El partido político Comunes exigió este viernes al presidente, Gustavo Petro, que garantice la seguridad de quienes depusieron las armas en el marco del Acuerdo de Paz firmado hace ocho años así como la protección de las comunidades en los territorios tras el asesinato de siete ex combatientes en el Catatumbo, en enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los disidentes de las Farc.
En un comunicado, el partido expresó su “profundo dolor y solidaridad” con el pueblo del Catatumbo, subrayando su histórica resistencia en defensa de sus derechos políticos, sociales y culturales.
El partido solicitó a Petro, en su calidad de jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Militares, que detenga lo que calificaron como un “genocidio” contra los firmantes del acuerdo de paz y pidió la cesación de los ataques violentos contra las comunidades comprometidas con el proceso.
“Presidente (...) detenga el genocidio contra los firmantes y los actos violentos contra las comunidades comprometidas en con el Acuerdo de Paz”, sentenció Comunes.
El partido de los ex combatientes de las extintas Farc recordó que el mandatario ha reiterado su compromiso con la implementación del tratado de paz firmado en La Habana y subrayó que tras el asesinato de los siete firmantes, “no caben excusas ni dilaciones” para garantizar su seguridad.
Además, instó al ELN y otros grupos armados a detener sus acciones violentas y a retomar el camino del diálogo y la paz. “Al ELN y demás organizaciones armadas le pedimos parar su accionar contra los firmantes y la población civil en general, los exhortamos a retornar al camino del diálogo y a la construcción de paz”, señalaron.
También hicieron un llamado a la unidad de los colombianos en torno a la paz, instando a la sociedad a evitar que un pequeño grupo de personas decida llevar al país de nuevo hacia la guerra. “La violencia no va a ser el destino de la patria”, afirmaron.
Comunes también pidió la solidaridad de la comunidad internacional, especialmente en el acompañamiento a las poblaciones amenazadas en los territorios, para frenar de manera definitiva lo que calificaron como un “genocidio en curso”.
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