La muerte del abogado Javier Ordoñez a manos de dos policías en Bogotá en la madrugada del miércoles, quienes le dispararon con una pistola táser mientras se encontraba ebrio y en estado de indefensión, ha llevado a debatir qué tipo de justicia debería aplicarse a los dos agentes implicados en el caso.
En la noche del miércoles, luego de la reunión del Comité Cívico de Convivencia, el coronel Alejandro Castro, jefe del área de derechos humanos de la Inspección de la Policía Nacional, aseguró a los medios de comunicación que el caso pasaría a la Justicia Penal Militar. “Se corrió traslado a la Justicia Penal Militar y el juzgado 143 de instrucción penal ya avocó conocimiento del caso”, manifestó.
De inmediato, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, expresó su inconformismo y manifestó en una rueda de prensa que un caso como este no puede ser investigado por la misma Policía, debido a que se presenta un claro conflicto de intereses. “Es importante que el país tenga una instancia distinta para definir si un caso que se denuncia es de uso o abuso, y eso no lo puede hacer la misma Policía”, expresó la mandataria local.
Asimismo, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, expresó a través de las redes sociales que “un comportamiento policial abusivo y violatorio de los derechos humanos, con despliegue de fuerza contra los ciudadanos, rompe con la función de la Fuerza Pública. Los hechos conocidos no tienen conexidad con el servicio y la competencia para juzgarlos es de la justicia ordinaria”.
Puede leer: Procurador pide cuentas al ministro de Defensa por respuesta a disturbios
¿Penal militar u ordinaria?
Para conocer qué tipo de justicia debería ocuparse de este caso que generó rechazó en el país e incluso llevó a protestas violentas en Bogotá (donde hubo nueve muertos según la Alcaldía), Medellín y Cali, EL COLOMBIANO consulto a abogados expertos para definir el proceso a seguir.
Tomás Serrano, exjuez de la República, consideró que indudablemente la justicia ordinaria es la que debe asumir este caso. En su análisis, sostuvo que hay un elemento muy sutil, pero importante, y es que al parecer ya había rencillas entre el agente y el abogado, como lo muestran los medios de comunicación. De ser así, insiste Serrano, la actuación ya es irregular y el policía debió declararse impedido para realizar el procedimiento.
“No está clara la intención de matar, lo que sí es claro es que lo querían lesionar porque ya lo habían reducido y las descargas se las hacen. Ahí se podría hablar de un homicidio preterintencional, porque la intención era lesionarlo más no matarlo, u homicidio culposo. Parece ser que con las descargas lo llevan a la muerte. En ese caso las penas son bajas”, explicó.
Serrano agregó que lo más importante es que se haga justicia y se impongan las penas que correspondan como un ejercicio de no repetición para el resto de agentes de la institución policial.
Le puede interesar: Mindefensa pide perdón por muerte de Javier Ordóñez en manos de la Policía
La abogada penalista y docente universitaria de las universidades del Rosario y la Gran Colombia, Helena Hernández, comparte la posición de Serrano y argumenta que la justicia ordinaria es la indicada para este caso.
“De lo que vemos en los videos considero que se cometieron delitos que no tienen que ver con el servicio de la Fuerza Pública y en ese sentido tiene que ser la justicia ordinaria, porque si bien la constitución señala que esos delitos van a la justicia penal militar, este no sería el caso”, precisó Hernández.
La abogada argumentó en su análisis que podría tratarse de un homicidio agravado, esto porque el abogado Javier Ordóñez se encontraba en total estado de indefensión.
“También podría hablarse de tortura, pero habría que analizarse el tema de lo que va a dictaminar Medicina Legal, porque no es solo un tema de generar sufrimiento sino también cuál es la calidad de esos actos, el tiempo en el que se dieron y cómo se dieron. En el tema de la indefensión, es un agravante que se encuentra en el artículo 104, número siete, cuando se presenta la víctima en situación de inferioridad o cuando se aprovecha de esta situación. Acá se da”, dijo Hernández, y agregó que la pena para este delito podría tasarse, inicialmente, en 400 meses.
Más allá del análisis, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció ayer que el ente investigador dispuso de un equipo interdisciplinario forense, investigativo y jurídico para adelantar las investigaciones, y “he designado un fiscal especializado de la Dirección de Derechos Humanos para que lleve a los responsables ante la justicia”.
Desde Policía Bogotá respondieron a EL COLOMBIANO que los dos agentes fueron separados de sus funciones de vigilancia y permanecerán en actividades administrativas mientras se adelantan las investigaciones. Además, en los últimos dos años la institución ha abierto 1.924 procesos disciplinarios a policías por abuso de autoridad .
Aquí: Mindefensa confirma 10 muertos y 403 heridos tras disturbios
