Aunque el presidente prometió “ceder”, de nuevo está enfrascado en discusiones con otros actores del Estado.
El tono conciliador y no confrontacional que prometió el presidente Gustavo Petro durante la instalación del Congreso duró menos de 1 semana. Este jueves, nuevamente arreció en sus disputas y casó pelea, esta vez con una antagonista de antaño: la procuradora Margarita Cabello. Previamente hizo lo propio con la alcaldesa Claudia López, en medio de diferencias por el metro de Bogotá.
Lea también: Entre globos y un ánimo conciliador: así fue el discurso de Petro en el Congreso
Las pugnas bien podrían considerarse choque de trenes, pues en ambos casos hay conflictos y enfrentamientos alrededor de las competencias y funciones de cada quien en el marco del funcionamiento del Estado.
Sin embargo, no deja de llamar la atención que Petro se enfrasque en discusiones y lance globos en medio de las dificultades internas de su Gobierno. Además de los cuestionamientos a la idoneidad de su nuevo ministro de Minas, Andrés Camacho, la Defensoría alertó por la expansión territorial de grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc o el ELN. A ello se suma el revés que sufrió en la elección de las mesas directivas del Senado. Se trata de contrariedades que se presentan justo a 3 meses de los comicios regionales.
En el caso de la Procuraduría, la nuez del asunto fue la suspensión provisional del alcalde de Riohacha, José Bermúdez Cotes, debido a presuntas irregularidades en la contratación del diseño y construcción de la red de acueducto y alcantarillado.
La sanción era por 3 meses y se cumplió este martes 26 de julio. Sin embargo, al advertir que la permanencia en el cargo “podría posibilitar la reiteración de la falta”, la Procuraduría prorrogó la suspensión durante otros 3 meses. Por ello, como indica la norma, le pidió a Petro encargar a alguien de la misma corriente del mandatario (Partido Liberal, AICO o MAIS), para que reemplace al sancionado alcalde mientras cumple la suspensión.
Sin embargo, en una carta dirigida a Cabello y con membretes del propio Petro en su condición de Presidente, el mandatario controvirtió la orden y se opuso a cumplirla. ¿La razón? Según Petro, al acatarla estaría desconociendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que –en un fallo de 2020 justamente a su favor–, determinó que autoridades administrativas como la Procuraduría no pueden destituir o inhabilitar a funcionarios elegidos popularmente.
“La orden bajo la figura de medida cautelar contiene una manifiesta restricción al ejercicio pleno y eficaz de uno de los derechos políticos de las personas electas popularmente (...) nada menos el quedar impedido para ejercer temporalmente su cargo”, argumentó el jefe de Estado en el oficio, quien se acogió al “control ex officio” o oficio control difuso de convencionalidad, que según la propia Corte IDH, es un recurso para analizar la compatibilidad de las normas internas con la jurisprudencia de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Bajo argumentos similares y ante investigaciones contra varios congresistas, en junio la bancada del Pacto Histórico –en cabeza de la senadora María José Pizarro–, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamando falta de garantías por parte de Cabello y asegurando que actuaba “más en función de intereses políticos” y que estaba poniendo al ente “como un órgano de la oposición”.
Otra fue la lectura de la procuradora Cabello que, en un enérgico y vehemente llamado, pidió que “no se rompa la democracia” y alertó que con su negativa, Petro desconoce el Estado social de derecho, dejando entrever que estaría evitando su actuación sobre un presunto hecho de corrupción: “En Colombia la lucha contra la corrupción no solo la ejerce un juez penal, sino múltiples autoridades (...) La Corte Constitucional determinó que la investigación, juzgamiento y sanción contra servidores, incluidos los de la elección popular, la debe realizar la Procuraduría, con la ratificación propia del Consejo de Estado”, defendió.
En esa línea, sostuvo que, contrario a una destitución o inhabilidad –como determina la propia Corte IDH–, en este caso hay una suspensión provisional, lo que la faculta para realizar la sanción: “La suspensión provisional es una medida cautelar que no fue tocada en la sentencia de la Corte. No es una sanción”, agregó Cabello, quien aprovechó para lanzar pullas contra el mandatario a semanas de la contienda regional de octubre próximo: “No es posible que en momentos electorales de nuestro país se genere un caos institucional y se le entregue a todos estos sancionados la posibilidad de ser candidatos, a pesar de su sanción. La democracia se respeta, gústenos o no”.
En respuesta, Petro dijo en la noche de este jueves que cumplir con la Convención Americana “no es un caos” y que no desacatará las sentencias de la Corte, porque son obligatorias para Colombia”.
El encargado de orientar la política pública en materia de justicia y del derecho, el ministro Néstor Osuna, defendió la actuación de Petro e insistió en que la Convención Americana “tiene prelación en el ordenamiento interno colombiano y forma parte del bloque de constitucionalidad”.
Según el ministro, la competencia de la Procuraduría en estos casos se limita a la vigilancia. “Solo un juez en un proceso penal puede privar de derechos políticos a un funcionario elegido popularmente”, precisó.
En la arena política, el expresidente Iván Duque dijo, sin referirse directamente a Petro, que la idea de ser “jefe del fiscal, intimidar con marchas al Congreso y desconocer a la Procuraduría” demuestra un “claro apetito chavista autoritario”. En defensa del jefe de Estado, la representante Catherine Juvinao sostuvo que la Procuraduría “pasa por encima el fallo de la CIDH”, mientras que el senador Iván Cepeda aseguró que Cabello “ha mostrado desacato a las ordenes internacionales”.
Esta nueva disputa entre el mandatario y la procuradora está precedida por choques de Petro contra decisiones adversas en el Congreso, contra medios de comunicación y hasta contra organismos como la Fiscalía. Paradójicamente hace una semana decía que era “momento de ceder”. Sin embargo, está disputa promete volver a tener al mandatario en el cuadrilatero, justo a meses de elecciones.
Metro de Bogotá, ¿de nuevo en ascuas?
Previo a su confrontación con la procuradora, Petro esta semana nuevamente abrió un frente de batalla en el que ha insistido desde meses atrás: modificar el metro de Bogotá y garantizar un tramo subterráneo. Lo anterior, pese a que ya está contratado un sistema elevado, está en marcha una licitación y hay un avance del 24 %, que ascendería hasta el 42 % en 2024.
Sin embargo, el mandatario rivalizó con la alcaldesa Claudia López, quien le respondió que los conceptos jurídicos de la Alcaldía advierten que es inviable cambiar el contrato, por no hablar de los supuestos sobrecostos y nuevas prórrogas que eventualmente implicarían las modificaciones. El ministro de Transporte, William Camargo, sostuvo que está en marcha un estudio de análisis costo-beneficio con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) “para revisar alternativas que contemplan tramos subterráneos de la primera línea del sistema”.
