Alias 19, el integrante de la primera línea condenado por torturar a personas en las inmediaciones del Portal Américas de Transmilenio e, incluso, por atacar a policías durante el paro nacional, tiene en su poder un boleto que podría dejarlo en libertad. Él y otros detenidos en el marco de las manifestaciones de 2021 volverían a la vida civil con la medida del Gobierno de excarcelar a 230 reos antes de Navidad para darles la figura de “gestores de paz”.
Esa iniciativa es una promesa que el mismo presidente Gustavo Petro hizo el 19 de junio cuando ganó las elecciones y prometió liberar a las personas presas por participar en las protestas. El mandatario es el artífice de ese tiquete de entrada a la libertad para “19”.
Su nombre real es Sergio Pastor González y ya fue condenado por la Fiscalía a 14 años de prisión por los delitos de tortura y concierto para delinquir. El joven –de tatuajes en el rostro y cabello negro– es señalado de amarrar a un árbol a un hombre al que tildó de ser policía infiltrado, a quien luego roció con gasolina y amenazó con prenderle fuego mientras pasaba una candela cerca de su cuerpo amordazado.
Alias 19 fue el primer condenado por su sanguinario accionar en el Paro Nacional. Contra él y otros ocho integrantes de la primera línea ya hay sentencias condenatorias firmes emitidas por jueces.
Además, 171 personas que estuvieron en las movilizaciones están imputadas por un dosier de 20 delitos que van desde conductas menores como perturbación al servicio de transporte púbico (63 personas) hasta terrorismo (51), homicidio (28) y homicidio agravado (29).
El Gobierno niega que tenga una política para beneficiar delincuentes, pero la cantidad de delitos que se le atribuyen a los detenidos por las manifestaciones dejan ver que sus procesos sí han avanzado.
Más allá de esos 9 condenados, los procesos de otros 38 están en etapa de juicio y el ente acusador reporta un 87% de avance en el esclarecimiento de los casos.
“Todos los que vayan a ser objeto de la medida de suspensión siguen vinculados al proceso penal y tendrán que demostrar su inocencia, o los jueces tendrán que mostrar con la Fiscalía su responsabilidad en la sentencia final. La decisión será de los jueces, no de la Presidencia”, puntualizó el ministro del Interior, Alfonso Prada.
Larga lista de condenados
Otra que estaba en las filas de Alias 19 es Marcela Ivone Rodríguez, señalada de agredir a la Fuerza Púbica en el suroccidente de Bogotá. En esa primera tanda de condenados de los que delinquían con el encarcelado se leen, asimismo, los nombres de Johan Steven Sainea y Fernando Urrea. ¿Ellos podrán ser gestores de paz del Gobierno?
Desde la Presidencia no detallan si esos condenados estarán, o no, en el paquete de “gestores de paz” para la “paz total” del presidente Petro. Tampoco está claro cuántas personas señaladas por cometer delitos en el marco de las protestas del Paro Nacional terminarán quedando libres en el paquete de los gestores de paz, pero el gobierno está allanando el camino para que sean al menos 230 de ellos.
Esa cantidad dependerá de la tipología del delito, las condiciones en las que se dio la captura e imputaciones que se hayan hecho en la Fiscalía. El portavoz del Gobierno, Prada, aseguró que la selección se hará en una comisión integrada por su cartera, la de Justicia y el alto comisionado para la paz.
Para este lunes estaba agendada una reunión entre el Gobierno y el fiscal Francisco Barbosa en la que se iba a plantear ese tema, pero que terminó siendo cancelada porque Barbosa se enfermó de covid. Él mismo, en 2021, llevó a la cárcel a esas personas y ahora es citado por Petro para liberarlos.
Será en los pasillos del Palacio que se defina el futuro, entonces, de otros manifestantes como alias Papas. Su nombre real es Rolando Quintero Ramírez y estaba en Puerto Resistencia, el brazo de la Primera Línea en Cali, en el momento del paro nacional.
“Papas” es señalado por el ente acusador de aliarse con bandas de sicariato y microtráfico para enfrentarse a la Fuerza Pública; además, por su participación en el secuestro y la tortura de un teniente de la Policía Nacional, el homicidio de un vigilante y otros hechos de vandalismo.
Junto al Portal Américas de Bogotá, Puerto Resistencia en Cali fue uno de los puntos más álgidos de las protestas. “Los casos que hoy están en discusión son los que más avanzaron en el ente acusador, que tiene pruebas de que estas personas estaban metidas en cosas”, apunta desde el Valle del Cauca el investigador de seguridad, Alberto Sánchez.
Lo que sucedió en Cali va más allá de los integrantes de la primera línea, pues casos de capturadas como Camila Botero, alias Lucía, dejaron en los folios de las autoridades la posible participación de la guerrilla del ELN en los desmanes del paro. A ella se le señala de gestionar el apoyo logístico de los elenos a los marchantes en entrenamiento en manejo de explosivos y técnicas de combate urbano. Tenían una célula de entrenamiento militar.
La primera línea paralizó Cali durante al menos una semana en mayo de 2021. El que tuvo que sortear el caos de una ciudad que no podía movilizarse libremente por los bloqueos fue el alcalde Jorge Iván Ospina, quien pasó de criticar a ese grupo el año anterior a estar de acuerdo con las liberaciones que quiere hacer el presidente Petro.
Neiva es otra capital que tuvo un antes y un después de las manifestaciones. Allí Andrés Felipe Yara Vargas, alias Payaso, incitaba a la violencia en las marchas. Salía disfrazado de clown y tras su captura fue imputado por cinco delitos.
