Prohibir las inhumaciones y exhumaciones en 352 puntos de interés forense del cementerio La Dolorosa y ordenar al personero del municipio realizar una campaña de sensibilización para evitar prácticas culturales que destruyan el rastro de los desaparecidos, son las principales medidas cautelares que tomó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para proteger a ceca de 400 víctimas de desaparición forzada en el municipio de Puerto Berrío.
La sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del tribunal de paz profirió este lunes el auto AI 023 que contiene dichas medidas, que habían sido solicitadas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el Colectivo Orlando Fals Borda, luego de comprobar que la práctica de exhumaciones irregulares, la adopción de cuerpos no identificados por parte de la comunidad y los factores de riesgo ambientales amenazan la posibilidad de recuperar los restos de las víctimas y entregarlos de manera digna a sus familias.
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La JEP también ordenó al alcalde municipal, Gustavo Medina Zapata, realizar un encerramiento perimetral del camposanto. Otra de las disposiciones es clausurar cinco osarios comunes en los que se encuentran revueltos cuerpos no identificados exhumados de manera irregular, hasta tanto la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Fiscalía General o la JEP ordenen la recuperación de los cuerpos.
La sección anunció además en un comunicado que realizará una inspección judicial con el fin de recibir “los cuerpos que presentan el mayor nivel de amenaza y que fueron ubicados por la parroquia en una especie de celda de custodia que no reúne los requerimientos técnicos para la conservación y cuidado de restos óseos”.
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“Es necesario adoptar medidas cautelares urgentes para proteger los lugares donde se ha evidenciado que existe presuntamente cuerpos no identificados de víctimas del conflicto en riesgo y que sin lugar a dudas constituyen además de un significado moral y espiritual para los familiares de las víctimas, evidencias o medios de prueba de los delitos que sobre sus familiares se hayan perpetrado”, concluyen los magistrados en el auto.
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