No fueron suficientes los llamados y alertas emitidas por autoridades judiciales ni los reparos de varios sectores políticos: el presidente Gustavo Petro les cumplió con el aguinaldo a procesados por delitos durante las protestas de 2021, y la próxima semana, siete de ellos quedarán en libertad justo antes de Nochebuena y en medio de varias demandas que pretenden reversar el proceso. ¿Quiénes son los liberados? ¿Por qué delitos responden? ¿Cuál será el rol preciso que desempeñarán?
Se trata de siete jóvenes (ver recuadros abajo) a quienes el Ejecutivo les otorgó la figura de “voceros de paz” y que, en un intento por mitigar las críticas ante su excarcelación, presentó como personas “reconocidas por su liderazgo social y su trabajo comunitario”, enmarcándolas además como “indígenas, campesinos, estudiantes y defensores de causas animalistas”.
En ese sentido, aclaró que su vinculación a la Primera Línea “no aparece en su expediente” y que no hay en su contra cargos por delitos de lesa humanidad, homicidios o tortura. Incluso, el Gobierno fue más allá y ofreció un estratégico y selectivo perfil de cada uno de los procesados, en los que trató de preponderar su dimensión humana y gestiones a favor la convivencia. Sobre uno de ellos escribieron: “Ha colaborado en jornadas de recolección y entrega de juguetes y ropa para niños. Ayudó a pintar y reparar un parque infantil público”.
Sin embargo, son cinco hombres y dos mujeres procesados por su presunta responsabilidad en delitos como concierto para delinquir; tenencia de objetos y sustancias peligrosas; violencia contra servidor público; invasión de bienes inmuebles; perturbación de servicios de transporte, y obstrucción de vías.
Por estos hechos, a cuatro de ellos la Justicia los envió a prisión de forma preventiva, mientras que los tres restantes gozaban de detención domiciliaria.
De hecho, ayer se conoció otra demanda interpuesta ante la Corte Constitucional, para hacerle frente a la liberación de los procesados por violación a la separación de poderes, al debido proceso y a la igualdad ante la justicia. “Esta función de retiro de órdenes de captura de las personas que presuntamente hayan cometido algún delito es del resorte de la Rama Judicial”, dice el recurso.
¿Qué rol tendrán?
Los nombres de quienes recobrarán la libertad fueron revelados en una rueda de prensa convocada a primera hora del viernes, liderada por los ministros del Interior; Alfonso Prada; de Justicia, Néstor Osuna y de Defensa, Iván Velásquez; así como por Mauricio Lizcano, director del DAPRE (Departamento Administrativo de la Presidencia) y la Secretaría Técnica del Alto Comisionado de Paz.
Se trata, justamente, de los integrantes de la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana. Dicha instancia, creada bajo el Decreto 2422, fue la que estudió los nombres de más de 283 personas judicializadas por supuestos delitos durante el estallido social del año pasado, para que el presidente Gustavo Petro seleccionara y les otorgara el rol de “voceros de paz”, como en efecto sucedió en la noche del jueves. .
Lo anterior, para que no solo recobren la libertad, sino para que participen en los diálogos y conversaciones que se enmarcan en la política de “paz total”.
Según explicó el ministro de Justicia, este primer grupo de excarcelados cumplía con condiciones como no estar aún condenados y pertenecer a organizaciones sociales y humanitarias, como juntas de acción comunal, que certificaron su vinculación.
“La Comisión analizó en qué labores podría ser útil la actividad de líderes sociales, de personas que puedan contribuir a lo que podríamos llamar ‘la paz del barrio’, es decir, el desescalamiento de la conflictividad social”.
En este punto hubo varias precisiones. De acuerdo con Osuna, estas siete personas no tienen el estatus de “gestores de paz” –a quienes el Gobierno les proporcionará un sueldo, como se conoció esta semana–, sino que adquieren el rol de “voceros de paz”, por lo que no recibirán ningún tipo de retribución.
Según establece la Ley de Paz Total, la condición de “voceros de paz” la pueden tener únicamente miembros de la sociedad en tres casos: cuando se los encomiende un grupo armado que participe en diálogos de paz (ejemplo, el ELN); cuando lo autorice una estructura armada de actuar más urbano (Los Shotas, en Buenaventura), y –como en el caso de los siete excarcelados– cuando el presidente “considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”.
“Lo que más tuvimos en cuenta para recomendarle al presidente estos nombres no fueron tanto los delitos, sino la utilidad que pueden prestar para la reconciliación del barrio. Ese es el sentido de la figura, que estos jóvenes puedan, con su labor, ayudarnos a restablecer ese tejido social que se ha roto”, agregó Osuna.
Seguirán respondiendo
Por otro lado, en contravía de recomendaciones elevadas por el mismo fiscal Francisco Barbosa –quien sostuvo una reunión con Petro y su gabinete en la noche del jueves–, la Comisión informó que la potestad de excarcelar a los procesados quedó en el presidente y no en los jueces. En todo caso, señalaron que de ninguna manera significa que se pondrá fin a sus casos, los cuales seguirán su curso judicial y será deber de los excarcelados comparecer ante los jueces.
En este punto el Gobierno también trató de blindar su polémica decisión: acordó que quienes recuperen la libertad deberán suscribir un acta de compromiso ante la Oficina del Comisionado de Paz, que le asignará unas tareas específicas de convivencia. Además, están obligados a tomar un diplomado virtual que donará la Universidad del Valle en construcción de paz y gestión de conflictos sociales.
¿Y los policías?
Finalmente, el Ejecutivo aclaró la suerte de policías que, en las mismas condiciones, podrían recobrar la libertad, pero que –como temía un sector de la oposición– quedan en un terreno pantanoso que acrecienta la incertidumbre alrededor de su situación.
