La investigación a la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), avanza con rapidez. La Fiscalía ya radicó el escrito de acusación ante un juzgado de conocimiento y se programó una audiencia pública para el 6 de marzo, donde la exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro será formalmente acusada de lavado de activos y tráfico de influencias.
Las 12 páginas del escrito de acusación, conocido por EL COLOMBIANO, detallan la supuesta participación de Ortiz en la empresa criminal que saqueó recursos de la Nación a través de contratos amañados de la UNGRD.
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Confirma que Ortiz actuó por órdenes de Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, quien le delegó funciones de intermediaria, mensajera y encargada de logística entre funcionarios de la UNGRD y políticos como el senador Iván Name.
“Carlos Ramón le indicó a Sandra Ortiz que era necesario presentar a Iván Name con Olmedo López para lo cual debía organizar un desayuno con el fin de generar confianza, siendo tal su influencia que ese hecho se materializó, pues Olmedo López asistió al desayuno por ella programado”, se lee en el documento de la Fiscalía.
En el caso del senador Iván Name, se detalla que recibió $3.000 millones en dos entregas de $1.500 millones cada una. El dinero le fue entregado por Sandra Ortiz en su lujoso apartamento al norte de Bogotá.
“Los 1.500 millones de pesos entregados por Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron transportados por Sandra Ortiz hasta el edificio Basell I, y allí entregados al entonces Presidente del Senado Iván Leonidas Name Vásquez, donde es propietario del apartamento 802”, detalla la investigación.
Agrega que al día siguiente, en el mismo lugar, Ortiz entregó los otros $1.500 millones. El soborno buscaba que el senador, en su rol de presidente del Senado, influyera a favor del Gobierno en sus reformas.
De acuerdo con el escrito de acusación, las tulas con el dinero fueron transportadas en los vehículos de seguridd asignados a Sandra Ortiz en su calidad de funcionaria del Gobierno.
“Para el transporte de los dineros realizados el 12 y 13 de octubre de 2023, fueron utilizados los vehículos asignados para la seguridad de Sandra Ortiz por la Unidad Nacional de Protección y el DAPRE, esto es, las camionetas de placas JVV - 973, KGF - 361 y OBG - 165”, detalla el documento.
Los testimonios de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, agregan que Name habría usado el dinero del soborno para financiar la campaña al Concejo de Bogotá de su hija, María Clara Name.
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Sobre el papel de Ortiz en la empresa criminal, el escrito de acusación enfatiza en que actuó con dolo, es decir, con plena conciencia de la ilegalidad de sus actos. Ortiz, quien pasó de ser una influyente política boyacense con estrechos lazos en el Gobierno a estar presa en una cárcel de Bogotá, enfrenta serias acusaciones de corrupción “porque así quiso hacerlo”, según la Fiscalía.
“Al momento de los hechos, Sandra Liliana Ortiz, tenía plena capacidad de comprender que sus conductas contrariaban el ordenamiento jurídico, pues era mayor de edad, profesional con experiencia en el sector público y no sufría de alguna enfermedad mental que le impidiera comprender que sus conductas transgredían el ordenamiento jurídico penal”, se lee en el documento.
En cambio, agrega: “Tenía capacidad de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión y pese a ello, actuó de manera libre, consciente, voluntaria y sin coacción alguna en el desarrollo de sus conductasviolalorias de la ley penal”.
El escrito de acusación también revela que, inicialmente, el soborno para los congresistas Iván Name y Andrés Calle, entonces presidentes del Congreso, estaba representado en contratos por $70.000 millones: $60.000 millones para Name y $10.000 millones para Calle. Sin embargo, ante la urgencia con la que los parlamentarios exigían el dinero, la oferta ilegal cambió y finalmente recibieron $4.000 millones en efectivo.
Para concretar la entrega, los funcionarios corruptos recurrieron a un prestamista, ya que el Gobierno aún no había desembolsado los fondos de los contratos destinados al saqueo.
Antes de que se concretara la entrega del dinero. Existió un encuentro previo entre Ortiz, López y Name. Al respecto, la investigación reveló que siguiendo órdenes de Carlos Ramón, Sandra Ortiz presentó a Olmedo López, de la UNGRD, e Iván Name en un desayuno en la habitación 2312 del Tequendama Suites, donde Ortiz residía. En el encuentro, López y Name no solo se conocieron, sino que también habrían reforzado su vínculo ilegal.
En ese desayuno se habló de las coimas y de la adición en $11.000 millones de un contrato de obra en el Atlántico firmado por la UNGRD y en el cual Name tenía interés, según el ente acusador.
Para la Fiscalía Sandra Ortiz abusó de su influencia y de su cercanía con el senador Iván Name, con quien tenía una relación cercana de amistad, para cometer conductas ilegales.
“Ejerció influencias indebidas producto de su importante cargo de Consejera Presidencial para las Regiones adscrito al Dapre, sobre el director de la UNGRD Olmedo López, influencias con las cuales, transgredió los parámetros de comportamiento que le exigían anteponer el interés general sobre el particular y ceñir su conducta a los principios rectores de la función pública”, se lee en el escrito de acusación.
Por sus presuntas acciones ilegales, la Fiscalía pedirá a un juez que imponga a la exfuncionaria una pena superior a 10 años de prisión.
