Menos de una semana le bastó al presidente Gustavo Petro para implosionar las bases de su mentado acuerdo nacional, ideado para desescalar el lenguaje, erradicar la estigmatización y respetar el disenso. La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrirle una investigación a su campaña desató la faceta más combativa del mandatario que, al insistir en la tesis de golpe de Estado, arreció en sus críticas, atacó a la oposición y hasta lanzó temerarias acusaciones a los propios magistrados.
Lo cierto –en medio del maremoto político–, es que una eventual decisión adversa contra su campaña no solo tardará al menos ocho meses, sino que se zanjaría únicamente con una sanción administrativa, es decir, una multa para el candidato y los demás investigados de entre el 1 % y 10 % de los recursos que el Estado le entregó a la campaña o la devolución del dinero.
Aunque el presidente ha intensificado su diatriba alrededor del golpe de Estado –lo que se traduce en gasolina para su Gobierno con miras a las elecciones de 2026–, expertos coinciden en que el proceso no conducirá a su salida del cargo, pues esa facultad sigue siendo de la Comisión de Acusación de la Cámara, como lo ratificó el Consejo de Estado.
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Para el jurista Rodrigo Uprimny –investigador de la corporación Dejusticia y profesor universitario–, la esencia del fuero presidencial de Petro permanece “intacta”, en la medida en que el CNE no puede destituirlo ni suspenderlo. Si bien reconoció que hay “objeciones serias a la imparcialidad” del organismo electoral, Uprimny insistió en que la Constitución establece que el jefe de Estado solo puede ser destituido o suspendido por un juicio ante el Congreso.
“Petro tampoco puede ser investigado ni sancionado penalmente sin previa autorización del Congreso. Pero la eventual sanción del CNE no es penal ni disciplinaria, sino administrativa: una multa (...) El presidente, en vez de irresponsablemente denunciar un supuesto golpe de Estado y llamar a la movilización para enfrentarlo, podría aclarar que su fuero, en lo esencial, está intacto”, explicó el jurista.
No obstante, en medio de su andanada, ayer el mandatario la emprendió contra los magistrados. No solo acudió a descalificativos, sino que los acusó de pertenecer a la política tradicional y no los bajó de “personajes nefastos”.
En primer lugar, aseguró que el presidente de la Corporación, César Lorduy (de Cambio Radical) fue “acusado de asesinar a una novia. Ni más, ni menos”. Por otro lado, recordó que el magistrado Álvaro Hernán Prada (del Centro Democrático) está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por presunto soborno a testigos.
Incluso, se refirió a la expresidenta del CNE, Maritza Martínez, manifestando que “hasta hace poco, no sé si aún, era la esposa de un paramilitar condenado o procesado, que era jefe político del Meta”.
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La crispación llegó a tal punto que el senador y exconstituyente Humberto de la Calle elevó un llamado a “serenarse”, ratificando que “es unánime” que el CNE no puede tumbar al presidente.
“Este órgano está habilitado para investigar todas las campañas (...) El alegato del golpe, además de exagerado, le hace daño a Colombia. El balance es que el presidente opta por la agitación y llama al cuerpo diplomático, todo ello sin razón sólida mientras este país, que venía exhibiendo con orgullo un régimen democrático, sufre hacia afuera”.
En paralelo, fue desempolvado un viejo expediente del CNE que revela que el expresidente Ernesto Samper también fue investigado por el organismo cuando estaba en ejercicio por cuenta del Proceso 8.000. Es decir, Petro no es el primer mandatario a quien la autoridad electoral le abre un proceso administrativo.
Con todo, la defensa del mandatario acudió a organismos internacionales y puso el caso en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). En paralelo, su gabinete cerró filas e insistió en que el CNE “vulneró el debido proceso previsto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y desconoció la jurisprudencia de la CorteIDH”.
Por su parte, el abogado Mauricio Pava, quien asumió la defensa penal del mandatario en los casos que investiga la Comisión de Acusación de la Cámara, aseguró que el CNE puede investigar y sancionar a la campaña, mas no formularle cargos al presidente.
Con el pasar de los días se prevé que la discusión suba de tono y que Petro arrecie en sus rencillas echándole más leña al fuego, lo que terminaría por debilitar el ya frágil acuerdo nacional, que hoy parece haberse quedado en una promesa de buenas intenciones.
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