. Los niños no están seguros en Colombia”, añadió Sánchez.
Recientemente, entró en vigencia la Ley Sara Sofía, una iniciativa promovida tras la desaparición en 2021 de Sara Sofía Galván, una niña de 2 años cuyo paradero sigue siendo incierto. Carolina Galván, la madre de la niña, y su padrastro, Nilson Díaz, fueron condenados a 40 años de prisión por su responsabilidad en el hecho.
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Esta ley busca, mediante un sistema de alertas, que los niños desaparecidos sean localizados y recuperados rápidamente. Asimismo, facilita que las personas responsables de los menores reporten la desaparición con mayor rapidez.
