Activistas y redes de mujeres criticaron un reciente encuentro a expensas de la Dirección para las Mujeres en Actividades Sexuales Pagas. Reclamaron que sobrevivientes de violencia sexual tuvieron que sentarse tú a tú con explotadores.
“Un espacio espantoso”. En estos términos, Sara Jaramillo Gómez –coordinadora de la Fundación Empodérame, dedicada a la lucha contra la trata de personas–, describió la más reciente reunión de la Dirección para las Mujeres en Actividades Sexuales Pagas, una instancia adscrita al Ministerio de la Igualdad.
Según reclamó Jaramillo, desde el mismo Estado se estaría creando una burocracia para la legalización de la prostitución. En esa línea, advirtió que al encuentro del pasado viernes asistieron organizaciones regulacionistas de actividades sexuales pagas “y hombres dueños de estudios webcam, los que llamaban empresarios del sexo”.
“El espacio desde el inicio fue hostil para nosotras, señalamientos, perfilamientos, voces, gestos y actos que nos hacían entender que no éramos bienvenidas”, alegó la activista, quien cuestionó al Ejecutivo por sentar a sobrevivientes de violencia sexual tú a tú con explotadores. “Pues eso ocurrió el viernes”, dijo, insistiendo en que es un escenario violento e inconstitucional.
La activista expresó su preocupación por el hecho de que se contemple trabajar con empleadores, “que se vuelvan en realidad centros de reclutamiento de talento humano. Ninguna víctima se va a acercar a esos lugares a denunciar si sabe que el Gobierno está trabajando de la mano con quienes son sus victimarios”.
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De acuerdo con la activista, quien además advirtió que su seguridad se encuentra en riesgo, durante el encuentro desde el Ministerio de Trabajo les ratificaron que “no promueven el trabajo sexual en ninguna modalidad, pero lo reconocen”. Para Jaramillo, “en la práctica ambas cosas no tienen ninguna diferencia”.
En ese sentido, indicó que el Gobierno hizo una caracterización del trabajo sexual “con una muestra vergonzosa” que no llegaba a 900 mujeres a nivel nacional y en la que, además, excluían a varios departamentos. “Sus conclusiones fueron más absurdas que sus intervenciones, básicamente son negacionistas de la violencia de la prostitución y están concertando con empleadores formas más lindas de hacerla”.
Jaramillo manifestó que en la Dirección para las Mujeres en Actividades Sexuales Pagas se tramitan cinco proyectos (que están en etapa precontractual) para cumplir con los fines de esta instancia; sin embargo, “ninguno propende por la salida y las alternativas, la atención psicosocial, jurídica (no existe la trata en el Ministerio de la Igualdad), se basa en la ayuda asistencialista y en reducir la violencia a ‘los estigmas sociales sobre las putas’”.
Inclusive, reclamó que el Ministerio de la Igualdad está incidiendo en el Comité de Trata de personas para que se diferencie la trata de las actividades sexuales pagas voluntarias. “Están incidiendo en contra de las víctimas de trata de personas, su reconocimiento y reparación, esto es contrario al tratado de Palermo y a todo el bloque de constitucionalidad, y las leyes en Colombia. Extralimitación en funciones”.
Ante esta situación, la Red Feminista Abolicionista de Medellín –que lidera Jaramillo– elevó una carta a la vicepresidenta Francia Márquez en la que expresa su desazón por el alcance del Ministerio de la Igualdad y el rol que viene desempeñando la funcionaria.
“Fue inspirador para miles de mujeres que creímos tener, por primera vez en la historia de este país violento y misógino, una vicepresidenta a la altura de los sueños de las mujeres, especialmente de las más vulnerables de la sociedad. Hoy vemos con preocupación cómo esa idea se ha desvanecido con el tiempo, y cómo las grandes aspiraciones a la libertad y la autonomía de las mujeres, han quedado reducidas a simples consignas de campaña”, expresaron.
Según la Red, la Dirección para las Mujeres en Actividades Sexuales Pagas “promueve y defiende abiertamente una de las esclavitudes históricas a las que han sido sometidas las mujeres: la prostitución”. Además, insistieron en que esa instancia ha otorgado espacio y legitimidad a los cuestionados dueños de prostíbulos y estudios webcam, escenarios plagados de trata de personas, articulándose con ellos y presentándolos como supuestos ‘empleadores’ sin dar espacios a las mujeres sobrevivientes y críticas del sistema prostitucional”.
Por todo ello, instaron a Márquez a replantear la agenda de la Dirección y suspender las acciones “inconstitucionales, dañinas y revictimizantes” para las mujeres sobrevivientes de prostitución y trata de personas. “La solución para la idea de que pueden comprarnos y vendernos no es dar las condiciones para que puedan hacerlo legalmente. Hacemos la aclaración de que nuestra lucha no es contra las mujeres, es contra quienes pretenden mantener y beneficiarse de estas prácticas. El foco debe estar en quienes la consumen; no hay oferta sin demanda”.
Este diario buscó una respuesta por parte del Ministerio de la Igualdad con miras a responder las acusaciones y señalamientos de la activista y la Red. Si bien anunciaron que habrá un pronunciamiento, no han enviado información al respecto.
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