Los departamentos de Cauca, Valle y Nariño son por estos días el escenario de una confrontación armada que tiene en el medio a la población civil. Confinamientos y desplazamientos forzados son solo algunas de las consecuencias humanitarias que se advierten ante una arremetida de los grupos armados.
Eran las 11:00 de la mañana del domingo cuando los habitantes de la vereda El Damian, en Toribió (Cauca), escucharon el primer disparo. Las ráfagas de los fusiles se extendieron durante toda la tarde y cerca de 40 familias tuvieron que refugiarse de las balas en el salón comunal.
“Estamos protegiéndonos contra las paredes del salón comunal, pero los grupos armados no respetan. Las balas ya han impactado el piso y el techo”, reclamó un habitante en uno de los videos que compartió la comunidad.
Era un enfrentamiento entre el frente Dagoberto Ramos de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc y uniformados de la Tercera División del Ejército.
Los comandados por alias “Iván Mordisco”, entre tanto, comunicaban que había iniciado un plan de arremetida contra la Fuerza Pública.
“Esta es una respuesta reactiva ante la avanzada de la Fuerza Pública en el suroccidente del país después de la suspensión temporal del cese al fuego en esta zona. Esto se ve como una forma también de mostrar fuerza de cara a la mesa de negociación con el Gobierno Nacional”, le explicó a este diario Francisco Javier Daza, coordinador Paz y Posconflicto Fundación Pares.
Los disidentes del Estado Mayor Central (EMC) –que también libran combates con la Segunda Marquetalia y el ELN en esa zona del país– difundieron un comunicado en el que advierten a la población civil de sus ataques.
“Les pedimos a los ciudadanos que no estén cerca de patrullas militares, batallones, estaciones de Policía o cualquier otra unidad armada (...) lo que menos queremos es que en esta guerra fratricida que nos han impuesto caigan civiles”, alertaron.
La advertencia se da días después del atentado perpetrado el pasado jueves en las afueras del batallón Pichincha, un cantón militar de la Tercera Brigada del Ejército, ubicado en el barrio Meléndez de Cali. Se presume que el ataque sería autoría de las disidencias.
A ello se suma la masacre de cinco personas en un establecimiento ubicado en zona rural de Toro, en Valle. Hay una recompensa de $30 millones por los responsables.
Lo cierto es que el cese al fuego con el Estado Mayor Central está suspendido desde el 17 de marzo por orden del presidente Gustavo Petro. Desde entonces, las Fuerzas Militares han adelantado operativos para debilitar sus estructuras.
“A raiz del rompimiento al cese al fuego, hemos iniciado una serie de operaciones ofensivas contra varias de las estructuras guerrilleras. Hoy fue el turno de la estructura Dagoberto Ramos del EMC. Estos beligerantes se han apropiado del narcotráfico a través de la producción de marihuana y clorhidrato de cocaína”, señalo el general Wilson Martínez Londoño, Comandante Fuerza de Tarea Conjunta Titán, cuando entregó el balance de los enfrentamientos en el Cauca.
La disputa por el control de los negocios ilícitos, precisamente, llevó a que en esa región del país los disidentes del EMC sostengan enfrentamientos con el ELN y la Segunda Marquetalia.
