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Uré, el pueblo que vive los rezagos de una guerra ajena

El conflicto entre ilegales tiene rodeado a este joven municipio en el que la mayoría de sus 11 años de existencia los ha vivido en guerra.

  • Bajo fuertes temperaturas, Soldados del Ejército patrullan la vía que comunica a los municipios de San José de Uré (Córdoba) y Tarazá (Antioquia). FOTO Julio César Herrera.
    Bajo fuertes temperaturas, Soldados del Ejército patrullan la vía que comunica a los municipios de San José de Uré (Córdoba) y Tarazá (Antioquia). FOTO Julio César Herrera.
  • Uré, el pueblo que vive los rezagos de una guerra ajena
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Uré, el pueblo que vive los rezagos de una guerra ajena
06 de febrero de 2019
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A las 12 del mediodía, San José de Uré se hunde en un letargo que parece interminable. El sol, sin piedad, obliga a sus habitantes a buscar una sombra donde la temperatura no da tregua, y los 37 grados de calor se sienten como un ardor en la piel. El pueblo parece dormir: las tiendas cierran y en las calles, minutos antes atestadas de motos, ahora circulan unas pocas ahuyentadas por el sopor. Es hora de almuerzo.

Como en cualquier pueblo del caribe colombiano, el parque principal es el centro de la vida. Allí está la iglesia, una mole de 40 metros de altura, blanca y naranja en cuya punta un Cristo bendice a diario a los 15 mil uresanos que al pasar por la puerta se santiguan. Al lado del templo, una reunión se hace casi que en silencio. El tema es sobre algo que se rumora bajito y lentamente: la seguridad del pueblo.

“Hace calor sí, es hora de almuerzo, también. Pero la gente no se entró de la calle por eso. Hay temor, mucho temor, y eso nos afecta a todos”, se esboza en la reunión. Y es cierto.

Los integrantes de este encuentro, casi secreto, son líderes, pero ninguno quiere serlo. “No, no me trate de líder social, ahora nadie quiere ser eso, es como ponerse una cruz en la frente. Hablar de las necesidades y sufrimientos de nuestras comunidades se convirtió en una amenaza fija”, dice una de las personas.

Su temor es justificado: San José de Uré en 2017 registró un homicidio, pero para el año pasado esa cifra llegó a 25, de los cuales casi la mitad eran personas que trabajaban por la comunidad.

Estos asesinatos ubicaron a esta pequeña población, según la Fiscalía, como una de las que porcentualmente registró un mayor aumento de muertes violentas en todo el territorio nacional. Uré es un pueblo que a pesar de la pobreza que caracteriza muchas poblaciones ubicadas en territorios lejanos del país, es diferente.

Con apenas 11 años de vida como municipio, cuenta con algunas calles pavimentadas, las casas tienen color, el colegio y el hospital son estructuras sólidas, hay luz, alcantarillado y un río que lleva su propio nombre y que con sus aguas cristalinas le da vida.

Pese a esto, la identidad de Uré por estos días se ha ido diluyendo. Ya no se escuchan los vallenatos a todo volumen a cualquier hora del día, y la alegría de los juegos de dominó en las esquinas se ha ido apagando por las condiciones impuestas por el conflicto armado que silencia todo a su paso.

Nuevas tácticas

El 2019 inició con otra dinámica. Hasta la publicación de este artículo no se había registrado ningún homicidio en Uré, pero los ilegales optaron por otras estrategias para crear pánico entre los habitantes: las incursiones armadas.

A las 7:30 de la noche del pasado 6 de enero, en un pueblo cobijado por el silencio, ocho hombres uniformados y dotados con armas largas caminaron sin contratiempo por una de las calles principales de Uré que los conecta con el municipio de Tarazá, Antioquia. En su recorrido pintaron casas y muros con las siglas “BVPA” que significa “Bloque Virgilio Peralta Arenas”, tal y como se hace llamar la banda criminal “los Caparrapos”.

“En comparación a lo que ocurrió en 2018, los homicidios bajan, pero la presión se mantiene. Eso puede estar haciendo ese grupo de los Caparrapos, le bajan a los homicidios pero aparecen armados en las calles. Eso es mostrar presión a todos sus habitantes”, recalca un residente, quien al igual a todos los que hablaron con EL COLOMBIANO, pidieron no ser citados.

La incursión de “los Caparrapos” tenía como objetivo dejarles un mensaje a los integrantes del Clan del Golfo que delinquen en el municipio y a quienes quieren sacar para apropiarse de las rentas ilegales, que en el caso de San José de Uré, son obtenidas de la extorsión.

“Acá todo el mundo paga: el del hotel, el del negocio, el de la carnicería, el del transporte público. Se llegó al punto que si hay una pelea, se debe pagar multa. Se le paga al grupo que tenga ese territorio”, le confirmaron a este diario algunos funcionarios de la Alcaldía Municipal.

Esta situación, como dicen las mismas autoridades locales, no ha tenido solución aunque la Policía tenga una patrulla de cuadrantes y comandos recorriendo las calles de Uré en el día, y el Ejército despliegue soldados en la noche alrededor del parque principal.

