El Ministerio Público anunció una mesa de trabajo interinstitucional de alto nivel para definir medidas inmediatas y restablecer los derechos a la comunidad del asentamiento en el municipio de Maicao, La Guajira.
La Procuraduría anunció la creación de una mesa de trabajo interinstitucional de alto nivel para definir medidas inmediatas con el fin de restablecer los derechos a la comunidad del asentamiento de migrantes de La Pista, en el municipio de Maicao, La Guajira.
La decisión se tomó luego de que la Procuradora Margarita Cabello enviara a la zona una Comisión Especial para corroborar las precarias condiciones en las que viven más de 12.000 personas, sin acceso al agua, sin alcantarillado, servicios de salud, ni educación, y que afrontan amenazas permanentes de desalojo, tal y como lo verificó el Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento.
“Para la Procuraduría es urgente que se haga una caracterización de toda la población, y se planteen soluciones para estas 12.000 personas, iniciando por la definición si es posible que se queden o serán reubicados, para posteriormente buscar soluciones a la falta de agua potable, se evacuen las aguas negras y los cúmulos de basuras para garantizar la vida de esta comunidad y poder trazar un plan de acción para el restablecimiento de sus derechos”, aseguró Sarmiento.
Se formularán además requerimientos a las diferentes entidades nacionales responsables de la atención para que tomen cartas en el asunto y preparen planes de atención a presentar en la mesa de trabajo.
La premisa de esta comisión designada por el ente de control tiene la finalidad de verificar la información de la personería del municipio, donde existe una grave crisis sanitaria por contaminación de aguas negras, vertederos de basura cercanos y por las aguas estancadas, que generan cuadros infecciosos y criaderos de insectos transmisores de enfermedades como el dengue. Además, se registran altos niveles delincuenciales y consumo de drogas.
“Nuestra gran preocupación es la falta de acceso a servicios de salud, educación, alimentación, agua y saneamiento básico y la absoluta desatención del Estado frente a la realidad de esta población, que aumenta a diario y cuya vulnerabilidad es caldo de cultivo para que mafias y grupos ilegales presentes en la zona los instrumentalicen para realizar actividades de microtráfico, explotación sexual y laboral, como ocurre en otras regiones, donde los más afectados son los menores de edad y las mujeres”, explicó el procurador delegado para los derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte.
Posterior a esta visita, la Comisión presentará un informe al Despacho de la Procuradora General con base en el cual se definirán las acciones preventivas y disciplinarias a las que haya lugar con el fin de garantizar de manera inmediata los derechos de esta población vulnerable.
Desde hace siete años, las familias comenzaron a asentarse en lo que era el antiguo aeropuerto, de no más de 1.200 metros. Sin embargo, durante la pandemia se presentó una llegada masiva de migrantes venezolanos, colombianos retornados y de acogida —como los indígenas Wayú—, lo que agravó la situación.
Alrededor de 500 familias construyeron sus ranchos en ese terreno, que pasó a manos del municipio desde hace más de 30 años, cuando la aeronáutica decidió no renovar el contrato y cerrar definitivamente la pista.
Desde entonces, el número de familias no ha dejado de crecer: en solo un año hubo un aumento de 1.000 y ya son más de 3.000.
