Un juez de la República aprobó el principio de oportunidad alcanzado entre Juan Carlos Cáceres Bayona y la Fiscalía General de la Nación en el marco de la investigación por el escándalo conocido como Centros Poblados.
Cáceres Bayona fue beneficiado con inmunidad total a cambio de entregar información privilegiada sobre el desvío de recursos públicos mediante contratos irregulares con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Además, deberá devolver $12.000 millones y colaborar con la justicia como testigo clave en el proceso contra el contratista costeño Ottomar Lascarro.
El expediente contra Cáceres Bayona indica que era dueño de la empresa Nuovo Scurity y, junto a Emilio Tapia, tenía el control de todas las empresas que conformaban la Unión Temporal Centros Poblados: ICM Ingenieros, Intec de la Costa, Novotic y Omega Building SAS.
La Unión Temporal terminó por presentar documentos y se apropió ilícitamente de hasta 70.000 millones de pesos del anticipo de un billonario contrato que pretendía llevar conectividad de internet a las escuelas rurales del país.
La investigación de la Fiscalía indica que Cáceres se quedó con al menos 9.062 millones de pesos del anticipo que entregó el Ministerio TIC a Centros Poblados en 2021.
El principio de oportunidad entre Cáceres y la Fiscalía fue firmado el pasado 1 de agosto de 2024. De inmediato, la Agencia Jurídica del Estado –que hace las veces de representante de MinTIC, víctima en el proceso– pidió claridades porque en ese proceso podrían registrarse confusiones.
En su momento, la Agencia Jurídica cuestionó, por ejemplo, que se incluyera a Cáceres como testigo contra Luis Fernando Duque, un hombre que ya fue condenado por el caso Centros Poblados a 52 meses de prisión por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y peculado por apropiación.
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Otro de los puntos que inquietó a la Agencia Jurídica tiene que ver con el reintegro del dinero.
Inicialmente, el principio de oportunidad indicaba que Cáceres reintegraría 5.760 millones de pesos –todo entre noviembre de 2025 y diciembre de 2027–. Esta situación, advirtió la Agencia, implicaría una suspensión hasta noviembre del próximo año en este caso.
“¿Qué sucedería si para esta fecha Cáceres cumple con su deber de declarar y no reintegra la totalidad del dinero?”, cuestionó la Agencia.
