Un concepto emitido por Función Pública se sumó a la controversia desatada por la permanencia de Augusto Rodríguez como director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La polémica, según reclamó días atrás un sindicato de la entidad, está relacionada con que, tras cumplir 70 años, el director debería ser apartado por haber alcanzado la edad de retiro forzoso que dispone la ley.
El documento –dirigido a Yesid Barragán Ríos, presidente de la Organización Sindical ASEP (Asociación Sindical de Empleados de la Protección)–, señala que, en el caso de los directores de unidades administrativas especiales, la edad de retiro forzoso es de 70 años. Ello implica que quienes han cumplido con esta edad “deberán ser retirados del servicio por encontrarse inhabilitados para desempeñar cargos públicos”.
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“En criterio de esta Dirección Jurídica, a los directores de unidades administrativas especiales les aplica la edad de retiro forzoso de 70 años, como causal objetiva retiro del servicio, conforme a lo dispuesto en la Ley 1821 de 2016 en concordancia con la Ley 909 de 2004”, indica el concepto de Función Pública.
Ante la controversia, la Unidad Nacional de Protección emitió un comunicado en el que calificó la consulta elevada por el sindicato como “amañada” y reclamó que en ella no se informó a Función Pública que “la UNP es una entidad descentralizada y que, por lo tanto, está exenta de cumplir con la norma del retiro forzoso”.
En ese sentido, explicaron que una situación similar se presentó en su momento con las direcciones del Invima, a cargo de Francisco Rossi, o la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), en cabeza de Félix León Martínez.
La semana pasada, el dirigente sindical Yesid Barragán le dijo a EL COLOMBIANO que pusieron “en las manos del ministro del Interior esta solicitud y la ley da 10 días para que él responda, estaremos atentos. Si es positiva, bienvenida sea por el bienestar institucional (...) si la respuesta es negativa procederemos con la acción de cumplimiento para que un juez ordene que se cumpla la ley”.
Lo cierto es que el director de la UNP no es un funcionario cualquiera del Gobierno de Gustavo Petro. La relación de cercanía y lealtad entre el mandatario y Rodríguez data de los años en los que ambos compartían militancia en la guerrilla del M-19.
La confianza que el mandatario ha depositado en su compañero de luchas es tal que en plena crisis de Gobierno en junio de 2023 –tras la controvertida salida de su entonces jefe de gabinete, Laura Sarabia– Rodríguez asumió informalmente sus tareas e incluso, lo acompañó en varios viajes.
“Debo decir que tengo con el presidente de la República un trabajo y una cercanía de cerca de 30 años. Hemos construido proyecto, hemos luchado juntos, sueños... La lucha nuestra, que fue la que aprendimos en la militancia en otra época en el M-19, sencillamente cambió las armas y decidimos que con las urnas, con los mismos propósitos y ganas, podríamos transformar el país”, sostuvo Rodríguez durante el Consejo de Ministros de principios de marzo.
Rodríguez fue uno de los asesores de cabecera del entonces congresista durante toda su trayectoria legislativa por más de una década. Según un perfil que realizó La Silla Vacía, se conocieron en plena desmovilización del M-19 a principios de la década del 90 y afianzaron una relación que llevó a Rodríguez –un ingeniero químico de profesión– a ser estratega de varias campañas del hoy jefe de Estado.
Esa experiencia política, el hoy director la adquirió desde que decidió acompañar al entonces candidato presidencial Antonio Navarro en 1994 como coordinador de su campaña. Desde allí, Petro vio sus capacidades y años después lo “reclutó” para integrar su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), donde jugó un rol clave en las investigaciones y pesquisas alrededor de la relación entre paramilitares y políticos.
“(Cuenta) con amplia experiencia en control político ejercidos sobre el ámbito de las administraciones nacional y regionales desde el Congreso de la República, principalmente en la investigación sobre corrupción y delitos contra la administración pública. Investigaciones sobre delitos contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia”, reseña en su página web la UNP sobre el hoy director.
Posteriormente, cuando Petro llegó a la Alcaldía de Bogotá, Rodríguez sonó para ser viceveedor distrital, aunque finalmente terminó como asesor de despacho. Luego, en las apuestas presidenciales de Petro, fungió también como asesor de campaña, sin dejar de lado ese rol de investigador que lo llevó a identificar potenciales riesgos como el ingreso de los recursos de alias Papa Pitufo.
Tras el triunfo que lo llevó a la Casa de Nariño, Petro nombró a Augusto Rodríguez como director de la UNP, una entidad de primer orden encargada de velar por la custodia y protección de dirigentes, líderes sociales o víctimas en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal.
Dada su cercanía a Petro y su rol férreo, Rodríguez fue señalado de librar una guerra interna en Palacio con la hoy canciller Laura Sarabia. Como lo contó EL COLOMBIANO en su momento, un grupo de los más cercanos al presidente provenientes del M-19 sentían que el proyecto político de su vida quedó en manos de una persona que llegó de casualidad a trabajar con Petro y que habría tejido alianzas con opositores irrestrictos del primer mandatario. En respuesta, desde el ala de Sarabia reclamaron por filtraciones que rayaban en la infamia.
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