Los uraseños, los mismos que se santiguan al pasar por la iglesia, los que juegan dominó y escuchan vallenatos, los que se ganan la vida trabajando en las motos, siguen siendo víctimas de los violentos que poco a poco ganan más espacio.

Uno de esos líderes, que ya no quiere serlo más por temor y que estuvo en la reunión al mediodía, sostuvo que para todas las personas el por qué de la situación que vive Uré es confuso. “No sabemos quién es quién. Se habla de reductos de paramilitares; unos dicen que son los Paisas, otros que los Urabeños, después que Caparrapos o Clan del Golfo”, aunque tras lo que pasó el 6 de enero, “todo cambió cuando llegaron a pintar las paredes con unas siglas”.

Uré, el pueblo que vive los rezagos de una guerra ajena

Zona rural, a otro precio

Con el asesinato el 19 de enero de 2018 de Plinio Pulgarín, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedrito, muchas cosas cambiaron en la zona rural de Uré.

Ese homicidio generó un éxodo masivo de campesinos (más de 60 familias), que un año después no ha sido superado, por lo que en las calles de la zona urbana es común ver a esas personas que tuvieron que huir de sus tierras.

A partir de ahí se inició una racha de homicidios en los corregimientos Versalles, Brazo Izquierdo, Batatalito y Boca la Cristalina que tenían un común denominador: la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.

Fueron en total 16 muertes violentas durante el 2018 de campesinos que estaban involucrados con la decisión de dejar atrás, de manera voluntaria, la mata de coca que se cultiva en esa zona. Agrega la Alcaldía de San José de Uré que son cerca de 5 mil personas (casi el 50 % de los habitantes del municipio) que viven en esos corregimientos.

Este diario visitó Versalles, punto de partida para los demás corregimientos, y que en noviembre del año pasado también sufrió una incursión armada de “los Caparrapos”, por lo que más de una docena de casas también tienen en sus fachadas las siglas BVPA.

“Dicen que estaban bravos, otros dicen que no. Rumores van, rumores vienen”, narra una habitante de ese poblado, quien junto a su pareja recuerda el día en que se metieron los ilegales. “Cuando mi esposo me contó que habían pintado la casa yo no le creía. Le dije: ‘nah negro, tu estás caducando’, no le quería creer, pero después sí nos dimos cuenta de que se habían metido los Caparrapos y amenazaron a varias personas”, recuerda.

Dice el labriego que gracias a Dios no se encontró a aquellos hombres, porque como sufre de la presión, “me hubiera dado un infarto”.

Para las autoridades de Uré, el municipio es blanco de una guerra ajena en la que grupos ilegales quieren tener control del territorio para conectar el Bajo Cauca antioqueño con la Costa Atlántica.

“Somos el último municipio del sur de Córdoba que limita con Antioquia. Limitamos con Cáceres, Tarazá, Ituango, Puerto Libertador y Montelíbano. Estamos en el centro de un territorio que tiene mucha violencia”, explican desde la alcaldía y por esa razón le reclaman al Gobierno Nacional que no se olviden del municipio, sobre todo de la zona rural.

“Estamos pidiéndole que nos instale un grupo de carabineros en la vereda El Cerro. El municipio está en capacidad de aportar el terreno para colocar la base y así controlar esa ruta de narcotráfico. Infortunadamente, no hemos recibido respuesta”, añaden.

Uré, el pueblo que vive los rezagos de una guerra ajena

El plan de la Fuerza Pública

El Gobierno Nacional es consciente de la problemática que se vive en el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño, de ahí la orden presidencial de crear una campaña militar y de Policía para recuperar el orden público en esa región.

En Diálogo con EL COLOMBIANO, el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, explicó que la zona afectada hace parte de un corredor que está en disputa por varias estructuras armadas ilegales.

“Acá estamos hablando de disidencias de Farc, disidencias del Clan del Golfo (Caparrapos), Eln y Clan del Golfo. Este corredor para aprovechar las rentas ilícitas inicia en Norte de Santander, pasa por el Sur de Bolívar, Bajo Cauca, Sur de Córdoba y termina en Urabá”. Agregó que para contrarrestar la situación dispuso de un componente militar y de Policía que, apoyado por la Fiscalía, debe asegurar la zona antes del 31 de marzo.

“Son 4.000 soldados, 1.000 policías y gente de la Armada los que estarán trabajando. En esta primera etapa de la intervención se buscará estabilizar militarmente la situación y luego se entrará en una recuperación social integral”, dijo.

En San José de Uré no quieren más guerras. En el pasado sufrieron con las Farc, el Epl y los paramilitares. Ahora no quieren que los conflictos ajenos lleguen a sus calles con terror y zozobra, por el contrario, anhelan un municipio alegre en el que el vallenato vuelva a sonar duro, con calles llenas de vida, y que en los patios de las casas las partidas de dominó sean, otra vez, el pan de cada día.

5.000
integrantes de la Fuerza Pública tienen la misión de estabilizar esa zona del país.
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