Las autoridades anunciaron recompensas de hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a la captura de tres de los cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que azotan a la región del Catatumbo.
Se trata de Robinson Navarro Flórez, alias Alfred; Óscar Emiro Pérez Álvarez, “Arbey”; y Leonel Salazar Roa, alias Gonzalo Satélite, quienes han sido señalados por la Policía como responsables de generar zozobra en la zona, promoviendo desplazamientos masivos y afectando gravemente la seguridad de los habitantes.
En un comunicado oficial, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional divulgaron la lista de los criminales más buscados en esta región, ofreciendo además recompensas de hasta 100 millones de pesos por otros miembros del ELN.
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Entre los señalados figuran Diego Fernando Coronel, alias Caballo de Guerra; Sneider Segundo Pallares Toro, alias Mocho Giovanny; José del Carmen Avendaño Guerrero, alias Rumbala; José Antonio Vargas Esteban, alias Diego; Wilmar Antonio Salazar López, alias Yimi; y Luz Amanda Pallares Pallares, alias Silvana Guerrero.
Estos individuos son buscados por delitos relacionados con el terrorismo, narcotráfico, secuestros y homicidios selectivos, acciones que han convertido a la región del Catatumbo en uno de los focos más críticos de violencia en el país.
Grave crisis humanitaria en Catatumbo
El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) expresó este viernes su profunda preocupación por la situación que atraviesan cerca de 80.000 personas en la región del Catatumbo, debido al aumento del conflicto armado desde hace casi un mes, tras los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.
Según la oenegé internacional, la violencia en la zona ha forzado a miles de personas a huir de sus hogares, mientras los desplazados enfrentan graves amenazas y necesidades humanitarias urgentes.
Asimismo, destacó que las comunidades atrapadas en el fuego cruzado de grupos armados organizados necesitan con urgencia protección y acceso a asistencia humanitaria.
Giovanni Rizzo, director del NRC en Colombia, señaló que el país no puede permitir que esta situación se convierta en la nueva normalidad.
“Colombia no puede aceptar esta situación como la nueva normalidad. La urgente y amplia protección de los civiles, en Catatumbo y en todo el país, debe ser priorizada por el gobierno”, afirmó Rizzo.
En los primeros 30 días de conflicto, el número de desplazados en Catatumbo ya supera la cifra total de desplazados en circunstancias similares en todo el país durante el año 2024.
Según el último balance del Puesto de Mando Unificado (PMU) de la Gobernación de Norte de Santander, con fecha del 8 de febrero, se han registrado 56 homicidios, de los cuales cinco corresponden a firmantes de paz, dos a líderes sociales, 44 a civiles y cinco a menores de edad.
El informe también reportó más de 54.098 personas desplazadas. Los principales municipios receptores son Cúcuta, con 24.976 desplazados; Ocaña, con 10.228; y Tibú, con 13.373. Además, se registran 32.448 personas en situación de confinamiento.
El NRC subrayó que la crisis humanitaria en Catatumbo es la peor que se ha experimentado en Colombia en casi tres décadas y señaló que esta situación requiere un esfuerzo internacional más grande.
“No hemos visto una crisis humanitaria de esta magnitud en Colombia en casi 30 años. La reciente declaración del gobierno sobre un ‘estado de conmoción interior’ deja claro que esta crisis en escalada requiere una solidaridad internacional adicional”, afirmó.
Rizzo enfatizó que la situación podría empeorar si no se toman medidas inmediatas. “No podemos permitir que esto suceda. Cualquier nueva escalada desataría un sufrimiento inmenso, destruiría comunidades y extinguiría las esperanzas de un futuro mejor”, concluyó.
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