Tras la cancelación de la cita inicial el pasado lunes, el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López se reunieron en la Casa de Nariño para discutir el futuro de las obras de la primera línea del Metro de Bogotá.
En el encuentro el consorcio chino al que fue adjudicado expuso cinco propuestas de ejecución del proyecto en la que se pasa de un tramo elevado a uno subterráneo y todas ellas implicarían un costo adicional de entre 8 y 17 billones de pesos. Además, se retrasaría su entrada en operación, pues ya no iniciaría en 2028 sino en 2035.
En ese punto radica una de las diferencias entre el Gobierno Nacional y el capitalino, pues López defiende el proyecto como se está ejecutando (línea elevada) y que permitiría una entrada en operación en 2028, como estaba previsto desde el inicio. Sin embargo, el jefe de Estado insiste en que un tramo sea subterráneo, idea en la que se sostuvo en la reunión de anoche con la mandataria local.
López explicó que de las cinco propuestas planteadas por el consorcio chino, recomendó una por su viabilidad técnica, económica y financiera y tienen que ver con la extensión de la primera línea del metro de la calle 72 a la 100 y que solo sea subterránea en tres estaciones adicionales, lo que implicaría 3,9 kilómetros de trazado extra.
“Esa opción la recomienda el concesionario por razones jurídicas, porque no modifica el objeto del contrato y tiene menos riesgos jurídicos e institucionales. No superaría una eventual adición del 50% del valor original y porque añadiría valor agregado en términos de que integraría mayor demanda de pasajeros servidos, cerca de 20 mil pasajeros adicionales”, explicó la mandataria local.
Así mismo, indicó que el consorcio descartó otras tres propuestas por razones jurídicas y de mayor valor. “Y una la considera viable porque cabe dentro del 50% adicional, pero no viable jurídicamente que consistiría en subterranizar de la primera (de Mayo) a la calle 72 por la (avenida) Caracas”.
Pese al panorama y las implicaciones de cambiar el objeto del contrato y los sobrecostos, el presidente se sostuvo en que sí es posible modificar el objeto del contrato para que una parte de la línea 1 sea subterránea, así lo indicó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien aseguró que el mandatario quiere “un metro que responda al impacto urbanístico en esa zona de la Avenida Caracas, una zona muy poblada, una zona que exige tener un metro que vaya bajo tierra”.
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En cualquier caso, el cambio del metro de elevado a subterráneo implicaría unos costos adicionales que la alcaldesa de Bogotá aseguró que el distrito no podría financiar, y la ley contempla que la cofinanciación del Gobierno nacional no puede ser de más del 70%.
El ministro Reyes dijo que el presidente aseguró que se puede modificar esa norma en el Plan de Desarrollo que será presentado en el Congreso en las sesiones extraordinarias del próximo 6 de febrero, y con esa modificación el Gobierno podría financiar la totalidad de los recursos adicionales que se necesitan para que parte de la primera línea del metro sea subterráneo.
Para avanzar en dicha opción, que tanto la Alcaldía de Bogotá y el consorcio chino observan con prudencia, el jefe de Estado solicitó dos conceptos jurídicos con los cuales se podría modificar el objeto del contrato. Además, se organizarán dos mesas de trabajo, una jurídica y otra técnica y financiera para analizar dicha modificación.
“Los conceptos obtenidos los compartiremos con la Alcaldía y el concesionario, pues vamos a hacer este análisis a la mayor brevedad posible, con seriedad, con responsabilidad”, expresó el ministro Reyes.
El jefe de cartera aclaró que lo acordado en la reunión de este miércoles no va a afectar los trabajos del sistema que ya se adelantan en la calle 72 y el patio taller.
“Sí o sí, va a haber metro. Sí o sí, el metro sigue sus obras. Y sí o sí, el presidente insiste en la subterranización de una parte de la línea 1, y vamos a esperar el resultado del análisis jurídico y el financiero”, concluyó Reyes.
Procuraduría advierte riesgos ante posible modificación a contrato
Una vez conocidas las conclusiones del encuentro entre el Gobierno nacional con la Alcaldía de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación advirtió de los “graves riesgos” que puede tener la obra ante posibles modificaciones del contrato.
Para el Ministerio Público, los riesgos se verían representados en los impactos que se generarían por dichas modificaciones con mayores plazos en la ejecución del proyecto, incremento de precios en diseños y construcción, volatilidad del dólar, incertidumbre sobre la destinación del gran número de predios que ya fueron adquiridos y pagados para la construcción del metro elevado”.
Así mismo advierte sobre un posible detrimento patrimonial y “vulneraciones al principio de planeación contractual” y afectaciones a la movilidad de los habitantes de Bogotá.
Por eso, el ente de control anunció que revisará los conceptos e informes en los que se plantea una modificación del objeto del contrato de concesión.
