Este martes el Centro Democrático tendrá un cónclave en Rionegro para analizar la crispada situación política del país. Previo al inicio de sesiones del Congreso, la senadora Paloma Valencia habla de la crisis y le pide al presidente calma.
Según Valencia, “salvo un pequeño resquicio radical”, la gente no siente que el presidente Petro “haya siquiera empezado a gobernar”.
FOTO Camilo Suárez
En momentos de máxima crispación y tensión política luego de que el presidente Gustavo Petro denunció una supuesta “ruptura institucional”, por cuenta de investigaciones de la Fiscalía contra su círculo cercano, este martes se tiene previsto que el pleno del Centro Democrático –uno de sus mayores detractores–, tenga un cónclave en Rionegro (Antioquia) previo al inicio de sesiones del Congreso.
La bancada de oposición, con el expresidente Álvaro Uribe a bordo y otros directivos, se reunirá para analizar el empantanado panorama político y para buscar medidas que les permitan atajar las ambiciosas reformas del Gobierno. En diálogo con EL COLOMBIANO, la senadora Paloma Valencia se refiere al atolladero político; le pide al presidente y al fiscal Francisco Barbosa moderación; expresa sus preocupaciones por la elección de la próxima fiscal, y advierte que, como hizo cuando fue alcalde de Bogotá, Petro “está buscando combatir argumentos jurídicos con manifestaciones políticas”.
¿Con qué finalidad se convocó a este cónclave de la bancada del Centro Democrático?
Estamos previos a que se reinicie el Congreso con tres amenazas tremendamente difíciles para Colombia: las reformas del Gobierno.
La de la salud terminaría por politizar el sector y hacerlo dependiente de la burocracia y de gobernantes locales. Es destruir lo que Colombia ha construido. Es un sistema que funciona con poca plata, pocos médicos y pocas enfermeras, pero con buenos resultados. Estamos de acuerdo con la necesidad de mejoras en las regiones apartadas, pero hay que cuidar lo que se construye.
Luego viene la reforma pensional, que puede terminar destruyendo los fondos de pensiones que han sido fundamentales para que el país tenga inversión y para darle libertad a los colombianos de elegir quién administra sus pensiones. Es muy grave que esa reforma termine con una deuda para otras generaciones. En el 2070 habría cero pesos en la bolsa pensional de Colombia.
Y, por otro lado, la reforma laboral, que lo que quiere es revivir una tensión entre trabajadores y empresarios. Hay que entender que la situación de la economía colombiana hoy, después de tantos impuestos, no aguanta. El Gobierno debe pensar más bien en bajar impuestos y bajar los salarios. Tenemos la preocupación en torno a esos temas y para eso nos vamos a reunir.
La idea es que avancemos en ver cómo es que vamos a enfrentar estas reformas. Hay que hacer un gran esfuerzo para que la gente pueda tener claridad de lo que está pasando. Es el momento de ir a las universidades, de recorrer el país y de que el ciudadano entienda cuáles son los daños a los que se tendría que enfrentar en caso de que las reforma pasen.
Es decir, ¿el cónclave busca precisar la estrategia legislativa y política para tratar de frenar las reformas?
Sí. Nuestra visión es que lo más grave a lo que se va a enfrentar el país en este momento es a unas reformas que destruyen y que no construyen. Si bien estas iniciativas pueden tener buenas intenciones, en su ejecución son nefastas para el país.
¿En su caso particular llega con alguna propuesta debajo del brazo para avanzar en esa estrategia contrarreformas?
Hay que hacer grandes debates en el país, en las universidades y en los medios de comunicación para que la gente entienda. Todos estos son temas muy técnicos y entonces el ciudadano se queda con un titular. Cuando a usted le dicen ‘es que queremos mejorar la salud’, pues todos estamos de acuerdo. El problema es si realmente la reforma mejora o empeora el sistema.
Es que si usted al ciudadano le cuenta que el sistema va a terminar dependiente de la política, pues la gente se empieza a preocupar. Cuando usted se entera que los hospitales van a terminar dependientes de la política para que les paguen las cuentas se empieza a preocupar. Cuando usted piensa que el 20 % de los médicos los van a gastar caminando por las calles y por los municipios en vez de estar en consultorios, pues usted se empieza a preocupar. Lo que le falta al ciudadano para estar realmente estar en contra de estas reformas es información.
¿Qué rol puede jugar el expresidente Uribe dada su relevancia y reconocimiento público nacional?
