Aunque los analistas coinciden en que Jorge Armando Otálora hizo bien la tarea como defensor, el escándalo del presunto acoso laboral y sexual en el que se vio implicado en las últimas semanas no sólo derrumbó su carrera, sino que dejó en jaque a la institución.
Más allá de esto, Otálora se sumó —aunque se ha advertido que debería haber renunciado antes— a la lista corta de políticos y funcionarios públicos que renuncian en medio de un escándalo, pues la gran mayoría sortean la tormenta desde el poder.
En ese sentido, vale la pena preguntarse, ¿por qué es atractivo para muchos políticos mantenerse en el cargo con un escándalo encima? ¿por qué algunos escándalos no trascienden en los medios a pesar de ser graves? ¿cuál es el responsabilidad política de quienes tienen el poder?
Los analistas consultados por EL COLOMBIANO coincidieron al señalar que la permanencia en el poder les da ventajas en la defensa ya que tienen a su favor la estructura del Estado y con esto a un puñado de funcionarios que pueden trabajar en función de torear el escándalo. Además, advirtieron de la responsabilidad de los medios al hacer suya la agenda política y de no ocuparse tan decididamente en temas que involucren a la ciudadanía y a la opinión pública.
Uno de los escándalos más sonados fue hace dos décadas con el proceso 8.000 y la no renuncia del presidente Ernesto Samper, al que se le suman recientemente casos que tienen a la opinión pública agitada como el del fiscal Eduardo Montealegre y los contratos a la periodista Natalia Springer, el del general Rodolfo Palomino y las denuncias de un supuesto acoso sexual, así como el recordado caso del entonces representante Simón Gaviria, quien aceptó no haber leído la fallida reforma a la Justicia.
Fernando Giraldo, profesor y politólogo de la Universidad Javeriana, explica que esto sucede por la debilidad de las instituciones y la falta de responsabilidad política de quienes las dirigen, ya que en Colombia “parece que hace parte una cultura política, la falta de transparencia y de no rendición de cuentas en el ejercicio de un cargo. Los servidores públicos se sienten con súper poderes y creen que no le tienen que explicar a nadie nada”.
Para Giraldo, este es un síntoma que evidencia que la sociedad está permeada por la corrupción, “la indolencia, la ignominia y entonces, pase lo que pase, no pasa nada, no va a trascender nada. Se arman escándalos, situaciones que son lamentables y no pasa absolutamente nada. Aunque debo decir que así como los medios y los partidos políticos pidieron con tanta vehemencia y fuerza la salida defensor, no entiendo por qué en otros casos no, créame que los otros no son menos graves, son gravísimos”.
Además, insiste en que debido a que en algunos casos los medios han jugado un papel importante en el escándalo, los políticos utilizan eso y saben que dejarán, en cualquier momento, de estar en la agenda. “El problema es que cada uno se aferra a su cargo hasta el último momento para ver si su caso es opacado por una noticia nueva al día siguiente u ocho días después, como este es un país de prensa, el escándalo de ayer queda tapado con el de hoy y así, así todos los días. Hay una crisis profunda en la sociedad colombiana que tiene que ver con problemas políticos y de corrupción, pero también de responsabilidad, de cultura y de ética”.
Para el académico, este tipo de situaciones evidencian que la sociedad colombiana está en construcción en la búsqueda de valores, por eso insiste en que también los medios deben revisar sus agendas. “Le reitero, las preguntas que yo le hago a los medios de comunicación son ¿por qué se preocupan tanto por la caída del defensor? ¿por qué no es relevante el acoso laboral del procurador a cientos de personas por sus condiciones ideológicas o religiosas o porque consumen sustancias alucinógenas o porque son gay o porque van a adoptar niños. Eso no le corresponde al procurador, y eso es un acoso y parece que hay complacencia. Y los medios guardan silencio”.
En ese sentido, agrega, que aunque no le cabe duda de que el defensor deberá responder y dar las explicaciones sobre el caso, subraya que tiene la impresión que a veces la agenda informativa “tiene más vehemencia cuando corresponde con la agenda del poder político, es decir, considero que los medios a unos temas le ponen más atención que a otros, a veces no es solamente de forma sino que opinan y juzgan”.
En ese orden, Germán Ortiz, profesor de periodismo e integrante del Observatorio de Libertad de Expresión de la Universidad del Rosario, destaca que durante los últimos meses ha habido una actitud de la prensa en relación con el poder público que está muy del lado del activismo. “El debate de fondo es la actitud que la prensa ha asumido frente al poder. Eso es el activismo, pero no el activismo en pro de una campaña sino de un interés público que redunda en la protección al erario público”.
Agrega que los medios tienen que tener claro su rol en la defensa del interés público. “Seguramente habrá mucha crítica, muchas opiniones en contra de lo que están haciendo los medios y por eso dicen que muchos de los casos son mediáticos, pero la tarea de los medios es denunciar e investigar a los personajes de la vida pública. El buen periodismo es eso, no puede estar pensando en lo mismo que piensan los gobiernos o con su misma agenda”. Explica que efectivamente hay casos que no son tan vistosos como noticia y por eso coincide en que todos los escándalos deberían tener igual trascendencia en la agenda mediática, sin juzgamiento.
¿Responsabilidad política?
Hernán Olano, abogado, profesor de la Universidad de la Sabana, advierte que más allá del tema periodístico, estos personajes no renuncian porque están convencidos de que el artículo 29 de la Constitución los salvará y es la presunción de inocencia. “Tienen todas las garantías porque el sistema jurídico habla de esa presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, por eso se quedan”.
Por su parte, el profesor de derecho constitucional de la Universidad del Rosario, Manuel Quinche, manifiesta que en Colombia parecería que resulta más grave en la resonancia de la gente la eventual infracción relacionada con género que asuntos graves relacionados con la contratación pública, con el manejo de dineros públicos o la comisión de crímenes.
“En el caso del defensor el punto sensible era el acoso laboral porque maltratar a los subalternos, gritarlos, decirles groserías es una conducta muy grave. Pero el escándalo se focalizó en el tipo de relación que se daba con quien parecería que fuera su novia, ahí se puso el foco y las solicitudes públicas de renuncia se hicieron respecto a ese punto más que del maltrato a los subalternos”, dice el profesor y subraya que le causa impresión que tengan más resonancia asuntos relacionados con eventuales relaciones afectivas que con fallas en el servicio, es más, puntualiza que su labor como defensor ni siquiera ha pesado en el debate.
Por último, Juan Carlos Escobar, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, indica que probablemente muchos de estos personajes han considerado que no es bueno renunciar porque les quitaría posibilidades de continuar una carrera política. “Hay un asunto de ego político que genera una idea que al estar en el poder puedan estar blindados y por eso se atornillan” .
