En una operación liderada por la Policía Nacional fueron capturadas 11 personas que integraban una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de madera en la Amazonía colombiana. Entre los detenidos hay seis exfuncionarios de la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), incluidos altos directivos, como una subdirectora, señalados de otorgar salvoconductos fraudulentos para movilizar madera extraída ilegalmente.
Esta red operaba principalmente en la cuenca media del río Putumayo, afectando municipios como Puerto Leguízamo, Puerto Asís (Putumayo) y Tarapacá (Amazonas). Las actividades ilegales no solo deforestaban los bosques amazónicos, sino que generaban ganancias ilícitas cercanas a los 1.000 millones de pesos mensuales.
“Es profundamente preocupante y contradictorio que personas encargadas de proteger nuestros ecosistemas sean quienes facilitan su destrucción”, señaló Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Los capturados enfrentarán cargos por aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y prevaricato por acción. Según las autoridades, las operaciones de esta red agravaron el problema de la deforestación en Colombia, especialmente en zonas críticas como la Amazonía.
La tala indiscriminada de árboles no solo es responsable de destruir importantes ecosistemas, sino que también contribuye a agravar la crisis climática. En 2022, Colombia perdió más de 123.000 hectáreas de bosque, siendo el 60 % de esa cifra en la Amazonía.
Sin embargo, este dato, reportado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), muestra una reducción del 29 % respecto al año anterior, pero sigue siendo alarmante.
La tala ilegal es uno de los motores principales de la deforestación en Colombia. Según un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, este delito representa el 46 % de la madera que se comercializa en el país. Además, está estrechamente ligado a actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
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La Amazonía, considerada el pulmón del mundo, sigue siendo una de las regiones más afectadas. Allí, las comunidades indígenas y campesinas siguen denunciando la destrucción de sus bosques y selvas y la amenaza a su forma de vida.
El Gobierno ha intensificado con éxito su lucha contra este flagelo a través del trabajo conjunto entre distintas instituciones que buscan combatir los delitos ambientales. Sin embargo, la tarea sigue siendo un reto, pues al ser la tala ilegal una economía que moviliza tanto dinero, es difícil hacerle frente.
“Cada árbol que perdemos representa un golpe para la biodiversidad, el agua que consumimos y el aire que respiramos. No podemos ser indiferentes a esta problemática”, afirmó Muhamad, quien también destacó la importancia de proteger a los líderes ambientales que han sido amenazados por enfrentar a las mafias de la madera.
La captura de esta red es un paso importante, pero no suficiente. El problema de la tala ilegal en Colombia es estructural y según las organizaciones ambientales, requiere medidas más contundentes y no solo capturas, para evitar que siga siendo una de las mayores amenazas para el medio ambiente.
