En época de elecciones, los alcaldes, gobernadores y funcionarios juegan al límite para apoyar a sus candidatos, a tal punto que su respaldo se vuelve evidente, como ocurrió en las pasadas elecciones cuando la Procuraduría suspendió y les abrió investigaciones a mandatarios (ver recuadro).
Pues bien, un proyecto que inicia su trámite en el Congreso, permitiría la participación abierta de estos servidores.
De esta forma, para Juan Diego Echavarría, uno de los congresistas que radicó la iniciativa, lo que se busca es “acabar con la doble moral que existe. Dicen que ningún funcionario público participa, pero en la realidad es lo contrario, la gente que trabaja en la administración es política”.
La Constitución, en el artículo 127, afirmó que “los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas”.
Sin embargo, a pesar de ello, las elecciones se vieron permeadas por la constante participación de funcionarios, hubo 8.229 quejas por delitos electorales; de ellas, el 13 %, es decir, 1.069 fueron por intervención en política de los servidores públicos, según el informe del 28 de octubre del Ministerio del Interior en la plataforma Uriel.
Como ejemplo se tiene la apertura de investigaciones y suspensión como la de Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, y la apertura de oficio de indagación, de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, entre otros.
El proyecto afirma que los servidores que cuenten con autorización legal podrán inscribir militancia o registrarse a un partido o movimiento, participar en la elaboración de documentos institucionales o de campaña, usar prendas, distintivos o publicidad de las colectividades y socializar propaganda y publicidad, entre otros.
No obstante, no permite la libertad absoluta. Según la iniciativa, tendrá un límite y es prohibido aceptar vocerías del partido, coaccionar o influenciar a servidores o particulares con el ejercicio del voto u otras causas o intereses electorales, usar bienes fiscales en actividades o controversias políticas.
