Luego de dos días de audiencia, el Juez 78 penal con funciones de control de garantías les dictó medida de aseguramiento intramural a los principales presuntos responsables del colapso del Fondo Premium Capital, en donde las víctimas tienen en veremos la salvación de 320.000 millones de pesos.
La medida cobija a Juan Carlos Ortiz Zárrate y Tomás Jaramillo Botero, socios gestores del Fondo Premium Capital; Claudia Patricia Aristizábal González, representante legal Rentafolio Bursátil y Financiero; Natalia Zúñiga Isaacs, representante legal de Valores Incorporados; Ricardo Martínez, representante valores incorporados; Rachid Maluf Raad, gerente Fondo Premium; Eric Alfast Andersen, director de Premium; Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez, deudor de empresas relacionadas con el referido fondo; y John Alexander Muñoz, representante legal Giteco S.A.S.
A ellos les fueron imputados los presuntos delitos de captación masiva y habitual de dinero, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, administración desleal, estafa y concierto para delinquir.
Ortiz, Jaramillo y Martínez aceptaron su responsabilidad en los delitos de manipulación fraudulenta de especies, estafa agravada y concierto para delinquir y negocian con la Fiscalía para lograr un principio de oportunidad por las faltas que no reconocieron. Por su parte, Juan Andrés Tirado, Claudia Aristizábal y Natalia Zúñiga negaron su responsabilidad en los hechos.
En la sustentación de su solicitud, la fiscal del caso, Alexandra Ladino, afirmó que “a los creadores del Fondo Premium, Juan Carlos Ortiz Zárrate y Tomás Jaramillo Botero, les fue confiado el buen manejo de 174 millones de dólares. Sin embargo, a espaldas de sus 1.200 clientes, llegaron a meter más de 110 millones de dólares en la especulación con la acción de Fabricato en 2012, el mismo hecho que terminó derrumbando al Grupo Interbolsa”.
En opinión de Ladino, “la justicia no puede ser solamente para los de ruana, y el material probatorio es suficiente para determinar que los sujetos realizaron actividades ilegales con dinero que les entregaban los socios del fondo”.
La solicitud de la Fiscalía de detención preventiva fue avalada por el representante de la Procuraduría General, dado el material probatorio allegado al proceso.
Los abogados defensores rechazaron la solicitud de la Fiscalía y la Procuradurpía, argumentando que sus defendidos han dado muestra de cumplirle a la justicia y responder por los daños causados.
Hasta el cierre de esta edición, aún el juez no resolvía la situación jurídica de Víctor Maldonado Rodríguez, quien salió en las últimas horas del país.
