Algunas firmas en puja para quedarse con el millonario contrato, por $416.000 millones, reclamaron por las muestras que les exigen y por los tiempos para plantear sus ofertas. “Solo el proveedor actual estaría en capacidad de cumplir”, dijeron.
Hace cerca de un mes, a finales de enero pasado, la Cancillería divulgó los pliegos de la nueva licitación de pasaportes, por valor de $416.000 millones. Lo anterior, tras la controversia que frustró el anterior proceso, que hoy tiene a la Nación contra las cuerdas ante una demanda de la firma Thomas Greg & Sons por $117.000 millones. Sin embargo, los aparentes líos y enredos se mantendrían.
Así lo advirtieron los competidores en el nuevo proceso, quienes divulgaron un documento en el que detallan una a una las barreras que, advierten, persisten en el proceso de contratación. Lo anterior, luego de que el pasado lunes 19 de febrero los potenciales interesados presentaron sus observaciones al proyecto de pliego.
“Tras revisar las solicitudes de las distintas empresas resulta claro que algunas de las principales barreras mencionadas en el proceso de contratación 2023 se mantienen”, explicaron las empresas interesadas, que reclamaron que el principal obstáculo ha sido la solicitud de muestras que contienen especificaciones del pasaporte actual, la necesidad de que laboratorios internacionales certificados evalúen los ejemplares de libretas solicitadas, la insuficiencia del cronograma de la licitación y la falta de claridad en los documentos y requisitos solicitados para las empresas extranjeras
Según los competidores, la propia Imprenta Nacional, una empresa del Estado, determinó que “se perpetúan barreras” que favorecen al contratista actual –entre ellos, Thomas Greg– en detrimento de la seguridad y tecnología de los documentos, y que estarían impidiendo la participación inclusive de una empresa perteneciente al propio Estado.
“Las condiciones establecidas en el pliego dejan entrever que solo el proveedor actual estaría en capacidad de cumplir, aspecto que se reitera, no solamente es violatorio de los principios de la contratación estatal y de la función pública, sino que claramente deja a los demás proponentes en total desventaja competitiva”, concluyó la Imprenta.
Entre otras, los competidores criticaron que haya un punto que los obliga a entregar muestras “específicas”, con diseños personalizados sobre símbolos y temas colombianos. “Este requisito solo aplica al actual proveedor al poseer, de manera inmediata, de muestras que cumplen con esas exigencias”, alegaron.
Además de criticar que les están exigiendo certificaciones de calidad ISO, los competidores advirtieron que los tiempos estipulados en el proceso “son insuficientes” lo que favorece al actual contratista: “Un tiempo de implementación inferior a siete meses, claramente solo favorece al actual proveedor al tener ya implementada la solución, dejando a los demás proponentes en total desventaja competitiva o más aún, por fuera del proceso, como lo es en nuestro caso”.
“Este tiempo de implementación establecido de cinco meses es supremamente ‘riesgoso’ por no decir ‘imposible’ de cumplir por tercero diferente al actual proveedor. Nuevamente con este tipo de requisitos se presenta un claro favorecimiento”, dijo la firma Accesos Holográficos.
Retomando lo dicho por la Imprenta, los competidores cuestionaron además que el ofrecimiento de un tercer chip en el documento otorgue puntaje adicional de 200 puntos. Además, reclamaron que un nivel de endeudamiento del 80 % es alto. “A mayor índice de endeudamiento aumenta la probabilidad de que el contratista incumpla sus obligaciones”.
Por otro lado, quienes están en puja por quedarse con el millonario contrato criticaron que se les esté exigiendo muestras del pasaporte definitivo y uno genérico, lo que implicaría la “preparación de artes, matrices, herrajes y demás costos directos e indirectos del proceso” en apenas un mes. Por ello, pidieron que la muestra sea genérica, garantizando que cumplirán con las características de seguridad.
Inclusive, la firma Accesos Holográficos alertó que hay características del actual pasaporte que tienen una obsolescencia de alrededor de nueve años, por lo que propuso que se otorgue puntaje al ofrecimiento de nuevas tecnologías de seguridad y mejoras al pasaporte.
A su turno, la firma IN Groupe criticó que los documentos solicitados para certificar una serie de exigencias, tanto habilitantes como criterios de desempate, se enfocan en certificados y procedimientos de las instituciones y el mercado colombiano, mientras que no se aclara cómo las empresas extranjeras pueden acreditar ese cumplimiento, “pues no se tiene en cuenta que los procedimientos de certificación, las entidades que expiden los documentos y los procesos de contratación son diferentes en otros países”.
En medio de los reclamos, sobresalieron las observaciones de la firma Thales, que hace parte de la unión temporal del contratista actual y que pidió que se realicen visitas técnicas a las plantas que se utilizarán para la ejecución del contrato.
Los otros competidores no tardaron en criticar esta exigencia, asegurando que “este requerimiento sería una limitante a la libre competencia, pues las empresas que actualmente no ejecutan el contrato en Colombia se verían obligadas a adquirir o alquilar instalaciones a costo adicional sin garantía de llegar a necesitarlas al no ser adjudicatarios”.
Sin embargo, la propia Thomas Greg and Sons se declaró partidaria de que sí haya visitas a las plantas, además de pedir que se adjudique el contrato en caso de que se presente un único oferente. Para sus competidores, lo cierto es que el contratista actual presentó “observaciones que buscan endurecer los requisitos planteados inicialmente por la Cancillería en este proyecto de pliegos, mientras que las demás empresas interesadas están cuestionando solicitudes que aún continúan siendo restrictivas para una justa y plural participación”.
