Narco Estado. Narco democracia. Estado fallido. Estos y otros calificativos de similar calibre inundaron los debates y redes sociales en Ecuador, luego del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia.
El crimen sucedió el pasado 9 de agosto, a 11 días de las elecciones, oscureciendo el panorama político en la nación vecina. Siete colombianos resultaron implicados como presuntos coautores materiales, aunque uno de ellos murió luego del intercambio de disparos con la escolta.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscalía de Ecuador expuso 22 pruebas que incluyen el cotejo del arsenal incautado a los sospechosos en sus viviendas, y las vainillas recuperadas en la escena del crimen, afuera de un coliseo de un colegio de Quito.
“El protocolo de autopsia indica que la víctima recibió disparos de larga distancia, mientras que el informe balístico determinó que las vainas calibre 2.23 coinciden con uno de los fusiles encontrados en los allanamientos, además de una huella dactilar encontrada en una moto abandonada por los ahora procesados”, reportó el ente acusador.
En los registros a las casas de los colombianos en los sectores de Monjas, Argelia Baja, San Bartolo, Gamaní y La Ecuatoriana, la Policía recopiló indicios que al parecer vinculan a los procesados con el crimen organizado.
“Se tiene como evidencia del inmueble allanado en Monjas, un vehículo reportado como robado en el cual se encontró una maleta que contenía fusiles, una subametralladora, cuatro pistolas, tres granadas, cuatro cajas de municiones (384 cartuchos) y dos cargadores de fusil. También se encontraron dos motos”, expuso la Fiscalía, advirtiéndole al juez “el alto riesgo de fuga que podría ocasionar el dejarlos en libertad”.
Por esa razón, les impusieron la detención carcelaria a Adey Fernando García García, Jules Osmín Castaño Alzate, Andrés Manuel Mosquera Ortiz, Jhon Gregore Rodríguez, José Neider López Hitas y Camilo Andrés Romero Reyes.
La investigación no ha determinado a qué grupo pertenecen. Extraoficialmente se ha rumorado que fueron contratados por “los Lobos”, una banda local, pero la organización lo negó en un video.
Tampoco se sabe quién ordenó la muerte, aunque el presidente Guillermo Lasso dijo que fue “un crimen político”.
Señalamientos de la viuda
La viuda Verónica Sarauz arremetió contra el movimiento político del expresidente Rafael Correa, y contra la senadora Piedad Córdoba, a quienes su difunto esposo investigó por asuntos de corrupción.
En una entrevista con Blu Radio, manifestó: “Lo voy a decir de forma muy clara: el correísmo. El correísmo tiene vínculos con las bandas delictivas de este país. Bandas que se han tomado provincias enteras. No solo Fernando declaró la guerra a políticos corruptos de este país, también tuvo problemas con Piedad Córdoba en Colombia. Piedad Córdoba también amenazó a mi esposo que lo iba a desaparecer”.
Agregó que la congresista “fue una de las personas que Fernando denunció por temas de corrupción y ella amenazó a mi esposo, de su integridad, de su vida y, bueno, tenemos este desenlace en Ecuador”.
En enero de 2022, cuando Villavicencio era asambleísta, le entregó al entonces presidente Iván Duque, un informe elaborado por la Asamblea de Ecuador acerca de los tentáculos en Suramérica de Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro. Allí señaló a Córdoba como cómplice del entramado.
Ella le respondió en un artículo de Semana, alegando que era un montaje en su contra. “Ese tipo Villavicencio que se tenga de las orejas, porque que me lo clavo, me lo clavo. Voy a denunciar y me llevo por delante a quien sea, voy con toda”, profirió Córdoba.
La congresista, tras lamentar el homicidio, se pronunció sobre los señalamientos: “Las muchas diferencias con el candidato, no deben ser interpretadas como una amenaza, porque no lo fueron. Simplemente fue una defensa ante ataques que él, con el entonces gobierno colombiano, fraguaron para mi desprestigio político”.
