En medio de la controversia por la firma de dos millonarios contratos por más de $70.888 millones para renovar el mobiliario en la Cámara de Representantes, este lunes la mesa directiva de la Corporación –en cabeza del saliente presidente Andrés Calle–, sostuvo que el congresista ni los demás miembros que están al frente de la Cámara estuvieron involucrados en esa contratación. En esa línea, explicaron que las decisiones contractuales son potestad de la Dirección Administrativa.
La polémica se desató tras las denuncias de la millonaria contratación para labores logísticas en esa Corporación, como cambio de la iluminación, adquisición de nuevas sillas, pantallas y sistema documental. Sin embargo, según denunció el concejal de Bogotá Daniel Briceño (Centro Democrático), el proceso se realizó sin hacer una licitación, en pleno receso y días antes de que Calle entregue la Presidencia de la Cámara.
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“La modalidad usada por la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes para saltarse la licitación de estas costosas contrataciones fue el contrato de comisión, con este casi de forma directa se contrata una empresa para que esta seleccione al contratista”, reclamó el cabildante.
Ante ello, Calle –secundado por Fernando Niño, primer vicepresidente, y Juan Fernando Espinal, segundo vicepresidente–, manifestó que la contratación pública es competencia exclusiva de la Dirección Administrativa. “Si bien el presidente de la Cámara es el representante legal de manera excepcional frente a las demás entidades del sector público, no tiene la competencia de contratar, al igual que no la tienen los demás miembros de la mesa directiva”.
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Según el congresista, la Dirección Administrativa de la Cámara tiene autonomía financiera y de ejecución, no depende de la mesa directiva y sus decisiones “no requieren tener el visto bueno de ninguno de los miembros de la mesa directiva (...) Además, su elección es por convocatoria pública que debe ser legitimada por la plenaria de la Cámara para un periodo de dos legislaturas”.
El primer contrato suscrito por la Dirección Administrativa es por $33.705 millones, ideado para mejorar la arquitectura tecnológica de la Cámara de Representantes, por lo que busca cambiar la iluminación, sillas, micrófonos, pantallas led y sistemas de refrigeración de algunos sectores de la Cámara.
Según el contrato, dos pantallas led alcanzaron un costo de $1.424.489.500; una cámara profesional de televisión por $46.697.980. “Las nuevas luces ‘tipo estudio’ del Salón Boyacá le costarán a los colombianos más de $345.000.000”, dice la denuncia.
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En cuanto al segundo contrato, celebrado también mediante la figura de contrato por comisión, su valor fue de $37.211 millones. Con este se busca el “mejoramiento del sistema documental de la Cámara de Representantes”. Para el concejal, resulta llamativo que más de $1.237 millones hayan sido destinados a ‘socializaciones’ y ‘sensibilizaciones’.