El presidente Uribe ha sido muy vocal en torno a las reformas. Este no es un asunto ideológico, es un tema de políticas públicas y en ese frente hay que usar las cifras, los datos y los estudios que existen para tomar las decisiones que más le pueden servir a Colombia.
No podemos permitir que se hable de reformas que en realidad empeoran lo que los colombianos hoy tienen. Entonces creo que el presidente Uribe, con su liderazgo y credibilidad, está jugando un papel definitivo para alertar a la ciudadanía en torno a lo que nos puede pasar si estas reformas avanzan.
¿Y cómo hacer para que juegue un rol más activo del que ya ha venido jugando?
El presidente Uribe siempre tiene que estar muy activo. Primero, es un líder para inmensos sectores de la población colombiana, pero sobre todo, porque tiene credibilidad. Es un líder que conoce de lo que está hablando. Es que no se trata simplemente de posturas ideológicas, sino realmente de críticas de fondo en torno a unas reformas más planeadas.
¿Cómo cree que estén las cargas en el Congreso? Si bien el presidente es impopular y no tiene en apariencia mayorías, ha logrado sacar adelante sus reformas.
El problema es que los congresistas a veces creen que los ciudadanos no se fijan cómo están votando. Vamos a tener que hacer un gran esfuerzo por saber cómo vota cada congresista y porque cada colombiano busque la persona por la que votó el Congreso y le exija responsabilidad. Uno los ve en las regiones criticando al Gobierno y en Bogotá les votan todas las propuestas del gobierno.
Hay que exigirle coherencia a los congresistas y sobre todo responsabilidad. ¿De qué sirve que consigan inversiones para sus regiones para mejorar hospitales o para mejorar cosas que se necesitan cuando le están haciendo daño al sistema de salud, al sistema pensional o al empleo de los colombianos?
¿Cómo ve el ambiente en el Congreso frente a esas reformas y también frente a lo dicho por Petro, que ahora advierte una supuesta “ruptura institucional”?
A uno le preocupan mucho las declaraciones del presidente. Son unas declaraciones un poco temerarias y tratando de ser incendiarias. Nada se le pide más a los gobernantes que la serenidad y el paso predecible de sus acciones.
Los gobernantes que actúan de manera caótica generan mucha incertidumbre en los países. Y la incertidumbre es mala para la economía, para los ciudadanos y para todo lo que tiene que funcionar en un país. El presidente tiene que entender que, más allá de su proyecto político, él es el gobernante de todo un país. Además, hay que pedir que los procesos judiciales se adelanten con toda transparencia, con argumentos jurídicos y que el Gobierno se defienda con esos mecanismos jurídicos.
Es grave que el presidente Petro esté buscando, como lo hizo en Bogotá, combatir argumentos jurídicos con manifestaciones políticas. Cuando los hechos políticos, por ejemplo la recolección de firmas en Bogotá, lograron su cometido, entonces sí apeló a los jueces y a las triquiñuelas de la tutelatón para impedir que se pudiera convocar a los bogotanos a decidir si permanecía o no como alcalde.
El presidente Petro juega ese juego: atacar con argumentos políticos los hechos jurídicos y atacar con argumentos jurídicos las decisiones políticas. Hay que tener mucho cuidado. Y las autoridades tienen que ser muy serenas, muy precisas y sobre todo muy apegadas a la ley.
Como senadora de oposición, ¿qué lectura hace de las declaraciones de Petro y su andanada institucional?
Al presidente hay que pedirle calma. Claro que es difícil ser investigado, pero uno tiene que ser respetuoso de las autoridades. No hay una ruptura institucional en Colombia, porque realmente no ha habido ninguna burla de las normas, aparte de unas presuntas violaciones que habrían ocurrido en la campaña presidencial.
El presidente se defiende aduciendo que en otras campañas presidenciales ha sido similar. Pero lo que hay que recordar es que las normas han cambiado y que no lo pueden juzgar con las normas de otras campañas presidenciales, sino con las que se aplican a la campaña presidencial donde uno participó.
Aquí el análisis que ellos pretenden hacer es decir que, por ejemplo, los datos de los testigos electorales no hacen parte de la campaña. Eso es absolutamente falso. En todas las campañas, el día electoral –y todo el mundo lo sabe–, es el más costoso. ¿Cómo va a hacer que eso esté por fuera de los datos de campaña?
