Dos de las designaciones de Gustavo Petro han llamado la atención por expedientes del pasado relacionados con sus nombres. Se trata de Ulahy Beltrán, nuevo superintendente nacional de Salud, quien tiene dos indagaciones abiertas en la Contraloría, y la ministra de las TIC, Mery Gutiérrez, es dueña de una empresa cuya compañía demandó al Estado por 45 mil millones de pesos.
El caso de Beltrán, según reveló El Tiempo, se refiere a cuando fue gerente del hospital universitario CARI de Barranquilla, entre septiembre de 2019 y febrero de 2020. Por decisiones tomadas en ese tiempo, la Contraloría le abrió dos investigaciones de responsabilidad fiscal.
Beltrán habría omitido radicar unas facturas y por ello se habría ocasionado un daño a los dineros del hospital y afectado “el patrimonio de la entidad”. En el documento revelado por el medio de Bogotá también se menciona a otros dos exgerentes.
En una entrevista con Emisora Atlántico, Beltrán se defendió asegurando que todo ocurrió antes de que él llegara a la gerencia y que hizo lo que pudo por evitar la liquidación del hospital. Por eso, dijo estar tranquilo frente al proceso.
Por otro lado, en información también revelada por EL TIEMPO, el apoderado de una empresa que es casi en su totalidad de la ministra Gutiérrez impuso una demanda contra la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), que ahora está en manos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, tras la desaparición de la primera.
Ella es gerente y dueña casi absoluta (posee 97%) de Programar Televisión S.A., la cual presentó una demanda de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Autoridad, en la que desde 2013 se declaró víctima. Esto lo hizo a través de la Unión Temporal Radio Televisión Interamericana S.A.
En el documento publicado por ese medio dice que la empresa fue “despojada del cincuenta por ciento de los espacios de televisión que venía explotando en el Canal Uno como miembro de la Unión Temporal Programar Televisión S.A. y RTI Televisión en virtud del Contrato (...) suscrito con la CNTV los cuales fueron entregados de manera ilegal a RTVC”.
La defensa de la Nación dice que las pretensiones de Programar no están fundamentadas porque RTI Televisión declaró no estar interesada y “se trata de un tema solidario”.
Hace menos de diez días y antes de su designación como ministra, la empresa de Gutiérrez presentó alegatos de conclusión y el caso está andando en el Tribunal Superior de Bogotá.
Lo anterior no es menor, ya que Programar no solo contrata con empresas del sector privado como Netflix y Sony, sino también con entidades públicas como RTVC y el ICBF, entre otras.
Con esto, y siendo la ministra poseedora del 97% de la compañía podría haber un conflicto de interés e impedimentos evidentes.