De acuerdo con el ministro de Defensa, se está evaluando que se pueda aplicar una figura semejante a la de “voceros” para agentes procesados por hechos durante las protestas. Sin embargo, no hay certezas del cómo ni cuándo, lo que contrasta con la celeridad para gestionar la libertad de los manifestantes.
“Lo que dispone la Ley de Paz Total es que pertenezcan a organizaciones sociales, comunitarias y humanitarias, de manera que no se aplicaría esta ley en esos términos. La Comisión está examinando que esto pueda ocurrir mediante otro instrumento legal”, dijo el funcionario.
Al finalizar la tarde de este viernes, Petro aseguró que llegó a un acuerdo con el fiscal Barbosa para comenzar a gestar lo que denominó “un proceso de paz con la juventud popular de Colombia”. Tal proceso, explicó, busca que se apele a mecanismos como la excarcelación y la suspensión de la justicia “para que nunca más jóvenes que protestan sean llevados a la cárcel”.
Con la liberación de estos primeros siete jóvenes, el presidente comienza a allanar el camino para ese “proceso de paz”, pero –al igual que con otras conversaciones que entabla– el desafío es que no haya impunidad, que paguen quienes atenten contra la sociedad y, en este caso, no se terminen colando delincuentes que luego sean llamados pacificadores.
LOS DELITOS QUE LES IMPUTA LA FISCALÍA
Santiago Márquez Charris
Recluido en la cárcel de Girón
En su contra figuran los delitos de concierto para delinquir, lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas y perturbación del transporte público. De 19 años, fue enviado a la cárcel en noviembre de 2021 y en ese entonces se desempeñaba como estudiante de la licenciatura en Biología de la Universidad Pedagógica. Según las autoridades, al parecer hacía parte de la Primera Línea calle 80 de Bogotá. En su perfil, el Gobierno destacó que era “greconocido por sus profesores por su dedicación y compromiso con el desarrollo social, la academia y la pedagogía”h.
Arles Andrés Bolaños Zemanate
Se encuentra en detención domiciliaria
Fue presentado como un líder indígena de 20 años, quien se unió a las protestas del paro nacional en el punto de resistencia de Meléndez, sitio de confluencia hacia el sur de Cali, Jamundí y el Cauca. Según el Gobierno, su proceso judicial es de sindicado. Al parecer, fue detenido en mayo de 2021 e inicialmente, le fueron imputados los delitos de terrorismo y uso de sustancias peligrosas. El Ejecutivo destacó que su familia vive en Cali “gdesde hace 14 años, a donde llegaron a vivir con un familiar que les dio posada. Su mamá trabajó para sacarlos adelante”h.
Adriana Esperanza Bermeo Súa
Recluida en la cárcel de Pedregal
De origen bogotano, esta joven presuntamente hacía parte de la Primera Línea calle 80. Por ello, fue acusada por concierto para delinquir, violencia contra servidor público, instigación a cometer actos con fines terroristas, tenencia de materiales peligrosos y lanzamiento de material inflamable, los cuales no aceptó. El Gobierno dijo, con base en testimonios de su familia, que “gha dedicado gran parte de su vida a la protección de animales de la calle”h. Sin embargo, la Fiscalía la acusa, entre otras, por su responsabilidad en la retención y posterior quema de un bus del SITP.
Laura Camila Ramírez Enciso
Se encuentra en detención domiciliaria
Esta joven, de 25 años y oriunda de Medellín, es identificada por el Gobierno como una de las acompañantes de la diferentes movilizaciones sociales desde la misión médica brindando primeros auxilios. El Ejecutivo precisa que la joven, quien es egresada de contaduría pública, “ges miembro activo de Procesos para la Gente por la Vida Digna. Se ha destacado por su liderazgo en la lucha contra el hambre de Medellín desde el arte”h.
Juan Sebastián Galeano Correa
En detención domiciliaria
Galeano es otro de los procesados que también es oriundo de la capital de Antioquia. Con 23 años fue capturado por su vinculación a hechos delincuenciales ocurridos durante el paro cuando cursaba tercer semestre de informática musical y producción en el Instituto Metropolitano de Medellín. El Gobierno sostuvo que fue líder estudiantil en diferentes instituciones, artista de comparsas y miembro de la junta de acción comunal de su barrio ‘eComuna Seis’f. “gHa participado en actividades de impacto ambiental, fue miembro de grupos scout y gestión de rescate animal”h.
Álvaro Andrés Duque Ruiz
Recluido en cárcel de San Isidro
Si bien el Gobierno presentó a este joven como un líder social y campesino, es señalado por la Fiscalía, por tenencia y lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas, así como por invasión de bienes inmuebles, puntualmente en zonas rurales de Popayán. Al parecer, Duque habría movilizado personas para irrumpir en zonas privadas a punta de explosivos, piedras y palos, con los que también atentaban contra la Policía. El Ejecutivo defendió que es un estudiante de historia que ha asesorado a los habitantes del barrio Sinaí desde la coordinación de ‘eLos Sin Techo’f.
Bremmen Hinestroza
Recluido en cárcel de San Isidro, Popayán
Al igual que Álvaro Andrés Duque, este joven es señalado por invasión de bienes inmuebles en Popayán, así como por abuso de confianza. Según reveló El Tiempo, en la Seccional Cauca de la Fiscalía le registran dos procesos inactivos: uno por hurto calificado, por el que ya habría sido condenado, y otro por ese mismo delito que se quedó en indagación. El Gobierno aseguró que es un padre de una niña de ocho años, quien se ha desempeñado como tallerista de arte dramático y líder social, y que ha trabajado por ofrecer viviendas dignas a poblaciones vulnerables.