Criticó a la prensa por mencionarla en este caso, y añadió: “Pregunto a los medios y a la señora Sarauz. ¿Dónde está la amenaza?”.
Violencia rampante
Ecuador padece el azote del crimen organizado en los últimos 10 años, en un proceso paulatino de deterioro de la seguridad que las autoridades han fracasado en frenar.
Uno de los hechos que denunció el propio Villavicencio como detonante de la situación, fue la salida de las tropas de EE.UU. y la DEA de la base de Manta, en 2009, durante el mandato de Rafael Correa.
Desde entonces, un país que era usado por el crimen organizado transnacional como una mera plataforma de exportación de la cocaína, se convirtió en una central de negocios que atrajo a carteles de México, Italia, España, Colombia y los Balcanes. Esto creó un caldo de cultivo para el crecimiento de bandas locales que sacan provecho de sus patrocinios, como “los Choneros”, “los Lobos”, “las Águilas”, “los Chone Killers” y “los Tiguerones”, entre otros.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Daniel Pontón Cevallos, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, estimó que “es un proceso acumulativo, como el que ha vivido Colombia años atrás, que parte de sumar unas políticas estatales de seguridad poco efectivas, y un crecimiento desbordado del narcotráfico”.
Según datos policiales, entre 2019 y 2022 la tasa de homicidio subió de 6,9 a 25,6 por cada 100.000 habitantes, un incremento superior al 300%.
“El auge del crimen tiene relación con la incapacidad de la justicia para procesarlo, hay un alto índice de impunidad y fracasó la política carcelaria”, recalcó Pontón.
Las cárceles son fortines de las bandas, desde donde dirigen sus operaciones, y también escenarios de la más cruda violencia. Entre 2021 y 2022 hubo más de 400 presos asesinados. El caso más reciente fue en la prisión de Guayaquil, el pasado 23 de julio, cuando un motín dejó 31 muertos.
También conversamos con Evan Ellis, profesor de Investigación para América Latina del Colegio de Guerra del Ejército de EE.UU., quien explicó que la principal generadora de muertes es la disputa de “los Choneros” contra “los Lobos” por el control de las rutas de narcotráfico, con el auspicio de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Además, “las fuerzas armadas y agencias de seguridad no han recibido los recursos necesarios por parte del Estado, al punto de que hoy el problema supera su capacidad”, adujo.
Sobre Villavicencio, Ellis comentó que él había cosechado muchos enemigos, tanto de la clase política como del narcotráfico, por lo que es difícil saber de dónde provino la orden de aniquilarlo.
El uso de sicarios colombiano no es nuevo en los magnicidios de Ecuador. El 17 de febrero de 1999 acribillaron al primer congresista afrodescendiente que tuvo ese país, y también candidato presidencial, Jaime Hurtado González.
De acuerdo con Pontón, “la industria del sicariato en Colombia es muy especializada”. Esto parece confirmarse con otros magnicidios en los que mafias extranjeras contratan a personas de esta nacionalidad, como los del presidente de Haití, Jovenel Moïse (2021), y el fiscal paraguayo, Marcelo Pecci (2022).
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LA BANDA MÁS PELIGROSA DE ECUADOR
“Los Choneros” son la organización criminal más peligrosa de Ecuador, según los expertos. Surgió en el año 2000 en la ciudad de Chone, en la provincia de Manabí, como una banda de delincuencia común.
En 2009, gracias al patrocinio de los carteles internacionales del narcotráfico, se transformó en una poderosa estructura con tentáculos nacionales y redes de corrupción en la Fuerza Pública, la justicia y la clase política. La mayoría de sus líderes rigen desde las cárceles.
Por divisiones internas en la organización, surgieron sus principales facciones enemigas: “los Lobos” y los “Chone Killers”, que le disputan los negocios ilícitos.
