Ante el aumento indiscriminado de las extorsiones desde las cárceles del país, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Gobierno nacional para que ponga freno a esta situación.
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En ese sentido, el Ministerio Público propuso evaluar la creación de una Unidad Judicial Exclusiva Especializada e Interinstitucional para desarticular el flagelo de la extorsión carcelaria y extramural a nivel nacional.
Y es que para el ente de control resulta preocupante que este tipo de extorsión vaya en aumento, pues representa el 41 % de los delitos cometidos desde las cárceles.
El caso más alarmante ocurre en Tuluá, Valle del Cauca, en donde la banda delincuencial conocida como “La Inmaculada” viene azotando a comerciantes y empresarios de la región con la exigencia de gruesas sumas de dinero o de lo contrario sus establecimientos serán blanco de atentados.
“Es inadmisible que estas bandas delincan al interior de las cárceles colombianas. Por eso, hemos hecho un llamado a trabajar conjuntamente para encontrar soluciones rápidas y efectivas que permitan la reducción de este accionar criminal”, dijo el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento.
Desde la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos se ha hecho especial seguimiento a esta problemática y alerta que este delito corre el riesgo de extenderse a otras regiones del país.
Para la Procuraduría, la falta de operatividad del Gobierno y del INPEC se evidencia hasta en el mal funcionamiento de los equipos bloqueadores de señal, ya que de 22 instalados en igual número de penitenciarias solo funcionan dos.
En ese sentido, el ente de control disciplinario cuestiona que se permita el ingreso de elementos prohibidos a las prisiones bajo complicidad de guardias y sin recato de autoridad, dando oportunidad a los delincuentes para que amenacen la institucionalidad y a los ciudadanos estando tras las rejas.
“Es necesario que se intensifiquen los controles de ingreso a los establecimientos de reclusión y se utilicen las nuevas tecnologías para detectar los equipos móviles al interior de estos lugares”, agregó el procurador Sarmiento.
Ante las dificultades que presentan las entidades, la Procuraduría llama a los ministros de Defensa, Justicia, Tecnología y Comunicaciones y a las directivas del INPEC a que adopten mecanismos que solucionen esta grave problemática.
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