Este viernes 4 de agosto en horas de la mañana, el presidente Gustavo Petro, anunció que ha “otorgado poder al conjuez de la Sala de Casación Pena de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, para que me represente”, después de convertirse en uno de los protagonistas que tienen envuelto a su hijo en serios problemas judiciales, tras haber sido acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por la Fiscalía.
Pero, además de anunciar el nombre del apoderado del caso que podría empezar a rodar en su contra, también manifestó que recibe con dolor la noticia de que a su campaña en la Costa, ingresaron dineros de dudosa procedencia.
“Recibo con dolor, a nivel personal, las informaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la Costa”, asegura el presidente Petro.
En su anunció también reiteró que pese al oscuro panorama político en el que se encuentra, abandonará sus funciones presidenciales, como lo señaló el jueves en uno de sus discursos, porque “nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra las formas de corrupción, y el gobierno continuará sin distracciones su tarea y compromiso por una Colombia mejor”, apuntó.
Por tanto, el jefe de Estado es enfático en que solo su gobierno “se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más”, dijo Petro acerca de las declaraciones que dio en interrogatorio su hijo, Nicolás Petro Burgos y su exposa Dayisuris Vásquez.
Lo anterior, después de que Petro Burgos admitiera que a la campaña de su padre en 2022, ingresaron dineros de un antiguo capo del narcotráfico, Samuel Santander Lopesierra de Maicao, La Guajira, aspirante a la alcaldía de ese municipio; y otras personalidades cuestionables como el hijo de Alfoso “el turco” Hilsaca. Así como de Óscar Camacho en calidad de empresario poderoso.
Las acusaciones contra la expareja son tan graves que solamente por lavado de activos podrían llegar a pagar una condena de entre 10 y 30 años de prisión, y por enriquecimiento ilícito de 9 a 15 años.
Es así que la Fiscalía ya imputó ante el Juzgado Penal 74 con funciones de control de garantías, a la exposa de Petro Burgos, Daysuris Vásquez, no solo por el delito de lavado de activos, también por la violación de datos personales, delito que tiene una pena mínima de cuatro años y una máxima de 6.
