Según el informe remitido al Ministerio Público, la realidad es “preocupante”, ya que de las supuestas 1.184.630 hectáreas que referenciaban como formalizadas, lo que realmente ha sido adjudicado por el gobierno actual –con corte al 31 de agosto de 2023–, en realidad son 269.321 hectáreas.
La Procuraduría llegó a esta conclusión con la respuesta de la ANT en la que dijo que 641.727 hectáreas corresponden a la formalización y entrega de títulos resultado de la gestión de gobiernos anteriores.
Esto le permitió al ente de control confirmar que hubo una imprecisión y falta de transparencia en la entrega de indicadores, pues no correspondían al periodo actual ni a los establecidos para su seguimiento, especialmente los relacionados con el registro de tierras, adjudicaciones de bienes fiscales y formalizaciones de predios privados.
Finalmente, la Procuraduría confirmó que la información será revisada minuciosamente e incluida en el informe sobre el estado de avance de la implementación del Acuerdo de Paz que radicará en el Congreso de la República.
De esta manera, el Ministerio Público reiteró las acciones de seguimiento y control a los próximos reportes de la ANT, especialmente frente a la meta de los tres millones de hectáreas que deben entregarse a través del Fondo de Tierras y la de los siete millones de hectáreas que deben ser formalizadas.
La Procuraduría no descarta actuaciones disciplinarias que resulten procedentes por las “deficiencias en la información puesta a conocimiento de la ciudadanía”.
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