Mientras tanto, en Medellín Paula Andrea Arias Montoya, alias La Bruja, usaba vehículos de alta gama con placas oficiales para esconder a los señalados por delitos ocurridos en el Valle de Aburrá. Por ese accionar ya fue imputada por el cargo de financiación al terrorismo y fue detenida en un centro penitenciario de la capital antioqueña.
¿Petro se extralimita?
Aún no hay un decreto presidencial que deje claro los pormenores legales de las liberaciones, pero trascendió que el Gobierno quiere sustentar ese perdón social en artículo quinto de la ley de orden público, la misma que tramitó hace un mes en el Congreso para sentar las bases de su “paz total” y que está demandada ante la Corte Constitucional (ver facsímil).
Desde el Congreso advierten que ese marco normativo no le da la posibilidad al mandatario de liberar presuntos vándalos. El senador Humberto de la Calle asegura que “desde el punto de vista jurídico la ley de orden público no tiene ninguna norma que permita suspender procesos o la ejecución de la pena. Cuando el presidente habla de suspender órdenes de captura se está hablando de algo irrealizable”.
En el paquete de posibles liberados también podrían estar integrantes de la Fuerza Pública, pero en el Centro Democrático cuestionan que a los defensores de la patria se les aplique la misma medida que a los que marcharon. “Se ha dicho que la policía podría recibir una especie de indulto y está claro que los agentes de Estado no pueden recibir ese tipo de beneficios”, apuntó el representante José Jaime Uscátegui.
Petro prometió liberar a los de la primera línea desde que ganó la Presidencia y para hacerlo está utilizando todas las formas de lucha. En el Congreso la bancada del Pacto Histórico está tramitando una ley para indultarlos, semanas atrás se cayó un “mico” en la ley de orden público que planteaba darles esa amnistía y ahora es esa misma normativa para la paz total la que les daría el tiquete de salida de la cárcel.
El mismo mandatario ha sostenido que ellos son “presos políticos”, su consejera para la juventud, Gabriela Posso, es una funcionaria que marchó en 2021 durante el paro, pero los expedientes que tiene la Fiscalía contra sus protegidos de las protestas dan cuenta de un posible prontuario criminal .
El prontuario delictivo de un ‘combo’ de la primera línea
Sergio Pastor González, alias 19
Es el primer miembro de la Primera Línea condenado a 14 años de prisión por tortura y concierto para delinquir. Según el juzgado cuarto especializado de Bogotá dio la orden para retener, robar, desnudar, golpear y amarrar a un árbol a un carpintero de la zona a quien tildó de ser miembro de la Policía. Según testigos, ya habría realizado más actos de tortura a otras personas y articuló un campamento para abastecer a la Primera Línea de líquidos inflamables.
Marcela Rodríguez, sin alias
Integrante del grupo “Resistencia Portal Américas”. Junto con alias 19 participó en la tortura de un hombre en ese sector. Por eso, fue sentenciada a la misma pena de 14 años de prisión. En la investigación que se adelantó contra este grupo, se pudo establecer que Marcela también se agrupaba con otros cómplices para realizar coordinadamente distintos actos vandálicos contra la Fuerza Pública.
Johan Steven Sainea, sin alias
Estuvo implicado en los hechos de tortura contra el carpintero en el Portal Américas. Cayó en la misma investigación de alias 19 y le imputaron los mismos delitos de tortura y vandalismo. A él se le atribuyen los actos de amarrar y amenazar con quemar vivo al transeúnte, por lo que tendrá que pagar los mismos 14 años de cárcel que sus otros tres compañeros que participaron en el acto de sevicia.
Fernando Urrea, sin alias
Es el cuarto integrante del grupo de la Primera Línea liderado por alias 19. A parte de la condena que todos tendrán que pagar en la cárcel, también tendrán que saldar una multa de 1.549,99 salarios mínimos (unos $1.600 millones) y cumplir una inhabilidad de 175 meses para el ejercicio de funciones públicas. Participó en la tortura y en las reuniones donde se planeaban los ataques vandálicos contra la Policía.
Camila Botero, alias Lucía
Presunta integrante del ELN. Habría gestionado el aporte de 23 millones de pesos para la Primera Línea en Cali, Medellín y Pereira. Señalada de gestionar que integrantes del ELN entrenaran a los jóvenes en manejo de explosivos y técnicas de combate urbano. Alias Lucía sería uno de los brazos armados de la Primera Línea en esas ciudades. Se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, rebelión y falsedad material en documento público.
Andrés Felipe Yara, alias Retazos Clown
Conocido como “Retazos Clown”. Según la Fiscalía, se trata de un hombre que se disfrazaba de payaso para incitar a que la violencia aumentara y se burlaba de las víctimas. Es señalado de pertenecer a la Primera Línea durante las manifestaciones en el 2021, y fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, perturbación de servicio de transporte público y obstrucción a vías públicas.
Paula Andrea Rojas, alias La Bruja
Integrante de la Primera Línea Aburrá Norte. Al parecer, obtenía dinero para financiar los actos vandálicos y brindaba apoyo logístico a las personas detenidas. Según la Fiscalía, usaba vehículos oficiales para transportar a los responsables de hechos violentos y ocultarlos de las autoridades. A ese mismo grupo se le atribuyó la instrumentalización de niñas, niños y adolescentes. A “La Bruja” se le imputó el delito de financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada en Medellín.
Rolando Quintero, alias Papas
Acusado por actos de violencia y vandalismo para sabotear las protestas en Cali durante el Paro Nacional. Se alió con bandas de sicariato y microtráfico para confrontar a la fuerza pública. Es señalado como el principal articulador de un grupo que secuestró y torturó a un teniente de la Policía. Se le atribuye el asesinato de un presunto integrante de su mismo grupo y el de un vigilante que impedía el robo a un cajero. A todo esto se le suma el daño a bienes públicos con bombas molotov.
