El Cauca ha sido un territorio en disputa y la sangre no para de correr por cuenta de la producción y tráfico de droga. Prueba de ello son las dos masacres registradas esta semana. Son 10 muertos en dos días.
Los responsables, de acuerdo con los informes del gobierno y el cartel de los más buscados, recae sobre nueve disidentes de la Farc, y la presencia de carteles mexicanos, quienes tienen atemorizados a los pobladores.
EL COLOMBIANO les muestra los rostros y alias de los disidentes identificados (ver fotos), quienes se diputan el control territorial para mantener vivo el tráfico de droga. En el Cauca hay 17.117 hectáreas cultivadas de coca (tercero con más cultivos, seguido de Nariño y Norte de Santander), según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Aunque el problema también se enfoca en la marihuana, la Dirección Antinarcóticos aseguró que no tienen cifras precisas de este ilícito. No obstante, líderes de los cultivadores de marihuana en esta zona, señalaron que son alrededor de 5.000 hectáreas.
Por ellos ofrecen hasta $1.000 millones de recompensa por su captura, pero el Ministerio de Defensa indicó que la aumentará, pero “espera la disponibilidad presupuestal”.
¿Qué pasa?
El año pasado, según el informe Forensis, publicado por Medicina Legal, en el Cauca hubo 531 homicidios, 228 más que en 2017, cuando fueron 303. La conclusión: el fenómeno nunca ha estado quieto y se ha avivado luego de la firma del Acuerdo de paz.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) se cuestiona si tiene que ver con incapacidad del Estado o con la imposición de un modelo de despojo territorial. A esto responde que es evidente que los están matando, lo que conduce a “un genocidio, pues están contando como objetivo militar a nuestras autoridades”.
La respuesta se vio en una visita del presidente Iván Duque el pasado miércoles, pero, 24 horas después de anunciar que enviará a 2.500 militares, los ilegales mataron a cinco personas más. Frente a esto, el Cric aseguró que las propuestas del Gobierno tienen que ver más con “con la inmersión es las comunidades en una estrategia de guerra y no con las garantías para la vida”.
¿Y la respuesta?
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, estuvo ayer en Corinto y Popayán con la cúpula militar, respondiendo a la orden presidencial. Señaló que, tras reunirse con autoridades locales, tomarán decisiones para “la protección de las comunidades”.
Ante la pregunta sobre la carnetización de habitantes que presuntamente hacen los disidentes en el corregimiento El Plateado, dijo desconocer la denuncia y que las autoridades locales deben responder.
El doctor en Sociología de la U. del Rosario, Carlos Charry, señaló que la situación del Cauca es similar a la que se vive en El Catatumbo, Norte de Santander, pues convergen distintos grupos ilegales por un mismo objetivo: las finanzas del narcotráfico. “De este modo, ante el intento de algunas organizaciones narcotraficantes de establecerse en el territorio, y de la reincursión de antiguas, pero minoritarias organizaciones de disidentes, se ha dado la disputa”.
Charry planteó que la respuesta militar no es lo único que se necesita, pues, paradójicamente, “las protestas agenciadas por los indígenas, desde el año pasado, reclamaban mayor presencia del Estado y el cumplimiento de los Acuerdos”, algo que, a su juicio, sigue ausente.
