En este caso, la decisión más reciente fue la de la Procuraduría General que en fallo de segunda instancia confirmó la destitución e inhabilidad general por 18 años al exmagistrado. Según la investigación, quedó probada la participación del togado en el denominado “cartel de la toga”, al recibir dinero a cambio de entorpecer y dilatar procesos entre 2015 y 2017.
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En el proceso se probó que el entonces servidor actuó de manera irregular y procedió de manera contraria a sus deberes funcionales. Por ejemplo, retardó sustanciaciones, tramitó aplazamientos de diligencias de pruebas y evitó que se tomaran decisiones en contra de los investigados.
“La conducta desplegada por el disciplinado transgredió el principio de moralidad de la función pública, al intervenir de forma ilícita en investigaciones penales como las que en su momento se adelantaron contra los excongresistas Argenis Velásquez Ramírez y Milton Córdoba Manyoma”, dice la Procuraduría.
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Durante el proceso, la defensa del exmagistrado había solicitado la nulidad de la sanción. Sin embargo, fue rechazada la petición y, en cambio, fue confirmada la totalidad de la sentencia proferida en primera instancia.