De las 154.475 hectáreas de coca detectadas en el último Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU, el Gobierno no podrá fumigar con glifosato el 47 %, por lo que se quedaría sin asperjar por vía aérea casi la mitad de lo sembrado.
La razón es que, según la ley, no se pueden vaporizar con este químico las zonas de reserva forestal y parques naturales, en las que se concentran el 18 % y 4 % de las matas, respectivamente; ni los territorios de las comunidades negras (16 %) ni resguardos indígenas (9 %) sin consulta previa, que suman en total 73.423 hta sembradas.
Así lo reiteró la Casa de Nariño el pasado 12 de abril, cuando emitió el Decreto 380 de 2021, “por el cual se regula el control de riesgos para la salud y el medio ambiente en la erradicación de cultivos ilícitos con aspersión aérea”. El artículo 2.2.2.7.2.1. de la norma, indica: “El Consejo Nacional de Estupefacientes, al disponer la destrucción de cultivos ilícitos con aspersión aérea (...), debe excluir las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y los Parques Naturales Regionales, los ecosistemas como páramos, humedales y manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados”.
Áreas restringidas
De acuerdo con el monitoreo de la Oficina contra la Droga y el Crimen de la ONU (Unodc), las Zonas Forestales Protectoras (definidas en la Ley 2 de 1959) concentran 27.760 hectáreas de coca, sobre todo en Norte de Santander, Bolívar y Nariño.
Los Parques Naturales albergan 6.785 hectáreas. De los 59 parques que hay en el país, 14 tienen afectación por estos sembrados. Los más golpeados son el Catatumbo Barí en Norte de Santander (1.448 hta), y el Nukak en Guaviare (1.066 hta).
En los resguardos indígenas, en 161 se detectaron cultivos ilícitos, que comprenden 14.022 hectáreas. La mayoría están en Inda Zabaleta (1.342,65 hta) y Gran Rosario (1.300,64 hta), ambos ubicados en Nariño.
En ese departamento también están las dos comunidades afro con más coca, Pro-Defensa del Río Tapaje (3.807 ha) y Alto Mira Frontera (2.485 ha). Según el monitoreo, son 102 las tierras de negritudes con estos cultivos, que suman 24.856 hta.
Con estas limitaciones, y en las regiones más críticas de Colombia, ¿si es viable invertir esfuerzos en un nuevo plan para fumigar con glifosato?
Erich Saumeth, consultor en seguridad, opinó que la medida es necesaria “porque a pesar de que esta suspensión (2015) trajo beneficios para lograr el acuerdo de paz con las Farc, también está fuera de discusión que el acelerado aumento del cultivo, y por tanto del tráfico ilegal, generó consecuencias que vienen afectando la seguridad”.
Entre ellas están el empoderamiento económico de las disidencias de las Farc y otros criminales, y el aumento del consumo de drogas, “estimándose que de cada cinco toneladas producidas, una se deja para consumo interno (190 anuales), a precios asequibles para los sectores más deprimidos, generando dinámicas que afectan las familias y la convivencia ciudadana”, precisó.
En una reciente entrevista con EL COLOMBIANO (abril 23/21), el académico Santiago Tobón, director del Centro de Investigaciones Económicas de Eafit, propuso otra salida: “Para reducir los cultivos ilícitos es más efectivo formalizar la tierra en vez de fumigarla”.
Añadió que “la formalización incentiva al campesino en dos direcciones: con el título formal puede acceder fácil a créditos, así aumenta su capacidad de inversión en agricultura legal; y por otro lado, lo vuelve responsable penalmente si hay cultivos ilegales en el predio. Si hay más hectáreas formalizadas en un municipio, hay menos hectáreas de coca, es un patrón que se ve en todo el país”.
Buscando la confianza
Respecto a los pueblos indígenas y afrodescendientes, en el mismo artículo del decreto gubernamental, el parágrafo 2 plantea una posible solución para los sitios que no se pueden asperjar: “(...) Cuando la aspersión aérea afecte a comunidades étnicas, debe adelantarse una consulta previa”.
Aquí habría que superar la desconfianza, pues son frecuentes los choques entre cultivadores y la Fuerza Pública, que incluso terminan con uniformados retenidos, al ser sorprendidos en la erradicación.
William Muñoz, director de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, comentó que “por lo vivido en épocas pasadas, no confiamos en que el Gobierno no fumigue esas áreas con restricciones, ya han afectado Parques Naturales”.
Para él, lo ideal es una concertación que incluya la prometida pavimentación de vías terciarias, pues para los sembradores es costoso sacar sus productos legales a los mercados urbanos, sobre todo para quienes habitan veredas a más de cinco horas del pueblo.
Este diario buscó una versión oficial del Gobierno sobre estos asuntos. La Presidencia delegó el requerimiento en MinDefensa, y este a su vez en la Dirección Antinarcóticos de la Policía, cuya respuesta no fue posible al cierre de esta edición.
Sin embargo, fuentes ministeriales contaron que iniciarán la aspersión aérea en el segundo semestre de 2021, pues “falta afinar temas logísticos”.
Agregaron que en los puntos que no puedan fumigar, continuarán con erradicación manual forzosa y el Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Las cifras del programa (con corte al 2020) indican que se han erradicado 43.711 hta de forma voluntaria, con 99.097 familias inscritas, de las que 67.665 tuvieron asistencia técnica y 64.276 seguridad alimentaria.
Muñoz dijo que, aunque el PNIS es una buena alternativa, se ha entorpecido porque no a todas las familias les llega a tiempo el subsidio, “y la gente, para no morirse de hambre, ha tenido que volver a sembrar coca. Así es difícil cumplir cualquier compromiso”.