El segundo lío son unas donaciones por parte de personas jurídicas al partido Colombia Humana. Eso estaría muy bien, pero no se podían usar en elecciones presidenciales. Eso era antes cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizaba que los partidos utilizaran recursos para hacer política en elecciones presidenciales. Y, ojo, recursos que no provenían de donaciones, sino que provenían del ejercicio patrimonial de los partidos.
Uno no puede confundir a los colombianos con argumentos falaces para tratar de desvirtuar los argumentos. Este es un debate que se tiene que dar con el mayor rigor jurídico ante las instancias que corresponden. Y que se demuestre si el Gobierno, si la campaña, actuó bien o mal. Pero decir que hay una ruptura institucional porque se le abre investigación es sumamente grave. Él es el presidente de la República y tiene que ser respetuoso de las demás autoridades.
Contrario a lo que dice el presidente, ¿usted cree que el fiscal Francisco Barbosa sí ofrece garantías y que no está investigando a Petro de forma irregular?
El fiscal General tiene que responder por sus acciones, y tiene que ser sereno y simplemente un jurista. Apartarse completamente de la política. Es muy grave que se vayan a confundir esas dos cosas. Pero hay que recordar que la investigación de Gustavo Petro no surge por voluntad del fiscal, sino por las declaraciones de quien fuera la mujer de su hijo diciendo que habían recibido platas de personas comprometidas con corrupción y con narcotráfico con miras a la campaña.
Luego aparece la investigación de La Silla Vacía, en la que nada tiene que ver el fiscal, hablando del ejército de testigos electorales que habían sido pagados y que no habías sido reportado en las cuentas. Aparece posteriormente la famosa donación de Fecode por fuera de los parámetros legales.
Estas pruebas las conoció el país, como las conoció el fiscal. El deber del fiscal es procesar, no al presidente de la República, pero sí a quienes estuvieron en una campaña sobre la cual aparecen –no por parte de la Fiscalía, sino de los medios de comunicación–, investigaciones y una serie de señalamientos muy graves.
¿Cree que el presidente y otros miembros del Pacto Histórico de alguna manera están presionando a la Corte Suprema para elegir rápidamente a la próxima fiscal de la terna que presentó el Gobierno?
La Corte Suprema se va a tomar el tiempo que considere necesario. No vi al petrismo muy preocupado cuando en la época del presidente Uribe la Corte Suprema no eligió al fiscal. Les parecía muy bien. Uno no puede criticar lo que no criticó cuando le pasó a alguien distinto.
¿La deja tranquila esa terna que presentó Petro?
A mí me parece que ahí hay unos nombres altamente comprometidos políticamente. Pero bueno, cuando uno tiene un fiscal que se elige por el presidente, uno de los riesgos es que elija personas ideológicamente muy afines y comprometidas con su proyecto político.
¿Y le preocupa que de alguna manera el próximo fiscal no ofrezca garantías en el proceso contra el expresidente Uribe?
Me preocupa mucho más que el presidente esté ternando un fiscal cuando la propia Fiscalía está investigando a su hijo y a varios miembros de su campaña. Nunca se había presentado una elección en la que un presidente tuviera tanto interés directo en el proceso.
¿Cree que en la Comisión de Acusaciones de la Cámara sí pueda prosperar la investigación contra el presidente Petro?, ¿o será una vez más la tristemente célebre Comisión de Absoluciones?
La Comisión de Acusaciones está diseñada para ser una Comisión de Absoluciones y precisamente por eso tengo poca fe en que esos procesos avancen. Los que sí tienen que avanzar son los procesos sobre la campaña, sobre su gerente y sobre la gente que estuvo trabajando, que es lo que corresponde a la Fiscalía.
Por eso preocupan las presiones del Gobierno sobre la elección del fiscal, porque es que aquí se está investigando su campaña y a su hijo.
¿Qué opina del regreso del controvertido Armando Benedetti al Gobierno, ahora como embajador ante la FAO?
Me parece que el presidente Petro cada vez se queda más solo. Va sacando a las personas que tienen cierta credibilidad en el país, como el exdirector de Planeación Nacional (Jorge Iván González), y se va rodeando de quienes le son más fieles no a su proyecto político, sino a sus caprichos.
El presidente está sintiendo que hay unas masas que creen en su proyecto político. Yo, todo lo contrario, creo que las grandes masas colombianas que lo eligieron se sienten profundamente decepcionadas y, salvo un pequeño resquicio más radical, la gente no siente que el presidente Petro haya siquiera empezado a gobernar.
