El fantasma de una Asamblea Nacional Constituyente volvió a posarse sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien este viernes, desde Cali, dio un largo discurso en el que no solo dejó ver su molestia por el más que probable hundimiento de su proyecto de reforma a la salud en el Congreso, sino que agitó el panorama político al asegurar que “Colombia debe ir hacia una Asamblea Nacional Constituyente, (...) el triunfo popular de 2022 se respeta”, expresó.
“Colombia cambia si cambia su sistema de salud, si cambia su sistema laboral (...) fui ingenuo convocando a fuerzas políticas que perdieron, estaban ahí para aprovechar el puesto. Equivocación del presidente, de nadie más, por ingenuo, por creer que al ganar uno tiene que ser bondadoso. (...) les propuse un acuerdo nacional, ya no solo para el Gobierno, sino para la sociedad colombiana (...) a quienes asesinaron a 6402 jóvenes, a quienes hicieron este país tan injusto”, expresó Petro en un discurso sin pausa de una hora frente a indígenas y jóvenes en el lugar que se convirtió en símbolo por las protestas que terminaron en violencia en Puerto Rellena durante el llamado estallido social.
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Desde el Congreso, donde las reformas sociales del jefe de Estado han sufrido un estancamiento, las declaraciones del primer mandatario, desataron todo tipo de reacciones y advertencias.
“Diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles. Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va a arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres”, manifestó el viernes mandatario.
El planteamiento de Petro tiene su propio resorte en la Constitución Política de 1991, que en su artículo 375 establece que la Carta Magna puede ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o mediante referendo popular. Para convocar una Asamblea Constituyente y llevar a cabo la modificación constitucional, tanto el Senado como la Cámara de Representantes deben aprobar una ley que convoque a elecciones en las que los ciudadanos decidan sobre la pertinencia de establecer dicha Asamblea.
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El artículo 376 de la misma Constitución va más allá al disponer que es el pueblo quien decide en votación popular si desea convocar una Asamblea Constituyente. La ley para llamar a las urnas a los colombianos tendría que ser aprobada por la mayoría de los miembros de las dos Cámaras y, antes de ser sancionada, tendría que surtir un control constitucional en la Corte Constitucional.
Así que, para empezar, Petro tendría que contar con el apoyo del Congreso, sí, el mismo del que se queja por el estancamiento de los planes de reforma que ha impulsado desde su gobierno. El mandatario tampoco tiene respaldo pleno en la Corte Constitucional, que ha dejado sin peso jurídico en más de una ocasión los proyectos bandera del presidente, comenzando con la propia “paz total”.
Además, para que exista la necesidad de reformar una Constitución, debe existir una necesidad de reivindicaciones de derechos humanos, garantías y libertades, como lo fue en el caso en 1991, que marcó un cambio profundo en asuntos como los principios rectores para las ramas del Poder Público, el derecho a la intimidad personal con respecto a la información de las bases de datos, la extradición de nacionales, la pena de muerte, y creó figuras como la acción de tutela, la Corte Constitucional y concedió gran importancia a la diversidad, se reconocieron constitucionalmente las diferencias étnicas y en un sentido más amplio la diversidad.
El camino a la Constituyente del 91 fue en esencia una reacción de la ciudadanía. En su surgimiento tuvo mucho que ver la mesa de negociaciones entre el Gobierno de Belisario Betancur y el EPL, y retomada por un gran movimiento estudiantil, que surgió en medio de la campaña presidencial para las elecciones de 1990. Constituyentes de distintas orientaciones políticas debatieron a lo largo de cinco meses un articulado progresista que reemplazaría los mandatos de la Constitución de 1886, teniendo como cortina las violencias del narcotráfico y las guerrillas.
Justamente, uno de los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que se instaló el 5 de febrero de 1991, Navarro Wolff, de la Alianza Democrática M-19, reaccionó anoche a la propuesta de Petro. “No luce necesaria una nueva Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos”, dijo el también exgobernador de Nariño y único padre de la Constituyente que sigue con vida (Álvaro Gómez y Horacio Serpa ya fallecieron).
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En al menos tres oportunidades, Petro ha dicho que fue parte de la Asamblea Nacional Constituyente que le dio vida a la Constitución de 1991. Sin embargo, fue el propio Wolff el encargado de desmentirlo, y como le dijo a EL COLOMBIANO en 2022, el hoy presidente del país no estuvo en ninguno de los grupos que se conformaron para renovar la carta política colombiana tras la desmovilización del M-19.
Además, en la enciclopedia del Banco de la República el nombre de Petro no aparece entre los 70 constituyentes elegidos por voto popular. Así que puede que Petro haya ido en algún momento a cualquiera de las sesiones que tuvo la Constituyente en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en el Hotel Tequendama o en el Capitolio, en Bogotá, pero como público y no como miembro activo.
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El senador Humberto de la Calle, padre de la Constitución Política que rige los destinos de la Nación desde hace tres décadas, cuestionó también el argumento con el que el presidente Petro invocó la Constituyente y planteó que el cambio que debería buscar el mandatario debería ser en su propia manera de gobernar y no en la Carta Magna.
“La causa que alega el Presidente para convocar una constituyente es la imposibilidad de cumplir la Constitución, según su propio dicho. El argumento es débil. Si fuese cierto, no es la Constitución la que hay que cambiar, sino la forma de gobernar”, dijo en un comunicado más extenso, en el que reiteró que “la Constitución no es lo que el Presidente quiere que sea. Ella contiene pesos y contrapesos. Lo que ha fallado es la capacidad del gobierno de conducir el país dentro de un esquema de búsqueda de acuerdos razonables”.
“La debilidad del argumento hace temer que se trate más bien de una cortina de humo. El más grave problema nacional es la inseguridad y la pérdida de control territorial. Eso exige una estrategia, no un cambio constitucional. Además, quien garantiza que en estas circunstancias el resultado sea regresivo y que se pierdan avances importantes”, analizó.
El congresista advirtió que para aprobar una Constituyente se requiere ley y dos convocatorias al pueblo. Este camino, a su juicio, indicaría que los dos años que faltan del gobierno de Petro estarán dirigidos no a gobernar con eficacia y serenidad, sino a preparar desde ahora el escenario del 2026. “En todo caso, es en el Congreso donde se resolverá esta iniciativa y ahí estaremos dispuestos a debatirla con espíritu nacional”, concluyó.
