Siguen subiendo los decibeles de la rencilla que a lo largo de la semana han sostenido el presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Iván Name. Ahora, en un duro pronunciamiento con visos de advertencia, el parlamentario sugirió que el jefe de Estado busca cerrar el Congreso y revocar el mandato de senadores y representantes a punta de “constituyentes callejeras”.
La disputa, originada en el tono cada vez más confrontacional del mandatario, evidencia las dificultades que sigue padeciendo Petro en el Congreso y cómo sus ambiciosas reformas siguen pasando aceite, en parte, debido a las dificultades para concertar y mantener una relación armónica entre los poderes públicos.
La raíz de la pelea fue la controvertida decisión de Name el pasado miércoles, quien se negó a sesionar “en protesta” por los señalamientos del primer mandatario contra varios congresistas por el hundimiento de la reforma a la salud. Al levantar intempestivamente la sesión, el presidente del Senado dejó en veremos la discusión de la pensional, que hoy no solo adolece de mayorías, sino que sigue apretada por tiempos.
Ante ello, el presidente Petro –secundado por los congresistas de su bancada e incluso, del director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar– reclamó con dureza que Name sabotea el proyecto. Este viernes, le echó leña al fuego y llegó a decir que el Senado fue cerrado para evitar la discusión en democracia: “Me dicen que no respeto la independencia de las ramas del poder. Al contrario, quien no las respeta es quien las cierra. Cerraron arbitrariamente el Senado”.
A su turno, el presidente del Senado contestó lanzando una dura advertencia: “Una forma de cerrar las instituciones es desprestigiándolas”. A través de un mensaje en la red social X (antes Twitter), Name ratificó que el próximo lunes se reanudará el debate del proyecto, al tiempo que rechazó “las infamias” que desprestigian el Congreso. En esa línea, llamó la atención por “solapadas amenazas” de revocar el mandato de los congresistas a través de una constituyente.
“Yo tengo la responsabilidad legal, constitucional y moral de defender la institución del Congreso tanto de las infamias que lo desprestigian como de las solapadas amenazas de revocar el mandato de los congresistas mediante ‘constituyentes callejeros’. El Senado no está cerrado y el lunes sesionarán las plenarias de Senado y Cámara como les corresponde, con independencia y autonomía”, aseguró.
Previamente, ante la inusual determinación adoptada por Name, Petro le reclamó que sabotea la reforma pensional y que los congresistas no quieren que los adultos mayores que trabajan en las calles “reciban un bono pensional digno”.
“Siempre la mayoría del Senado puede apelar la decisión del presidente del Senado si sabotea la reforma pensional; el sabotaje ocurre porque la mayoría quiere hundir la reforma; es decir, que no quieren que reciban un bono pensional digno los ancianos que trabajan en las calles”, alegó.
En ese sentido, manifestó que los congresistas “prefieren que los dos grandes banqueros del país sean más ricos”.
Pelea de pesos pesados
Contrario al mantra que Name repite con frecuencia en medios y ante la propia plenaria, la pelea con Petro evidencia que no “reina la calma” en el Senado y que los enfrentamientos entre dos de las cabezas del poder público prometen subir de tono.
Desde la oposición, el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) advirtió que Petro “siente mayor comodidad evitando discusiones de proyectos de ley o de reforma” por encima del diálogo: “Es evidente que no busca consensos, sino imposición de sus iniciativas”. En ese sentido, rechazó que el jefe de Estado esté tramitando las leyes que debería promover en el Congreso con decretos, como en el caso de la fallida reforma a la salud.
“Para que haya una relación armónica debe existir diálogo y concertación, pero lo que ocurre en el Gobierno es la imposición, además de un ánimo de desprestigiar y quitarle validez a las instituciones. No falta ningún órgano del Estado que no haya tenido una crítica por parte del presidente: el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, Fiscalía, Procuraduría y ahora el Congreso. Pero también medios y gremios”, declaró Motoa a EL COLOMBIANO.
Si bien el congresista defendió la actuación de Name, en pro “de la independencia y el equilibrio de poderes”, otra fue la lectura de la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde). Si bien desvirtuó que Petro esté pensando en cerrar el Congreso, aseguró que es necesario que tanto el mandatario como Name actúen “con criterio institucional del cargo y rol que ejercen” para que el proyecto se tramite en los tiempos y modos que demanda el Congreso.
En esa línea, fue enfática al advertir que la actuación de Name fue un abuso de poder: “La posición política –legítima y válida–, como es la oposición desde la Presidencia no implica derecho a abusar de la dinámica contra el tiempo que tenemos ante la reforma pensional, la única reforma de enfoque sensato. Se necesita sesionar para deliberar y adoptar las proposiciones que arreglen un proyecto importante que ya está hundido por ese tipo de acciones, más que por un debate democrático”, dijo.
Por su parte, el senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, manifestó a este diario que apaciguar los ánimos y dar la discusión depende de lado y lado: “Todos tenemos que ayudar a concertar. El presidente tiene que bajar el tono hacia el Congreso y muchos congresistas también tienen que hacer lo propio y respetar la institucionalidad presidencial. Hay cosas que necesariamente el Congreso no va a acompañar y otras que sí”.
Se prevé que el próximo lunes, a partir de las 2:00 de la tarde, se reanude el debate alrededor de la reforma pensional que tiene los días contados para su aprobación: en poco más de dos meses, de aquí al 20 de junio, debe recibir el visto bueno en los tres debates que le restan –uno en plenaria del Senado y dos en Cámara–. De lo contrario, terminará archivado. ¿Cederán Petro y los suyos en búsqueda de acuerdos o le echará más combustible al fuego?
¿Cómo va la reforma pensional?
El proyecto de reforma pensional apenas ha superado su primer debate y la discusión sigue enfrascada en un asunto central: el umbral a partir del cual se debe cotizar. Mientras que el Gobierno insiste en que aquellos que ganen hasta 3 salarios mínimos coticen en Colpensiones (si ganan más podrían ir a fondos privados), sectores independientes y de oposición piden que en el fondo público coticen aquellos que ganen entre 1 y 1,5 salarios mínimos.
La bancada del Partido Liberal, que esta semana sostuvo reuniones tanto con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, como con su director, César Gaviria, le caminaría a la iniciativa solo si el umbral pasa de 3 a 2 salarios mínimos, una propuesta que sigue sin convencer al Ejecutivo. Sin embargo, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ya habría abierto la puerta a fijarlo en 2.5 salarios. Una situación similar se presenta en el Partido de La U, que también pide bajar el umbral para apoyar el proyecto.
Ambas colectividades son claves para el trámite de la reforma: los liberales concentran 13 curules, mientras que los de La U 10. Para que la iniciativa salga avante se necesita una mayoría de 53 votos de los 105 senadores.