El ministro de Hacienda del Gobierno del presidente Gustavo Petro, Ricardo Bonilla, acaba de desmentir las declaraciones del canciller (e) Luis Gilberto Murillo en las que aseguró que no había “certificado de disponibilidad presupuestal” para adjudicar el polémico contrato de pasaportes.
“La plata de ese contrato estaba prevista. Usted no puede sacar una licitación sin tener certificado de disponibilidad prespuestal (...) por lo tanto, la plata está ahí”, aseveró Bonilla sin ningún atisbo de duda.
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Con dicha afirmación, el jefe de la cartera de Hacienda dejó sin efectos la afirmación de Murillo de este martes, en la que aseguró que “no es cierto, como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal”.
Esa aseveración fue uno de los argumentos de Murillo para decir que la adjudicación del contrato a Thomas Greg & Sons quedaba sin fundamentos, entre otras cosas, porque el secretario general José Antonio Salazar, que tomó esa decisión sin consultarlos, no tenía el poder para pasar por encima de decisiones de sus superiores.
Como es bien sabido, Salazar firmó a muy tempranas horas de este lunes varias resoluciones que cancelaron la nueva licitación, anularon la declaración de “licitación desierta” y adjudicaron a Thomas Greg como contratista ganador de la licitación pasada.
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Pese a eso, el secretario general tomó todas esas decisiones sin contar con la opinión del canciller (e) Murillo ni el presidente Petro, quien ha insistido en que el contrato de casi medio billón de pesos no debe quedar a manos de “una compañía corrupta que ha monopolizado todos los datos de seguridad del país”.
Justo por eso, el jefe de Estado dijo que Salazar era un “traidor” y ordenó su retirada del cargo declarándolo insubsistente.
Después fue que Murillo salió a decir en un comunicado oficial que “el 23 de febrero se suspendió, y se mantiene suspendido, el proceso con el fin de evaluar las más de 550 observaciones de 19 interesados y definir condiciones de competencia y transparencia”, con lo que dejó claro que el Gobierno pretende no reconocer esa adjudicación y, en cambio, seguir con la licitación que estaba en curso.
