Un llamativo mensaje en el teléfono del canciller Álvaro Leya que ofrecía información confidencial sobre la empresa Thomas Greg & Sons, la misma del lío por la licitación de pasaportes, terminó en un caso de extorsión que fue denunciado por el propio funcionario y ahora está en manos de las autoridades.
El caso quedó documentado en una serie de largos chats, los cuales fueron publicados por la revista Semana, en los que se le exigieron a Leyva dos grandes sumas de dinero.
Todo empezó en enero de este año, cuando alguien que se identificó como Edwar Soto le escribió a Leyva desde un número de Estados Unidos para decirle que había trabajado por 17 años con Camilo Bautista, uno de los dueños de Thomas Greg y que tenía información de supuestos movimientos secretos de la empresa. Según cuenta la revista, el canciller conversó por más de cuatro semanas con Soto antes de que este le pidiera “una compensación económica” a cambio de los datos. En el intercambio de mensajes, el canciller, que ya había puesto la denuncia del caso en manos de la Fiscalía, le dijo que “nunca había dado dinero por información”.
La suma exigida fue de 30 millones de pesos y Soto se comprometía a entregar un “dispositivo” cargado con chats e información. Entonces tratando de mantener el contacto con el delincuente para hacerlo pensar que había caído en su trampa, el canciller le envía un mensaje. “Es importante para mí. Consigo algo. Le propongo esta tarde. Espero esté de acuerdo. Todo confidencial”, le escribió Leyva, lo que generó una respuesta emocionada de su interlocutor. “Totalmente de acuerdo, Sr. canciller. Mi palabra es oro. Y la tiene totalmente. Es una comunicación privada entre ud. y yo. Nada de esto se tendrá que filtrar. Quedo muy atento a su oferta”, respondió el tal Soto.
Así que después de varios días de una especie de negociación fingida por Leyva y en coordinación con las autoridades el canciller decide confirmar al estafador el pago millonario “proveniente de gastos reservados del Estado”, el cual se hizo en una sucursal de Bancolombia en el norte de Bogotá, a una cuenta suministrada por el hombre.
Pero, Soto no cumplió con el envío de la tal información a los correos suministrados por Leyva, así que, ante los reclamos, el estafador empezó a sacar excusas. “Lo único que le digo es que esa empresa está que arde. Ha surgido información nueva. Ya le comentaré por el correo, téngame paciencia. No se preocupe, igual ya eso se fue. Téngame paciencia, ya hago en un momento eso. Lo que pasa es que me toca ir a la computadora y tengo muchos ojos encima”; escribió el estafador a Leyva tratando de ganar tiempo.
Después de algunos días, la persona cambia el discurso y le dice a Leyva que ya había enviado todo que revisara bien. Y en ese punto la historia da otro giro, porque el canciller recibió un nuevo correo en el que la persona le exigía ahora 50 millones de pesos para no revelar las conversaciones anteriores. “La situación breve y contundente es que es un delito gravísimo que se llama soborno y en los funcionarios públicos es aún más grave”, escribió y lo amenazó con divulgar que había pagado antes 30 millones de pesos.
“Quedo atento a tu respuesta para pasarte una nueva cuenta bancaria y depositar el dinero acordado para evitar que ahora sean tus chats y tu información escandalosa la que salga a la luz pública”, amenazó al canciller. Lo que no sabía el estafador era que desde el comienzo las autoridades estaban al tanto del caso y le venían rastreando los movimientos.
