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JEP pone plazo a exlíderes de Farc para demostrar su compromiso

  • Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, Pablo Catatumbo y Luciano Marín Arango. FOTO: Colprensa
    Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, Pablo Catatumbo y Luciano Marín Arango. FOTO: Colprensa
13 de septiembre de 2018
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Diez días tienen 31 exjefes guerrilleros de las Farc, entre los que se cuentan Rodrigo Londoño Echeverri (Timochenko), Pastor Alape, Pablo Catatumbo e Iván Márquez, vinculados al caso 01 relacionado con su participación en la retención y secuestros, para presentar un informe individual sobre su compromiso con el proceso de paz.

En este documento los excombatientes deberán consignar “las actividades que han desarrollado en el marco de su reintegración a la vida civil y relatar si han realizado labores humanitarias relativas a la ubicación de restos”.

En el auto proferido por la Justicia Especial para la Paz, JEP, quedó claro que lo que pretende este tribunal es establecer los niveles de cumplimiento individuales frente a las obligaciones adquiridas al momento de acogerse al Acuerdo, como lo es el reconocimiento de la responsabilidad por actos cometidos durante el conflicto, incluyendo las relativas a la reincorporación integral a la vida civil y las garantías de no repetición de los hechos.

“La Sala de Reconocimiento produjo un auto para notificar a comparecientes de las Farc que en 10 días presenten un informe en el que reiteren su compromiso con el proceso de paz y las obligaciones que se derivan de su inclusión en la JEP”, indicó Patricia Linares, presidenta de la JEP.

La solicitud de informes no solo fue dirigida a los excomandantes guerrilleros, también a aquellas entidades relacionadas con los procesos de reincorporación. El auto emitido por la JEP solicitó información a la Agencia Nacional para la Reincorporación (ARN), al Alto Comisionado para la Paz, a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final y al Consejo Nacional de Reincorporación.

El objetivo, según Linares, es cotejar los datos suministrados por los exguerrilleros y los que tienen las entidades para establecer si ha habido o no cumplimiento de las obligaciones adquiridas al momento y después de la desmovilización.

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