Propuesta de amnistías generales para los exguerrilleros no convence a la Procuraduría ni tampoco a la JEP
Continúa la polémica a raíz de la propuesta de crear una ley de punto final que reemplace a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En esta oportunidad, fue la misma Procuraduría la que se refirió a tal idea del ex secretariado de las Farc como “aberrante”.
Esta propuesta es una medida que básicamente implica amnistías generales para que termine la persecución penal contra los guerrilleros rasos, o de más bajo nivel, para que puedan rehacer sus vidas y dejar de comparecer ante la justicia.
Durante su intervención en la Audiencia de Observación de Víctimas del Subcaso Antioquia, el procurador delegado de Intervención ante la JEP, Jairo Acosta Aristizabal, señaló: “Hay quienes hoy en día piden que la JEP deje de existir y que hablemos de una ley de punto final. Nada más aberrante”.
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Para el funcionario es imposible que esta iniciativa se convierta en realidad dado el marco jurídico nacional e internacional, pero sobre todo “supondría la negación absoluta de todos los derechos de las víctimas”.
En su lugar, pidió que se escuchen las preocupaciones e inconformidades de víctimas y representantes con respecto a los resultados de la JEP para subsanarlas, pero también invitó a que se refuercen las competencias, las capacidades y las exigencias propias de la justicia transicional.
A su vez, envió un mensaje a los comparecientes: “Uno no se puede ir de esta vida sin reparar a las víctimas porque hay obligaciones jurídicas y obligaciones naturales”, añadió.
Acosta incluso mencionó a otros actores del sistema judicial, como lo es la Fiscalía, a la que le reclamó la suspensión de investigaciones, órdenes de captura, imputaciones, acusaciones, y llamados a condena.
“El firmar con el uniforme limpio, con las botas brillantes, con la chapa brillante y con las medallas brillantes, pero con el corazón sucio y las manos untadas es una contradicción y es algo que no puede ser perpetuo. No se vayan de esta vida con todo eso enlodado”, puntualizó el funcionario.
Recientemente La polémica “Ley de punto final” –que han propuesto los excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc– generó una grave alerta de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, quien aseguró que si los comparecientes siguen con esa idea podrían abrir la puerta a la Corte Penal Internacional, CPI.
Esta pelea reciente ha hecho discutir a los exFarc y a la JEP durante los últimos dos meses porque, según los exguerrilleros de las Farc, la Jurisdicción no está actuando como quedó pactado en el Acuerdo de Paz de 2016.
Dichas críticas han sido respondidas sin titubeos por la JEP asegurando que a los comparecientes no les corresponde ordenar “ni orientar” cómo debe funcionar la JEP, ni mucho menos “emitir órdenes”.
Por lo que el Tribunal amenazó que con que “aquellos comparecientes que se aparten de las decisiones de la JEP e incumplan de manera grave sus compromisos están sujetos a la pérdida de los beneficios y a la reactivación de las investigaciones, los procedimientos y las sanciones penales impuestas por la justicia ordinaria”.
